Turismo Rural inicia una campaña de denuncias de alojamientos ilegales

El portavoz del sector resume lo sucedido. Cuenta que en septiembre del pasado año se reunieron con los representantes del Gobierno. «La Consejería anunció que la regulación era una prioridad». Hablaron de tener listo un nuevo decreto para el verano. «Pero pasó el otoño y el invierno y nada». Hasta que se abrió un periodo para presentar propuestas. Ellos -y otros colectivos y partidos- lo hicieron. Pero siguen a la espera de un borrador. Y tampoco saben qué ha pasado con sus trescientas denuncias -ayer Cantur confirmó a El Diario Montañés que se han materializado en dieciocho expedientes sancionadores-. «No sabemos si ha servido para algo o no, porque no nos lo han dicho. Pero, como no hay novedad después de un año, volvemos a la carga. Hemos empezado el 13 de junio con la campaña de rastreo porque no hay novedad. Bueno, sí. Que este año hay más», insiste Blanco. «Es que no sé que otra cosa podemos hacer con esto», añade.

Desde Turismo Rural ponen como ejemplo las medidas que ya se toman en «otros destinos» (citan lo que se acaba de anunciar en Barcelona). «Igual allí el problema es mayor, pero está claro que aquí también es un problema». Blanco detalla el procedimiento. Rastrear, mirar en el listado y anotar. Con un problema. «Porque puede ser que alguno no esté en el registro, pero que haya presentado la declaración responsable y el registro esté en trámitación, lo que les permite evitar una sanción. Pero a esos datos no tenemos acceso. Para no liar más a la Administración y ser más precisos con las denuncias, estaría bien tener acceso a ese listado».

¿Y qué piensan del anuncio de Buruaga en el debate sobre el estado de la región? La presidenta dijo que habrá un borrador de decreto pronto y que ofrecerán a los ayuntamientos la posibilidad de limitar a plantas bajas y primeros pisos las viviendas de uso turístico. Blanco no está muy satisfecho: «La opción de autorizarlos en el primer piso no cambia la situación actual. Una vez que se utiliza el portal y las zonas comunes, la problemática es similar». A su juicio, toca ir más lejos. «El mercado requiere una moratoria en la autorización de licencias hasta que se clarifiquen y consesúen las medidas correctoras» (una medida que IU/Podemos llevó ayer al Pleno de Santander).