Unate y la Fundación PEM alertan del posible aumento del maltrato contra las personas mayores por la crisis sanitaria

El subregistro sobre esta realidad es inmenso, de hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que sólo se denuncia uno de cada 24 casos y esto supone una invisibilidad que pone en riesgo a un inmenso número de personas mayores.

Para ambas organizaciones, dos de las principales entidades que trabajan con personas mayores en Cantabria, está pendiente de investigar y visibilizar, por ejemplo, «el maltrato del que fueron víctimas cientos de personas mayores que viven en residencias cuando fueron aisladas en sus cuartos ante los contagios registrados en los centros». «Muchas de ellas, con deterioro cognitivo o algún tipo de demencia, no recibieron explicaciones y, en general, fueron sometidas a un estrés inimaginable, con aislamiento de sus seres queridos y sometidas a un estado de presión difícil de superar sin graves consecuencias para la salud emocional y física. Eso es maltrato», insiste Modesto Chato de los Bueys, presidente de Unate y de Fundación PEM.

También la Coordinadora de Cantabria por unas Pensiones Públicas y Dignas ha querido hacer visible la situación de los mayores y ha convocado para este martes una manifestación en Santander que partirá a las 12.00 horas del Parlamento y continuará por Alcázar de Toledo, a la calle Burgos, Jesús de Monasterio y Calvo Sotelo, ha informado el sindicato STEC en un comunicado.

El objetivo es que la sociedad «se tome en serio» la necesidad de eliminar todos los maltratos hacia las personas mayores y vulnerables y recordar a los gobiernos autonómico y central, así como al Parlamento y a los ayuntamientos que «tienen en sus manos» la posibilidad aliviar el «sufrimiento» de las personas de edad avanzada.

Para los pensionistas, «no son pocas» las situaciones de maltrato y abuso que sufren las personas de avanzada edad, como pensiones «que no llegan para vivir», cortes de suministros básicos por no poder pagarlos, problemas de accesibilidad en la calle, víctimas de engaños o fraudes, fallecimientos sin haber recibido prestaciones por dependencia o privatizaciones de prestaciones sociales.