Valdecilla y Ferrovial no alcanzan acuerdo sobre el reparto de celadores y deberá decidir un juez

Sin embargo, desde la parte perjudicada (Ferrovial-SIEC) la reacción fue contundente: anunciaron recurso contencioso-administrativo al dictamen, recordando que en ningún momento de la negociación se contempló que la adjudicataria asumiera dicha labor y que, al hacerlo, se comprometía la rentabilidad del servicio. Y es que ese cambio en las condiciones pactadas dispararía el gasto de la gestión de almacenes, archivo, logística de distribución y transporte de materiales de Valdecilla, asumido por la empresa hace tres años.

En la práctica, supondría que funciones que hasta ahora realiza personal de la plantilla del hospital para trasladar documentación clínica, envases, embalajes, muestras biológicas, reparto de farmacia, etc. tendría que asumirlas la empresa, con sus propios trabajadores. Así lo determinó el Consejo de Estado, que con su resolución no solo abría un nuevo frente de conflicto entre ambas gerencias, sino que también apuntaba una brecha en la rentabilidad del contrato. No en vano, el coste del servicio para la empresa, que ahora ingresa 800.000 euros anuales de la Administración, casi se triplicaría, según la primera estimación que hizo el gerente del SCS, Julián Pérez Gil (2 millones de euros). Aunque lo cierto es que desde que se publicó el dictamen, el pasado febrero, en ningún momento se han llegado a poner cifras concretas sobre la mesa. Un informe del jefe de Personal Subalterno de Valdecilla aportado en el proceso (de julio de 2017) hablaba de «diez celadores a jornada completa y seis a tiempo parcial». En declaraciones a este periódico, Pérez Gil insistía en que «había que valorar los términos de esa transición, sin que suponga problemas laborales para el personal». El plazo que marcó para esa negociación, que ya se esperaba complicada, se agotó el 1 de mayo. «A partir de ahí, si no cumplen con lo que establece el Consejo de Estado, aplicaremos las sanciones correspondientes», avanzó entonces.

Sin embargo, en las conversaciones en las que se ha abordado el asunto en las últimas semanas ha sido imposible el acuerdo. Aunque a estas alturas, con la batería de discrepancias pendientes de resolverse por la vía contenciosa-administrativa, a nadie le ha cogido por sorpresa que se añada una más. Desde la Dirección de Valdecilla defienden que «nuestra obligación, porque si no perjudicaríamos a los cántabros, es hacer que Smart Hospital cumpla los términos del contrato de colaboración público-privada, tal y como ha interpretado ya el Consejo de Estado».

Primero se deberían haber definido cuántos celadores, de una plantilla de 350, se dedican exclusivamente al transporte interno no sanitario, y después delimitar esas funciones, de cara a evitar confusiones en el futuro. Por ejemplo, un traslado en camilla de un paciente hasta quirófano, se considera transporte sanitario, por lo que correría por cuenta del personal del hospital, pero ¿de quién es la responsabilidad de la misma camilla una vez el paciente se está operando? Según el dictamen, el viaje de vuelta (sin enfermo) sería cometido de la concesionaria.

No ha habido propuesta por escrito ni de un lado ni de otro. En vista de la falta de concreción y del escenario de incertidumbre, la empresa ha optado por solicitar la suspensión de medidas cautelares, para que no se aplique el dictamen hasta que se resuelva su recurso. El gerente de Valdecilla, Julio Pascual, señala que, «por prudencia, esperaremos a la decisión del juez sobre la cautelar, pero salvo que diga lo contrario reclamaremos que cumplan las funciones que literalmente dice el contrato». Y tiene claro que la solución, en este caso, no pasa por ceder a parte de la plantilla del hospital a Smart Hospital, como en su día ocurrió con el servicio de mantenimiento y el de restauración (esto implica que el desembolso por ese trabajo sigue corriendo por cuenta del hospital).

Con el dilema sobre los celadores se interpreta que la situación es diferente, «porque la empresa no está cumpliendo con su personal funciones que según el contrato tiene que realizar», añade Pascual.

Pero también la adjudicataria está absolutamente convencida de sus argumentos jurídicos y seguirá defendiendo que en ningún momento del diálogo competitivo, ni al asumir los servicios, Valdecilla le planteó el alcance del transporte interno no sanitario que ahora se reclama. Cabe recordar que el desembolso extra que derivaría de la aplicación del dictamen recaería directamente en el bolsillo de SIEC, que es quien gestiona esta parcela del contrato.