UniónGC se queja de los problemas de salud que genera a los agentes la manipulación de la marihuana que incautan

La Guardia Civil de Cantabria prácticamente ha erradicado las plantaciones de marihuana a cielo abierto y de un tiempo a esta parte se centra en los cultivos 'indoor', con un goteo incesante de incautaciones y el desmantelamiento de verdaderos invernaderos dentro de casas, ubicados en su mayoría en pequeños pueblos. ¿Y qué pasa con todas esas plantas intervenidas? ¿Quién las manipula y las limpia para analizar la cantidad exacta de estupefaciente? También la Guardia Civil, soportando los vapores que emana el cannabis que tienen que poner a secar dentro de los mismos cuarteles para pesar los cogollos, «un problema para la salud» de los agentes, de las familias que viven en las casas cuartel y para «la seguridad de las dependencias» policiales, expuestas al olfato de traficantes.

Ocurre tantas veces como incautaciones llevan a cabo. Hoy mismo han informado de dos: una muy importante de más de medio millar de plantas en una vivienda de Penagos y otra de menor tamaño en una finca de Queveda. Ahora, el sindicato UniónGC ha presentado una queja ante el delegado del Gobierno en Cantabria en la que reclama soluciones al almacenaje y manipulación de la marihuana procedente de las plantaciones desmanteladas.

Esta organización profesional alerta de que la ausencia de mecanismos y almacenes para las plantas obliga a llevarlas a los cuarteles, que «no están preparados» ni «legalizados» para tal fin, ni cuentan, muchos de ellos, con vigilancia para cumplir esta labor de custodia de la droga hasta su destrucción. Y además, los propios guardias civiles son los encargados de 'limpiar' y secar las plantas para su posterior análisis, una tarea que «lleva días» y que inunda todo de vapores, «tanto los cuarteles como las casas anexas y la vía pública». Esta misión provoca, dice UniónGC, «molestias y problemas de salud» a los agentes, a sus familiares y también a los usuarios de dichos acuartelamientos. Y, más aún, el intenso olor de la marihuana que almacenan inunda también la calle, suscitando, dice el sindicato, «comentarios» entre la población.

Cuando se llevan las plantas al cuartel, están allí el tiempo suficiente para la toma de muestras judiciales, que se obtienen tras el secado. Después, toda la plantación permanece allí hasta que se organiza un viaje a Asturias, donde hay un centro autorizado para la destrucción.

La sustancia química psicoactiva principal de la marihuana es el Tetrahydrocannabinol (THC), la responsable de los efectos embriagadores que produce, «y tiene otros 500 componentes químicos, más de 100 de ellos relacionados con el THC», explica UniónGC, que recuerda que, si el cannabis es nocivo para el que lo consume, también lo es para los guardias, «que se ven obligados a manipular las plantas, sin preparación ni equipo de protección adecuado, para separar tallo, hojas y cogollos si los hubiera».

Además del almacenamiento y secado en los cuarteles, creen conveniente que el desmantelamiento de una plantación se lleve a cabo por personal cualificado, «una empresa de jardinería, por ejemplo», ya que hasta ahora, alijos importantes como el de San Vicente de Toranzo -más de 3.000 plantas, el mayor de la historia de Cantabria-, ha mantenido ocupada durante días a toda una unidad de investigación en la retirada de plantas y la ingente cantidad de cables, generadores, ventiladores... Estos artefactos generan otro problema más, por el espacio que ocupan. Últimamente acaban en el depósito judicial, una nave con vigilancia ubicada en un polígono de Santander, aunque hay cuarteles llenos de aparatos a la espera de que se decida su destino.

La Guardia Civil dispone de un búnker en el que se guardan incautaciones de gran valor y alijos importantes de droga, sin que sea operativo llevar allí las plantas de marihuana.

Según explica UniónGC, el procedimiento a seguir después de cada incautación viene expresamente reflejado en la Instrucción 6/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en la 'Guía práctica de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas'. Este protocolo es el que la Delegación del Gobierno en Cantabria ordena cumplir. Y se hace así por la «imposibilidad» de cumplir la norma de «uso inmediato del depósito regulado por la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Seguridad y de Administraciones Públicas nº 1/2015, por la que se establece la planta de unidades de conservación y depósito de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas procedentes del tráfico ilícito», indica el sindicato. Como no hay tal planta, la marihuana acaba sus días en los cuarteles antes de ser trasladada para su definitiva destrucción a la planta autorizada de Asturias.