La única empresa que sigue buscando zinc en Cantabria invertirá este año 1,2 millones para hacer 49 sondeos

Mientras tanto, sólo una de aquellas compañías continúa las prospecciones a la espera de que los análisis digan si hay metal suficiente como para que sea rentable. Se trata de Slipstream Resources Spain, que se adjudicó los permisos Buenahora 1 y Buenahora 2 para hacer sus catas en los municipios de Alfoz de Lloredo, Udías, Comillas, Ruiloba y Cabezón de la Sal. Según ha anunciado este lunes el PRC durante el pleno del Parlamento de Cantabria, la intención de la compañía, que tiene de plazo hasta el 1 de enero de 2022 para seguir operando sobre el terreno, la intención de la sociedad es invertir durante este año 1,2 millones de euros en la realización de 49 pinchazos en busca del zinc.

Lo ha señalado el alcalde de Reocín y diputado Pablo Diestro, que como PSOE, Ciudadanos y Vox ha rechazado la proposición no de ley del PP que instaba al Gobierno de Cantabria a avanzar en el proyecto. «Marcano nos dijo que tuviéramos fe en Revilla y que las previsiones eran ciertas y estaban basadas en informes -lamenta que no se hayan hecho públicos y entiende que es porque en realidad no existen- de expertos. Si la fe va acompañada de alguna realidad, mejor que mejor», ha pedido el popular Roberto Media, que sí ha coincidido con el resto de formaciones de la oposición a la hora de calificar los anuncios de Revilla de «electoralistas» y de «bomba de humo».

En concreto, lo que ha pedido sin éxito el PP son cuatro puntos concretos. Lo primero tiene que ver con la resolución de la licencia de investigación Salia que ganó la empresa Emerita Resources, la que agotó su plazo tras realizar sólo seis sondeos de los 150 a los que se había comprometido y a la que Industria denegó la petición de una prórroga por no cumplir las cláusulas del contrato. También sacar el nuevo concurso de las partículas libres en un plazo de tres meses y por otro lado resolver antes del 1 de mayo los expedientes que llevan «20 meses esperando» el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. En este limbo se encuentra, por ejemplo, las partículas de otra empresa, Atalaya Riotinto, que se adjudicó sus cuadrículas prometiendo una inversión de 56 millones de euros.

Respecto a este asunto concreto, Media ha recordado que «cuando la campaña electoral estaba cerca y había que sacarse la foto de Queveda (para iniciar los sondeos del permiso Salvia) se resolvió con una hoja y en dos semanas y media». Y por último el PP también ha pedido que Industria entregue los informes que avalan la buena marcha de los sondeos de esas catas en la zona de Udías que, según apuntó Marcano hace una semana, se están desarrollando «de forma correcta».

Desde Cs son igual de críticos con un proyecto que entienden que fue poco más que una estrategia del PRC para ganar votos antes de la cita con las urnas y afirman que es cada vez más difícil creer en su viabilidad. En cualquier caso, ven con buenos ojos seguir intentándolo porque la inversión que se está realizando en la investigación, pese a ser escasa, no está suponiendo un coste a las arcas públicas, sino que corre a cuenta de las empresas. «Cuando se habla de fe (en referencia a las palabras de Marcano) en lugar de estudios y hechos objetivos ya tenemos un buen indicador de lo mal que está la cosa y el humo que se está vendiendo», ha apuntado el diputado Diego Marañón, que también ha echado en cara al PP que a la vez diga que Revilla engañó diciendo que había un mineral que no existe y la vez pida acelerar el nuevo concurso.

«Todos sabemos que no existe ningún informe que justifique la riqueza de zinc. La película la cuenta una empresa extranjera cuyo único objetivo era la manipulación de la bolsa en que opera y el PRC aprovechó una bomba de humo porque se acercaban las elecciones», ha dicho desde Vox su portavoz, Cristóbal Palacio que cree que seguir dando pábulo a este asunto en la Cámara tiene como « único objeto desviar la atención de los temas importantes» sobre una población que «fue engañada y estafada».

Desde el PSOE, el diputado Javier García-Oliva no ha entrado en la intencionalidad política de su socio de Gobierno y ha dejado entrever que las expectativas están muy lejos de las generadas, pero también que es la obligación del Ejecutivo, «si surge una oportunidad, poner en valor un recurso y facilitar que se pueda explotar». En su opinión, la prueba de que había bases sólidas es que hubo un concurso y hasta seis empresas mostraron interés.

El Pleno del Parlamento de Cantabria, con el acuerdo de todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido, ha pedido aplazar la adopción en España del sistema de etiquetado de alimentos 'Nutriscore' que el Ministerio de Consumo quiere implantar, puesto que, tal y como está, lo ven «reduccionista», «simplista» y, además, «penalizará» a «productos estrella» de la región, como los quesos, los sobaos o las anchoas.

La regulación e implantación de este sistema de etiquetado frontal, que algunos países de la UE ya han adoptado o han anunciado que lo harán, ha vuelto a hacer discrepar en el voto a los dos socios de Gobierno PRC-PSOE.

Así, el PRC se ha unido a la oposición (PP, Cs y Vox) para votar a favor de una proposición no de ley (PNL) del partido naranja para que el Gobierno regional inste al nacional a aplazar la introducción de este sistema de etiquetado «en espera de acordar un sistema de etiquetado común europeo y homologable en todo el mercado interior». Mientras, el PSOE se ha abstenido.

En la iniciativa, se aboga por reemplazar esta adopción por una campaña de información adicional sobre el valor nutricional de los alimentos y sobre los «beneficios de una dieta variada y saludable como la dieta mediterránea».

Además, se plantea, entre otros temas, que, si finalmente se adopta 'Nutriscore', se adapte a los patrones de consumo de la sociedad española para que alimentos y productos alimenticios que forman parte de la dieta mediterránea no se vean perjudicados por el semáforo nutricional.