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«Quien quiera dedicarse al turismo debe tener las mismas obligaciones que los demás, todos iguales». Con esta frase resumió Jesús Blanco, presidente de la ... Asociación de Turismo Rural el contenido de las alegaciones que han presentado al borrador del decreto para regular las viviendas turísticas elaborado por el Gobierno.
Para Blanco, el trabajo desarrollado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte «constituye un conjunto de vaguedades e indefiniciones para salir del paso» que «en ningún caso se trata de una propuesta normativa seria». «Parece que la Administración cántabra es temerosa de establecer las mismas condiciones regulatorias a los titulares de las viviendas de uso turístico que las que exige al resto de agentes que actuamos en el sector turístico en Cantabria».
Las alegaciones que plantean tienen como objetivo «garantizar la competencia leal y veraz», empezando por equiparar los requisitos de infraestructuras y equipamiento entre las viviendas de uso turístico y las viviendas rurales, un sector, este último, que se siente directa y especialmente amenazado por la irrupción en de aquellas en el mercado del turismo. La Asociación de Turismo Rural considera, además, que deben cumplir con una serie de medidas antiincendios «que vayan más allá de la simple instalación de un extintor», y que estén sujetas a inspecciones sanitarias. Piden también que, en caso de ser consideradas empresas turísticas, su titular esté dado de alta en la Seguridad Social.
Defienden que el Gobierno «tiene competencias» para regular la actividad turística y «debe ejercerlas», limitando el número de alojamientos en determinadas zonas, unas restricciones que también deberían poder implantar los municipios.
En sus alegaciones, proponen establecer limitaciones temporales en cuanto a la duración de las estancias y también en cuanto al número de viviendas turísticas que pueda explotar un titular. Turismo Rural reclama, por otro lado, la obligatoriedad de que los pisos turísticos se alquilen íntegramente, y no por habitaciones, y que se determine su capacidad máxima. En cuanto a los permisos, creen necesario que se exija el consentimiento expreso de las comunidades de propietarios para desarrollar la actividad, incluso en el caso de que la vivienda ya esté funcionando como alojamiento turístico.
Por último, piden un aumento de la plantilla de inspectores, mayor control en el funcionamiento de una posible vivienda turística mediante declaraciones responsables, y la suspensión de las licencias de actividad hasta que no se subsanen los incumplimientos detectados.
Jesús Blanco no ahorra descalificaciones para el borrador del decreto para regular la actividad de las viviendas turísticas tal y como está redactado, «un atentado a la planificación turística, que perjudica la capacidad de carga de los municipios, lesiona gravemente la competitividad de nuestras empresas, rozándose el esperpento, al ceder la Administración turística sus facultades de policía en las comunidades de propietarios, como único filtro de los estándares de calidad en la apertura de un alojamiento. En síntesis, un agravio comparativo para un sector, el del turismo rural, al que se aboca inexorablemente a desaparecer».
Cumplido el plazo de presentación de alegaciones, también el PSOE ha solicitado que se efectúen modificaciones al borrador de decreto, con las que intenta, como destacó su secretario general, Pablo Zuloaga, «garantizar la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, creando la figura de las zonas de especial protección en el ámbito turístico», y buscar «la sostenibilidad en el plano social», con el objetivo de que «se garantice el cumplimiento de la Ley de Vivienda del Estado», a la vez que se plantea «el incremento de las penalizaciones, así como el reforzamiento del papel de la inspección, que es lo único con lo que Cantabria puede hacer frente al boom de la vivienda de uso turístico».
Delimitar las zonas tensionadas, exigir un permiso vecinal a quienes desarrollen esta actividad y actuar contra la «competencia desleal» que suponen las vivienas turísticas, gravándolas con impuestos, son las medidas que, por su parte, ha propuesto Podemos, como explicó su coordinadora en la región, Mercedes González.
También Izquierda Unida ha realizado aportaciones, entre las que se incluye la apertura de un período extraordinario de inspección de todas las viviendas que se estén ofreciendo, así como una moratoria a la concesión de nuevas licencias, la aprobación de una tasa para la financiación de los costes de los servicios y que se excluya de su gestión a las personas jurídicas, esto es, empresas y sociedades, como indicó su coordinador en Cantabria, Israel Ruiz Salmón.
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Ana del Castillo
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