«Vamos a regular el mercado del alquiler con un mayor parque público, no fijando precios»

-La inmunización está siendo un éxito en las residencias, con la única excepción del brote Quijas. ¿Saben ya qué ha pasado?

-Todavía estamos estudiando cómo ha surgido. Claro que sorprende, a mí la primera. Sorprende sobre todo por el número, con 20 contagios, la mayoría asintomáticos. En cualquier caso el efecto de la vacunación en las residencias es claro. En las olas anteriores, cuando crecía la incidencia en un municipio, entraba rápidamente en sus residencias. Sin embargo ahora no. De 82 centros, sólo ha entrado en uno.

-La Consejería relajó en abril las condiciones de las visitas a estos centros. Algunas residencias consideraban que era demasiado prematuro. ¿Cómo está funcionando?

-No ha sido algo prematuro. Para las personas que viven en una residencia esa es su casa y tienen los mismos derechos fundamentales que el resto, con independencia de su edad. Somos de las pocas autonomías que ha tenido las residencias, salvo los tres meses más duros, abiertas a las visitas siempre, aunque controladas. Desde abril se han incrementado en la medida de lo posible las visitas y el contacto tan necesario. ¿Cómo una persona que está vacunada no va a poder recibir un abrazo? Siendo una de las autonomías que ha tenido las residencias más abiertas, con control y responsabilidad por parte de todas las partes involucradas, hemos tenido una de las letalidades más bajas de España.

-La modernización de la atención a la dependencia era uno de los objetivos de la legislatura. ¿La pandemia ha cambiado algunos planteamientos?

-Ya habíamos dado algunos pasos. Lo que hemos hecho ahora es profundizar en una atención más individualizada. Aunque se vive en comunidad, queremos que la atención esté centrada en cada usuario. La nueva norma dice que los centros deben tener unidades de convivencia con un máximo de 30 personas para trabajar lo individual y lo colectivo desde un ámbito más familiar, no tan institucionalizado.

-Habrá un máximo de 120 personas por residencia. ¿Qué pasa con las que actualmente tienen más plazas, como las públicas?

-No venimos con una apisonadora. Se establece una regulación sólo para las nuevas residencias, las que se hagan a partir de ahora. Ni las que están en funcionamiento ni las que se están construyendo tienen que cambiar nada. Hay quien ha querido confundir en el sentido contrario, pero eso ni se nos ha pasado por la cabeza. Lo que sí ocurre es que las residencias que ya dan servicio tienen que adaptarse para crear esas unidades de convivencia. Desde la Consejería, con fondos europeos, vamos a trabajar en apoyar esas inversiones tanto en las públicas como en las privadas.

-Cantabria requerirá 1.500 plazas más en los próximos seis años según el estudio de la Consejería. ¿Por qué apuestan por el modelo de más conciertos y no por el de centros públicos?

-Vienen a ser entre 15 y 20 residencias nuevas. Supone una inversión de 70 millones de euros. Me gustaría disponer de ese dinero y hacer residencias públicas, pero tenemos que ser realistas. El modelo de colaboración público-privado viene funcionando en Cantabria desde hace muchos años. Se inició porque había que dar esa prestación según la Ley de Dependencia y no había recursos suficientes. Se continuará esa línea y en el ámbito de las residencias públicas seguirán las inversiones, como se seguirá desarrollando el Plan Director del CAP de Sierrallana.

-La plaza pública cuesta tres veces más al Gobierno que la concertada. ¿Con esa diferencia las empresas pueden ofrecer servicios de calidad?

-El precio se fija de acuerdo a unas ratios de calidad. Me gustaría que fueran superiores. Y vamos a iniciar el trabajo para incrementar esa ratio en las plazas concertadas antes de final de este año. Eso va a mejorar la atención de los usuarios y también las condiciones de las trabajadoras, porque son fundamentalmente mujeres. Eso requiere más financiación y sólo se puede hacer con más recaudación. En lo personal y en lo ideológico, me encantaría incrementar mucho más la ratio, ¿pero todos estamos de acuerdo en pagar más? Yo lo tengo claro, pero tengo que ser realista.

-El anteproyecto de Ley de Vivienda introduce trabas para proceder al desahucio. ¿Esto no choca con la legislación nacional y el derecho a la propiedad?

-Bajo ningún concepto vulnera el derecho a la propiedad privada. Está totalmente protegida. Cuando se habla de trabas es a los grandes tenedores y hay que explicar que son mecanismos para proteger a las personas en situaciones más vulnerables.

-Cuando una vivienda esté desocupada durante dos años pasará al parque público. ¿Cómo?

-Eso no es automático. Estamos hablando también de grandes tenedores. No del que tenga una segunda vivienda y la casa en el pueblo. Consistiría en lo que se denomina expropiación de uso, no de propiedad. ¿Es lógico que tengamos durante años, como ocurrió en Ganzo, un edificio cerrado, totalmente equipado, sin ningún uso? Yo creo que no. Lo primero que se va a buscar es mediar con ese gran tenedor para que dé opciones de alquiler. La expropiación del uso es lo último, tras un proceso muy complejo, pero ante situaciones injustas de esas características la Administración debe tener una herramienta para forzar un alquiler social.

-En vez de introducir incentivos al alquiler, parece que lo que hace es introducir penalizaciones para quien no alquile.

-Al contrario. En breve pondremos en marcha un programa de movilización de vivienda vacía en el que el propietario le arrienda al Gobierno de Cantabria y nosotros lo incorporamos al parque público. Vamos a introducir en ese programa también incentivos fiscales para animar al alquiler. Que el alquiler vuelva a desgravar fiscalmente es otra de las cosas en las que estamos trabajando. En los entornos rurales, con la lucha contra la despoblación, ya se hace tanto para el arrendador como para el arrendatario.

-¿Qué dimensión debería tener el parque público de viviendas y qué horizonte temporal se marcan para alcanzarlo?

-Ahora hay 386. El País Vasco tiene 25.000 y Asturias 10.000. Hemos incrementado en 20 meses el parque público en un 50%. Es muy escaso, pero el objetivo es seguir incrementándolo. Si tenemos un parque público potente, el control del alquiler es efectivo. Está demostrado.

-¿Cree que tiene sentido que se fijen precios máximos para el alquiler en Cantabria, como pide Podemos a nivel nacional?

-Con esta ley, tal y como está, no haría falta. Con un mayor número de viviendas en alquiler, con el parque público, se regula mejor el mercado. Hay que intervenir bien con la movilización de la vivienda vacía de grandes tenedores. Que el propio mercado se equilibre con el aumento de la oferta.