La última marcha por los derribos

Después de 20 años de conflicto, el colectivo ha envejecido y el esfuerzo que exige echarse a la calle y recorrer 40 kilómetros para reclamar justicia resulta en muchos casos insoportable. Por eso el sábado será la última gran marcha que protagonizarán los afectados para exigir a las instituciones soluciones a un problema que lleva enquistado casi tres décadas.

Saldrán por la mañana de Argoños, el municipio más afectado con 255 viviendas ilegales, para llegar a Santander por la tarde. A las cinco se plantarán ante la sede del Gobierno regional, donde el colectivo va a exigir responsabilidades directas al presidente Miguel Ángel Revilla, a quien culpabilizan de su situación. «Ver a nuestro presidente arreglando el mundo, haciéndose 'selfies' con la gente y ejerciendo el populismo más barato por todos los platós de televisión, sin dar solución a un problema sobre el que tiene una responsabilidad directa, porque era consejero de Urbanismo y presidente de la Comisión Regional de Urbanismo cuando se dictaron el 80% de las sentencias de derribo, es triste y lamentable», se queja Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

Desde hace cuatro lustros los afectados se acuestan cada día sin saber cuando vendrán las palas a tirar sus casas. Los años pasan y las máquinas nunca llegan, pero la amenaza sigue ahí, perenne, destrozando su vida emocional y familiar. Algunos ya no viven para contarlo, como el esposo de Begoña. En estas dos décadas ha muerto un centenar de personas y el colectivo se va diluyendo de manera inexorable. «Hemos tenido muchas bajas. En este último mes he estado en cinco funerales de afectados y la gente enferma. Es tan duro, tan injusto y desgarrador... Se nos va la vida y no hemos sido capaces de alcanzar una solución, es muy traumático. Empezamos las marchas con 600 personas, incluso en una ocasión llegamos a mil. Ahora nos cuesta mucho alcanzar los 200 o 300 asistentes. Así que ha llegado el momento de decir hasta aquí hemos llegado», explica Vilela, que como el resto de perjudicados ha perdido «la fe y la esperanza en las instituciones».

La suspensión de la batalla en la calle no significa que los afectados arrojen la toalla. «Nos movilizaremos de otra manera, con actos puntuales, pero ya no somos capaces de marchar 30 o 40 kilómetros, aunque mientras tengamos un gramo de fuerza seguiremos luchando por lo que creemos justo, por lo que es nuestro y, sobre todo, por no tener el patrimonio secuestrado», adelanta el presidente de la asociación. En esa lucha están José Antonio Aguirre, de 78 años; Javier Fernández de las Heras, de 74; José Carlos Sanz, de 81, o el nonagenario Ángel Santiago, el más anciano de todos. La edad frena sus piernas pero no su ánimo de lucha. «He participado en todas las marchas; en las de los jueves, en las de agosto, en todas. He ido a Madrid y a Bruselas y ahora, con 78 abriles, no voy a tirar la toalla, aunque después de tantas promesas incumplidas, me siendo engañado. Cuando llegan al poder todos prometen mucho y se van sin cumplir lo dicho. Después vienen otros y hacen lo mismo, pero hay que seguir», se envalentona Aguirre, propietario de una vivienda en la urbanización Palacio del Mar I, en Argoños. «La edad es un problema. Nos vamos haciendo mayores pero tenemos que seguir porque no hay otra alternativa, aunque a mis 74 años no espero que se resuelva el problema. No sé si nuestros hijos lo verán», tercia Javier Fernández de las Heras, que sólo pide «acabar con la incertidumbre. Con el Gobierno del PP firmamos convenios para ser indemnizados antes de que nos tiren las casas. Pero no hay dinero ni voluntad política de hacerlo», lamenta.

Muy crítico con Revilla, Javier pide al presidente regional que «no haga el payaso por las cadenas de televisión y se preocupe de los problemas que hay en Cantabria», entre ellos, y no menor, el de los derribos. El mismo desespero vive su compañero José Carlos Sanz, que supera los ochenta años, que, «desengañado», hinca el diente en los políticos porque «no solucionan nada ni hablan con claridad. Prometen pero no dan respuestas y ya estamos aburridos».

A pocos meses para que finalice la legislatura, el colectivo cree que es el momento de dar una solución al conflicto, por eso el lema de la marcha del sábado es 'Ahora o nunca más'. «No lo hemos dicho nosotros, lo dijo el Parlamento de Cantabria por unanimidad en una declaración institucional en la que se aprobó dar una solución efectiva y sin pérdida de patrimonio a todos los afectados. Por eso deben cumplir lo acordado y no seguir engañando a la gente con esperanzas que nunca se cumplen», exige el portavoz.

La justicia declaró ilegales 621 viviendas (incluidas las 42 en estructura de La Arena), pero 449 serían legalizables cuando los ayuntamientos den luz verde a los nuevos planes urbanísticos, aunque sólo el de Arnuero está aprobado. Los demás, Escalante, Piélagos y Argoños, sólo cuentan con una aprobación inicial. El resto, 130 casas, tendrán dificultades para salvarse, según las cuentas del Gobierno, que calcula que le costará más de cien millones hacer frente al conflicto, para lo que no tiene dinero.

El Ejecutivo pidió un crédito extraordinario de 65 millones al Gobierno de Mariano Rajoy. No tuvo éxito. Por eso, AMA exige al Gobierno que apruebe la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña para así poder aprobar definitivamente el nuevo plan de Argoños, el municipio más castigado, así como el resto de los planeamientos. «Tenemos el compromiso de que antes de que finalice la legislatura todos los planes urbanísticos estén aprobados y a disposición de la Justicia, lo que es posible si hay voluntad política», zanja Vilela. Mientras tanto, los jueces siguen pisando los talones a los afectados y en mayo reactivaron los procesos de demolición.