El urbanismo cántabro, bajo la lupa de los tribunales

En las reuniones de la Crotu se ven las caras representantes institucionales de cada una de las consejerías del Gobierno y los vocales de diversos colegios profesionales con algo que aportar en la materia. Este órgano trató, en septiembre de 2021, el parque acuático del Paleolítico que acaba de tumbar la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) porque no se ajusta al tipo de uso reservado para ese suelo. Este es un buen ejemplo para explicar el funcionamiento general de la Crotu y también las «graves carencias» que observan en ella los propios vocales que la conforman.

La cronología resumida fue la siguiente. El Ayuntamiento de Torrelavega, como promotor del proyecto, envió el expediente con sus informes de parte a la Dirección General de Urbanismo, los funcionarios de Urbanismo elaboraron sus propios informes y todo el expediente completo, con los informes sectoriales del resto de consejerías -en los que figuraban aspectos sobre protección del patrimonio o medio ambiente-, se llevó a la Crotu. Primero a una comisión técnica y una semana después a la definitiva, donde salió adelante.

Salió adelante porque los representantes del poder político tienen mayoría de votos, no porque no hubiera voces críticas desde los colegios profesionales. El Colegio de Biólogos puso 'peros' ante el riesgo de incendios y el Colegio de Geógrafos, directamente, pidió que no saliera adelante con un voto particular: «Nos ha sido imposible dedicar el tiempo a estudiar todos los expedientes que configuran este orden del día, razón por la que solicitamos que sea devueltos para su tramitación en próximas Crotu. El Colegio de Geógrafos emite voto denegatorio pues tiene por principio no pronunciarse sobre expedientes que no hayan podido ser analizados».

La representante de los geógrafos en la Crotu, Margarita Barredo, señala que su colegio, por regla general, actúa de esta manera: «Si no conocemos bien los expedientes, no los votamos. No tenemos tiempo material. Por eso muchas veces el voto particular es negativo y pedimos que sea devuelto». Lo que ocurre es que «como los colegios profesionales somos minoritarios a pesar de que somos los técnicos, frente a las consejerías, que son mayoritarias», casi nunca se devuelven los proyectos y salen adelante. No porque sean correctos.

En su opinión, el problema se está agravando ya que la Crotu tiene cada vez más trabajo porque las normas regionales son cada vez más generosas a la hora de permitir construir en suelo rústico y todos estos expedientes tienen que pasar por la Crotu: «Nos duele que este órgano esté dedicado en cuerpo y alma a sacar expedientes que deberían ser excepcionales (los de suelo rústico) y que vienen como rosquillas. En este momento, no nos están llegando instrumentos de gestión y planificación que velen por el buen uso del territorio. No estamos ordenando el territorio».

Y a todo lo demás suma que es relativamente común que los informes que acompañan los proyectos no se hayan elaborado adecuadamente «ni por parte de los ayuntamientos ni por parte de la Dirección General de Urbanismo». De ahí la sucesión de Planes Generales anulados en los tribunales o la sentencia contraria también del TSJC sobre el PORN de las Marismas, que como instrumento de ordenación «también pasó por la Crotu».

En ese último aspecto insiste Santiago González, vocal del Colegio de Biólogos, que ha decidido dejar de asistir a las reuniones de la Crotu «porque consideramos que no hay el debido rigor que debería de existir desde el punto de vista técnico». Básicamente porque los expedientes llegan incompletos desde los ayuntamientos y después los informes que los acompañan presentan carencias relevantes. «En las áreas de biodiversidad y protección de la naturaleza justifican lo injustificable y dan el visto bueno a actuaciones que no se corresponden con la legislación actual española y cántabra», lamenta. González afirma abiertamente que están «muy disconformes» con el funcionamiento de este órgano. Es más, considera directamente que la Crotu, por donde también ha pasado la nueva Ley del Suelo de la que el Estado cuestiona 30 de sus casi 300 artículos, ya se ha demostrado como «una herramienta fallida».

Alberto Ruenes es el vocal del Colegio de Abogados. Aunque no es tan crítico con la Crotu como algunos de sus compañeros, sí valora las aportaciones de todos los colegios y reconoce que muchas veces los expedientes salen adelante con votos particulares. En cualquier caso, considera que el mayor problema es el gran número de asuntos que se tratan en las reuniones anuales de la Crotu. «Eso dificulta que quienes asistimos sin ser funcionarios ni tener un conocimiento exhaustivo podamos analizarlo todo en profundamente», apunta Ruenes, que coincide en culpar de la excesiva carga de trabajo a la proliferación de licencias para construir en suelo rústico, los expedientes que se rigen por el artículo 116. Recuerda que a ellos les llegan los dossieres una semana antes de la reunión. «Si en cada reunión de la Crotu hay 100 expedientes -entre 40 o 60 suelen ser de suelo rústico-, es imposible que dediquemos siquiera 15 minutos a cada uno. Yo no podría trabajar en otra cosa esa semana», recuerda este vocal, que como el resto de sus colegas realiza esta labor sin cobrar.

Jesús Molinero, exdecano de los arquitectos, recuerda que los problemas de la Crotu no vienen de ahora. Y los relaciona con la «dependencia» de los vocales políticos de este organismo de intereses particulares. «El director general de una Consejería no va a opinar en la Crotu contra lo que dice su consejero o lo que quiere un alcalde de su partido. Porque los alcaldes mandan mucho, más incluso que los consejeros», señala el también exjefe de Servicio de Planeamiento y Ordenación del Territorio, ahora ya jubilado. Insiste en que los arquitectos, que tumbaron por ejemplo el campo de golf de Santa Marina, han sido «históricamente muy beligerantes con las decisiones de la Crotu», donde observa «falta de transparencia» y a menudo los «expedientes están incompletos porque llegan con prisa o como consecuencia de la falta de funcionarios».

El TSJC paralizó la pasada semana el proyecto, que tenía el visto bueno del Ayuntamiento de Torrelavega y la Crotu. El complejo se pretendía hacer en suelo rústico con usos deportivos y el tribunal considera que el parque no se ajusta a esa calificación, sino que es un espacio de ocio. La ciudad apunta ahora que modificará el PGOU para poder seguir adelante con esta iniciativa.

Las cientos de viviendas que han estado o están bajo sentencia de derribo en Cantabria se construyeron porque los respectivos ayuntamientos o la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) dieran el 'ok' antes de que los tribunales consideraran estas edificaciones ilegales. Desde el colectivo AMA no restan culpa al área de Urbanismo del Gobierno.

La Justicia paralizó cautelarmente en 2020 las obras del nuevo puerto deportivo de San Vicente de la Barquera a raíz de un recurso de Ecologistas en Acción. Este mismo año, el TSJC emitió la sentencia definitiva en la que anulaba la resolución de Obras Públicas por la que aprobaba el proyecto al entender que no respetaba los valores ambientales. El Gobierno ha recurrido.

Todos los planes generales municipales deben tener el visto bueno de la Crotu para salir adelante. Pese a esa revisión técnica, los tribunales han tumbado en los últimos años documentos de ordenación urbanística de distintos municipios. Uno de los casos paradigmáticos es el de Laredo, pero antes también estuvieron Cabezón, Camargo o Colindres. El caso de Santander un poco distinto.