Turismo Rural denunciará este lunes a 300 pisos turísticos «ilegales»

Asegura que en julio los negocios de turismo rural han perdido un 30% de negocio por culpa de este fenómeno de pisos «que están jugando con ventaja porque se benefician de una actividad económica sin estar obligados a cumplir los requisitos mínimos que nos exigen al resto que nos dedicamos a esto», afirma Blanco.

En Cantabria existen unos 10.000 inmuebles que obtienen rentabilidad con este negocio en auge «y solo el 16% están legales», cuenta Javier Bedia, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria. «Evidentemente hay que hacer algo para remediarlo», añade.

Turismo Rural puso este verano a trabajar a una persona para sondear en la red e identificar todos los pisos turísticos que se anuncian en las zonas rurales de la región. «Luego hemos ido cotejando esos anuncios con el listado de los que están registrados y son legales, y al final hemos detectado 300 que no figuran en ningún lado y que están en esta actividad de manera ilegal», argumenta Blanco. Ese documento se presentará este próximo lunes, día 4, en la sede de la Consejería de Turismo, que es la competente para sancionar esta actividad ilícita.

El representante de los empresarios de turismo rural defiende «la necesidad de preservar nuestros negocios». Dice que no es un acto de «caciquismo». «Todo propietario tiene que tener derecho a sacar un rendimiento a su propiedad. Faltaría más. No estamos defendiendo que no se pueda hacer. Lo que defendemos es que, o estamos todos obligados a cumplir una serie de requisitos, o no lo estamos ninguno», sentencia.

¿Cuáles son esos requisitos? «Legalizar la vivienda para alquiler turístico no es tan complicado. La legislación es muy laxa y todo el mundo puede hacerlo de manera fácil y rápida. Piden, básicamente, estar registrados, tener un extintor y poco más. ¿Por qué no lo hacen?», pregunta Blanco.

Todos esperan a que se haga realidad la promesa de la consejera Eva Fernández para crear una mesa de trabajo que termine en una regulación más eficaz. «Pero entre tanto estamos cogidos de pies y manos», protesta Bedia.

Todos piensan ya en las propuestas que esgrimirán en la hipotética mesa de trabajo para redactar la futura ley que regule estos inmuebles. En la Asociación de Hostelería, Bedia destaca la que considera fundamental. «Tendrían que decidir los propios vecinos de la comunidad», afirma. «Debería otorgarse a las comunidades de vecinos la capacidad de dar o no permiso a que un propietario pueda alquilar su piso en este régimen, porque parece claro que en muchas ocasiones es la propia comunidad la que sufre esto», cuenta.

Luego habla de otra serie de requisitos. «Deberían obligar a todos estos propietarios a tener un registro de visitantes, que es lo que hacemos los demás y que se envía regularmente a la Policía. Y también sería lógico que estuvieran obligados a darse de alta en Hacienda», concreta el representante de los hosteleros.

Son todas reivindicaciones que ya esgrimieron los profesionales del sector en el pasado, justo antes de que se publicara el documento que hoy regula los pisos turísticos, y que consideran «incompleto». El presidente de la Asociación de Turismo Rural recuerda aquellas primeras conversaciones: «Anunciamos que se produciría una serie de consecuencias que han sucedido», recuerda Blanco. «Dijimos que ya nadie regularizaría su situación para establecerse como empresario de turismo rural, que este fenómeno causaría un daño tremendo a los que lo hacemos legal, que se perderían impuestos y que se dañaría al turismo. Todo ha sucedido. Así que nos vemos obligados a tomar medidas».