El rector Ángel Pazos revela «el chantaje y las amenazas» que sufre la UC desde diciembre

Este chantaje, un «hecho gravísimo», se inició con el envío de una carta anónima al anterior domicilio de Pazos, matasellada el día 10 del pasado mes y supuestamente procedente de «una funcionaria», en el que se le informa sobre «una presunta falsificación de firmas en un proceso administrativo», en referencia a las supuestas irregularidades cometidas en 2012 un por tribunal de contratación de la UC del que formaron parte el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto; el profesor, secretario general del PSOE en Santander y actual candidato a la Alcaldía, Pedro Casares; y el también docente Manuel Agüeros, para contratar a un allegado de Casares. En la segunda parte de la misiva, el rector revela que es donde recibe las amenazas. Textualmente, el anónimo insta a «que se investiguen la larga lista de delitos que se desprenden de los hechos. De no ser así, las filtraciones perdurarán en el tiempo y alcanzarán a personalidades que hasta el momento se creen inviolables. Esto sólo es la punta del iceberg. Aconsejo al rector revisar hasta el último centímetro cuadrado ya que tiene instalados micrófonos que han recopilado horas de grabación en las que se escuchan conversaciones que, de ver la luz, el prestigio de la Universidad de Cantabria se iría al garete».

Un día después de la fecha de envió que recoge el matasellos de la carta anónima, el medio digital OkDiario publicó estas supuestas irregularidades. La Universidad reaccionó abriendo un expediente de información reservada para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades derivadas de los mismos, investigación que sigue en marcha. Mientras, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander decidió a finales de diciembre el archivo, por falta de pruebas, de la causa abierta al respecto tras la denuncia presentada por el profesor Agüeros, aunque el Ministerio Fiscal ha pedido al juez Fernando Vegas que reabra la investigación. Entre otras acciones, solicita la declaración en calidad de imputados de Casares y de Coto y la realización de una prueba pericial caligráfica de las firmas de ambos implicados y también de la de Agüeros, para determinar la autenticidad o falsedad de las rúbricas estampadas en las actas del tribunal académico. Pazos anunció ayer que, en caso de que prospere el recurso del fiscal y se reabra el caso, la UC «valorará» su personación en la causa.

El rector explicó que tuvo conocimiento de ese anónimo el 24 de diciembre, porque fue enviada a un anterior domicilio, no al que reside en la actualidad, y que ese mismo día acudió a la Policía, ante la cual formalizó la denuncia el día 26. A continuación se puso en marcha una investigación tanto policial como judicial, que sigue su curso en la actualidad. Indicó que, según le consta, la fiscal jefe y el comisario jefe de Policía también han recibido esa misiva.

El máximo responsable de la UCse empeñó en destacar que la apertura del proceso de investigación interna se produjo antes de la recepción del anónimo y, por lo tanto, «no es fruto» de las presiones externas, «sino de la consideración de que los presuntos hechos descritos por la información periodística son merecedores de una investigación aclaratoria».

Hasta ahora, Pazos había presentado la denuncia ante la Policía –que no había hecho pública– y había abierto la investigación interna en la UC, pero había preferido mantener un perfil bajo sobre el asunto para «evitar el impacto en la institución». El cambio de táctica que decidió reste lunes, con la puesta en conocimiento de esas amenazas, se debe a que «el chantaje ya está en marcha» y «se empieza a materializar». Con estas palabras hace referencia a unas grabaciones suyas y del vicerrector de la UC, Ernesto Anabitarte, publicadas ayer por OKDiario, según las cuales se desprende, tal y como afirma el periodista Alejandro Entrambasguas, que las plazas de profesor que convoca la UC están amañadas y salen a concurso con unos requisitos diseñados a la medida de un candidato concreto (ver transcripción de los audios en la información adjunta).

Los fragmentos que han trascendido corresponden a una reunión con miembros del comité de empresa del personal docente y laboral en junio de 2016, tres meses después de que Pazos accediera al cargo de rector. Durante el transcurso de la misma, Manuel Agüeros, de nuevo protagonista, esta vez como representante del sindicato CSIF, recrimina al rector que las plazas de profesor se estén adjudicando «ilegalmente» en vez de ser ofertadas por el método correcto, respetando la igualdad de oportunidades de todos los candidatos, algo que, según los audios, Pazos parece reconocer y lo justifica en que es una acción «muy habitual»

El rector respondió este lunes a esta información asegurando que las grabaciones «están editadas, manipuladas y convenientemente cortadas» y que lo que él manifiesta en las mismas «es, precisamente, el malestar por las presiones que a veces pueden suceder en ciertas dotaciones de plazas y mi decisión de no tolerarlo, de ir contra ello e incluso de meterle mano como se produzca». Asegura incluso que la reunión se fijó a partir de la preocupación del personal universitario por el posible «endurecimiento de los procesos de adjudicación de plazas» por parte de su equipo rectoral y añadió que hay varias decisiones tomadas en su legislatura que «así lo demuestran».

En la misma línea, Anabitarte, también señalado, añadió que «la forma de presentar» las grabaciones «es equívoca» y que las manipulaciones realizadas traslucen «un mensaje contrario» al que «realmente» se transmitió en esas conversaciones.

El máximo responsable de la UC agregó que el hecho de que estas grabaciones salgan a luz hoy en día, casi tres años después de esa reunión, «ayuda a entender cuál es la motivación de las mismas». «Me sorprende que, si a alguien le preocupa la pureza del mecanismo de dotación de plazas, saque en enero de 2019 un audio de junio de 2016. Es un poco difícil creer en esa voluntad de denuncia», señaló.

Pazos también indicó que, dada la proyección mediática del conjunto de los hechos, ha mantenido contactos con «los principales líderes políticos» de Cantabria para trasladarles la situación, explicarles las medidas implementadas, hacerles partícipes de la preocupación sobre que la Universidad sea «políticamente instrumentalizada» y comunicarles su voluntad «absolutamente inflexible de llegar hasta el final si es que ha habido alguna irregularidad», como la de las firmas falsas, y «la de no dejarme amedrentar en absoluto por ningún tipo de presión ni de chantaje».