Turismo Rural presenta más de 500 denuncias contra alojamientos ilegales

¿A qué se debe este incremento? Jesús Blanco, presidente de la asociación, habla de dos motivos. El primero es que continúa aumentando la oferta de viviendas turísticas ilegales en la comunidad autónoma. «Está toda Cantabria inundada de ellas», lamenta. La otra causa es que desde su colectivo también han duplicado esfuerzos en la búsqueda. Más horas de trabajo -añadido al propio de su oficio- delante de una pantalla de ordenador a la caza de anuncios sospechosos.

Lo que hacen es cotejar el registro oficial de empresas turísticas de Cantabria con los anuncios de las principales páginas web especializadas. Además, cada denuncia debe ir acompañada de un mínimo de documentación. Siempre el pantallazo de la publicidad y, si es posible, más datos que puedan servir para apoyar el expediente. De los 524 posibles casos, una parte importante corresponde a Santander. También destacan localidades como Somo (Ribamontán al Mar) y Noja. «El reparto por el territorio es proporcional a la demanda. Los lugares más turísticos son aquellos en los que hemos detectado más viviendas con apariencia de ser ilegales», cuenta Blanco.

La Asociación de Turismo Rural comenzó la campaña el 13 de junio y la cerró la pasada semana con el traslado de la Dirección General de Turismo. Hacen esa labor, pero después no pueden hacer seguimiento de los casos porque la administración regional no les proporciona más información. No saben cuántas denuncias se analizan en profundidad ni los motivos que llevan a los inspectores a iniciar el expediente sancionador contra unas viviendas y no contra otras. Blanco recuerda que, en el pasado, cuando el número de denuncias era anecdótico, sí podían hacer una trazabilidad de cada una de ellas, pero ya no: «Desde que lo hacemos de manera masiva no nos informan».

Ante este contexto adverso, la Asociación de Turismo Rural considera que también hay algunas noticias positivas. Por ejemplo, el anunció del consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, de duplicar el número de inspectores para que pasen de cinco a diez. «Hemos tenido una reunión con él y las impresiones son buenas. Tenemos esperanzas en este nuevo consejero», anuncia Blanco, que confirma que también les habló de la posibilidad de incrementar el importe de las sanciones. Ahora, las multas oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros para las infracciones leves. Si se acumulan otros incumplimientos, podrían dispararse hasta los 600.000 euros.

También están muy pendiente de la aprobación del nuevo decreto de pisos turísticos, en principio para principios de 2025 tras analizar las alegaciones. «Nos ha dicho que saldrá con acuerdo de todos. Ojalá sea un documento potente para que no tengamos que hacer más campañas en busca de pisos ilegales», concluye.