El SCS vaciará la antigua Residencia Cantabria ante el «riesgo de incendio»

El organismo dependiente de la Consejería de Sanidad toma esta decisión como consecuencia de un informe elaborado por los técnicos del SCS en el que detectan «riesgo potencial de incendio». Según confirman desde el Gobierno de Cantabria -aunque el propietario del edificio es el Ministerio de Hacienda, la comunidad autónoma tiene transferido su uso desde 1968-, en el interior existen aún componentes como colchones, utillaje, aparataje y consumibles, «que resultan potencialmente susceptibles de actuar como elementos que faciliten la rápida expansión del fuego dentro del edificio». Tras realizar una consulta previa al mercado, el Servicio Cántabro de Salud decidió incluir también en el contrato la retirada de todos los enseres, equipamiento, mobiliario, puertas de madera, vidrio, papel, cartón y consumibles que se encuentren en cada una de las estancias.

Esto incluye los escombros que se acumulan en algunas de las plantas. En resumen, todo lo que se puede sacar. En el presupuesto de 170.000 euros figura también la separación selectiva del material indicado y su transporte hasta la planta de reciclaje de residuos que corresponda, así como las tasas o cánones. Un coste que tendrá que asumir el Ejecutivo regional, ya que mientras decide qué usos futuros dar al edificio o al solar que resulte de su derribo aún no ha procedido a la devolución de la propiedad al Estado.

¿Y cuándo empezarán a trabajar los operarios sobre el terreno? Pues atendiendo a los plazos normales de la Administración, el vaciado de la Residencia Cantabria tendría que haberse iniciado ya. La actuación se licitó el pasado marzo y se adjudicó dos meses después a Redytel Computer. El problema es que el SCS le ha retirado su confianza al comprobar que «las prestaciones del contrato no están comprendidas dentro de los fines, objeto social o ámbito de actividad de esta empresa».

Ahora, el Gobierno espera que a lo largo de este mes estará solucionado el contratiempo para que haya un nuevo adjudicatario. «Hemos pasado a la segunda empresa -corresponde a Siecsa- y ya hemos requerido la documentación necesaria», apunta el organismo público regional.

Tras cumplir en 2016 con el plan de evacuación de la Residencia Cantabria, que vio nacer a lo largo de casi medio siglo a cerca de 250.000 cántabros, y trasladar toda la actividad al nuevo Hospital Valdecilla, Sanidad tapió los accesos y ventanales de la planta baja de la antigua maternidad cántabra para cerrar el paso a los intentos de saqueo y garantizar la seguridad del inmueble.

Una medida provisional que ha tenido sólo éxito relativo y que era un parche mientras se procedía a la devolución del edificio al Ministerio de Hacienda, algo que inicialmente estaba previsto hacer en 2017. Nunca ocurrió. El futuro de este espacio volvió a debatirse este invierno en el Parlamento de Cantabria, donde el Ejecutivo regional reconoció que no hay planes concretos a corto plazo y reclamó al Estado que acometa el derribo.