El PRC no valorará la posible gestión pública de las ambulancias hasta conocer los costes

A preguntas de este periódico, los regionalistas responden que sólo se pronunciarán cuando dispongan de todos los datos de ese movimiento, tanto de costes como de calidad del servicio. El partido de Miguel Ángel Revilla está a la espera del informe que ya está elaborando la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud para conocer el impacto económico de ese traspaso de la gestión de manos privadas (Ambuibérica es la adjudicataria desde 2012) a públicas. «La prioridad del partido es atender las necesidades de los usuarios de la forma más eficaz y eficiente», apuntan desde el PRC, que fijará su postura sobre el plan que ha puesto sobre la mesa la Consejería cuando tenga respuestas a todos los interrogantes que conlleva una operación de esta envergadura.

En Cantabria no existen experiencias previas, porque siempre ha sido un servicio externalizado vía concurrencia pública. Por eso, a la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, que también fue consejera de Sanidad en la última legislatura del PP, la idea le pone «los pelos de punta», y más cuando se plantea «con fines políticos y rendimiento electoral»: «En sanidad no valen ocurrencias ni experimentos», advirtió días atrás a los socialistas, que «sólo han abierto la vía de la internalización en comunidades donde gobiernan con Podemos, como La Rioja o Baleares» -allí ese trasvase fue en 2018-.

Este cambio de modelo, que el gerente del SCS, Rafael Sotoca, considera que es «oportuno analizar en este momento», pasaría por la creación de una empresa dependiente de Sanidad, por la subrogación de los más de 430 trabajadores que tiene la concesionaria desplegados en la región, por la adquisición de toda la flota de ambulancias necesaria para cubrir el transporte programado y el de urgencia del 061 -el propio Sotoca ha sondeado a Ambuibérica sobre la posibilidad de comprar sus vehículos (unos 120)-, más los gastos de alquiler de sedes, combustible, limpieza, reparaciones, etc.

El caso del transporte sanitario de Baleares es el único con trayectoria en el tiempo para extraer conclusiones sobre ventajas e inconvenientes. Un informe de la Federación Nacional de Empresas de Ambulancias apunta que los costes reconocidos del servicio aumentan cada año, que el gasto en personal ha crecido un 47,4%, pero centrado en incorporaciones dentro de la estructura (puestos intermedios), porque los trabajadores subrogados mantienen las mismas condiciones que en 2017.