Las asociaciones cántabras contra la violencia machista exigen más avances legales

En las asociaciones consultadas interpretan que el paso que se acaba de dar es la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se gestó durante el mandato de Rajoy, pero que no llegó a desarrollarse porque no se le dotó de presupuesto pese al clamor de las asociaciones de mujeres, que lo convirtieron en una de sus principales reivindicaciones en el pasado 8 de marzo, al calor del Día de la Mujer.

Con las modificaciones, el Consejo de Ministros devolvió competencias en la materia a las Administraciones Locales. También fue adelante con una reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género con el objetivo de fortalecer la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Además, la afectada podrá personarse como acusación en cualquier fase del procedimiento.

Por otro lado, el Real Decreto amplía los mecanismos para contemplar las situaciones de violencia de género reconociendo los derechos de las víctimas que se podrán acreditar por medio de un informe del Ministerio Fiscal, de los Servicios Sociales o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia machista. El Gobierno también actuó en el Código Civil para que la atención y la asistencia psicológica a los menores no requiera una decisión común cuando alguno de los progenitores esté inmerso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad del otro progenitor o de los descendientes de ambos. Ante los cambios y ante la forma en que estos se vayan implantando, hay opiniones para todos los gustos.

Esther Castanedo, portavoz de Jueces para la Democracia, ve «positivas» las modificaciones introducidas y cree que parten «del conocimiento de la realidad judicial», pero no son todas las reivindicadas por su asociación, advierte. Desde ésta se alaba «la adopción de medidas de protección previas al proceso, que era una laguna importante». «Esta protección, no dependiente de una denuncia, es un acierto que prioriza el bienestar de la víctima con independencia del proceso», destaca. La portavoz también le reconoce a la nueva regulación que supone «un cambio en el ritmo» de cumplimiento del Pacto de Estado para la Violencia de Género y subraya que algunas de las actuaciones ya han sido aplicadas por comunidades autónomas «con mucha eficacia».

Al tiempo, le parece reseñable que se tome en consideración a las Administraciones Locales «para retomar sus competencias en estas materias con dotaciones presupuestarias suficientes». No obstante, la jueza estima que sería necesario adoptar otros mecanismos. Antes del cambio de Gobierno, su asociación había recordado a los grupos parlamentarios que las políticas que se quedan en meras declaraciones, «sin dotación presupuestaria, no son más que políticas ineficaces a coste cero».

La Asociación Francisco de Vitoria también recibe «de forma satisfactoria» la iniciativa gubernamental, dado el retraso que estaba teniendo la adopción de medidas del Pacto de Estado para la Violencia de Género si bien Raquel García, su portavoz, llama la atención sobre el hecho de que el Real Decreto sólo se fija en un puñado de actuaciones frente al elevado número de ellas que contiene el acuerdo.

García indica que, en relación a la garantía de asistencia de letrado y procurador a las mujeres que denuncian un delito de este tipo, «puede decirse que se consolida en la ley» puesto que, en la práctica, «se estaba llevando a efecto», debido a que ya se facilitaba a la víctima «la activa intervención en el proceso a través del letrado que le asistía inicialmente, hasta el nombramiento de procurador ya para la fase de juicio oral». El paso actual, «sin duda supone un refuerzo en la tutela judicial efectiva de la víctima, fortaleciendo su posición en el proceso».

Esta organización cuestiona, sin embargo , el cambio relativo a la adquisición de la condición de víctima, ya que se contempla que se pueda tener esa etiqueta a través de un informe de Servicios Sociales, especializados o de acogida. A ojos de García sería «necesario» que los integrantes de la Administración contaran con formación específica para hacer «una adecuada labor de asesoramiento y llegar a hacer esa valoración de su condición de víctima inicialmente». Dado que, por el momento, no se han especificado «qué criterios van a seguirse, esta medida debe ser objeto de análisis».

Por su parte, Amaya Merchán, de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, considera que es difícil pronunciarse sobre las reformas legislativas que no se anuncian con la concreción suficiente. Apunta, no obstante, que «la posibilidad de que se pueda adquirir la condición de víctima de violencia de género sin previa denuncia o querella no va a incidir significativamente en los derechos procesales (derecho a la asistencia jurídica gratuita, a ser notificada de determinadas resoluciones judiciales...) en lo que se refiere al proceso penal, ya que su ejercicio y aplicación presupone la existencia de un proceso penal en trámite». A sus ojos, «puede tener más trascendencia» en lo que tiene que ver con el «reconocimiento de ciertos derechos extraprocesales, acceso a ayudas económicas, a los servicios gratuitos de asistencia y de apoyo facilitados por las Administraciones públicas, derechos laborales», etc.

Estos derechos «son ajenos a la función judicial», por lo que Merchán espera que las Administraciones «hagan un esfuerzo por analizar cada caso –con independencia de que la mujer decida o no denunciar– lo que puede suponer un avance favorable desde un punto de vista social y de resolución no judicial del problema». En lo que se refiere al cambio en el Código Penal para una mayor protección a los menores, lo fundamental es responder «a su interés».

Desde la Asociación Consuelo Bergés, de referencia en Cantabria, María Ángeles Ruiz Tagle defiende que las nuevas medidas serán efectivas y que en su asociación están «contentísimas» de que el Pacto de Estado se haya puesto en marcha.

«El acuerdo tiene que salir adelante de una vez porque ya va siendo hora de avanzar. Han sido muchos años en los que no ha hecho casi nada y así no se podía seguir». Desde su punto de vista, lo que está haciendo ahora el Gobierno Sánchez es «abrir una puerta. Tengo confianza en que se aproveche el momento porque hay muchísimo por hacer en materia de violencia contra las mujeres».

Ruiz-Tagle mantiene que también existe un gran «desconocimiento de lo que es la Ley Integral y, sobre todo, hay mucho machismo. Habrá que trabajar en general, pero también en todo lo que tiene que ver con los menores porque no se puede seguir permitiendo que se dejen en manos de un maltratador, como sucede ahora».

La presidenta de la asociación Consuelo Bergés lleva años empleándose a fondo con las mujeres que sufren violencia bajo esta premisa: «La mujer que va a denunciar primero tiene que sentirse segura. Si no, las normativas no sirven». Por este motivo, espera que la normativa vaya por el camino de reforzar siempre esta idea.

Tambien en la Asociación Mujeres Jóvenes de Cantabria (Mujoca) –muy preocupadas por la violencia contra las mujeres y que ponen sus esfuerzos, sobre todo, con el colectivo adolescente– son «optimistas» respecto a las medidas anunciadas, lo que no significa que no sean críticas «y que consideremos que se debe continuar reflexionando sobre la protección que estamos dando a las víctimas», señalaron Lola Trueba y Eva Montes.

Varias cuestiones les plantean dudas importantes –porque encuentran «contradicciones»– de manera que consideran «insuficientes» los anuncios realizados por el Gobierno Sánchez aunque toquen aspectos delicados de la Ley Integral.

«Son pequeñas iniciativas que tienen valor y significado simbólico, pero hace falta un paso al frente en medidas con más alcance que generen cambios reales en el sistema de atención integral». En su opinión, además, sería necesario incrementar la partida presupuestaria destinada a estos fines, «porque conllevaría mayores medidas de prevención y concienciación».