Luz verde a la moción del PP para blindar el uso industrial de los terrenos de Sniace

El PP también solicitó al Ejecutivo regional que realice las actuaciones necesarias para atraer nuevas inversiones, que favorezca la implicación y cooperación del Gobierno central si llegase a ser necesario y que impulse proyectos estratégicos con cargo a los fondos europeos. Tanto PRC como PSOE insistieron en que su voluntad es que el suelo de Sniace siga siendo productivo, «como hasta ahora». Además, rogaron al Partido Popular que «no confunda» a los ciudadanos, «ya que es evidente nuestro compromiso de que los terrenos van a seguir siendo zona de desarrollo industrial». De hecho, explicaron que la distribución actual del suelo, con un 80% para uso industrial y un 20% para uso comercial, es previa a la coalición PRC-PSOE que gobierna tanto en Torrelavega, donde están ubicados los terrenos, como en Cantabria. El diputado regionalista y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, defendió que tanto el Consistorio que dirige como el Ejecutivo cántabro «tienen planes para Sniace» y que además han «acompañado y asesorado a los administradores concursales», al tiempo que llamado a posibles inversores con los que, reconoce, «no ha habido suerte».

Para seguir actuando, recalcó, hay que esperar hasta el próximo 20 de julio, fecha límite en la que finaliza el plazo para la venta por lotes de la fábrica.

Por su parte, el portavoz socialista, Javier García-Oliva, añadió que el Ejecutivo ha demostrado el compromiso «claro» por tomar parte en el proceso y velar porque el terreno siga siendo industrial con la compra de tres parcelas a través de la sociedad Suelo Industrial de Cantabria (Sicán), por lo que no entiende que el PP ponga en duda su postura e insinúe que se va a instalar una gran superficie comercial, lo que, en su opinión, responde a «propaganda electoral».

Íñigo Fernández, que fue el encargado de defender la moción por parte del PP, arremetió al asegurar que «está muy bien ser ecologista, pero la gente tendrá que comer de algo». El diputado popular explicó que su iniciativa pretendía «blindar» que los terrenos siguieran siendo industriales para evitar que acaben vendiéndose «a un supermercado y cuatro comercios que den la puntilla definitiva a los negocios del centro de la ciudad».

Por ello, Fernández pidió al Ejecutivo que elabore un plan para Sniace tras criticar que el bipartito «no hizo lo suficiente para evitar el cierre ni para mantener la unidad productiva, dando lugar a la venta de la fábrica por lotes, como un barco en el desguace».

En la misma línea, los portavoces de Ciudadanos y Vox, Diego Marañón y Cristóbal Palacio, respectivamente, destacaron que esos suelos son «tremendamente importantes» para toda la comarca del Besaya y para Cantabria por su ubicación y lamentaron que ya se estén tomando decisiones sobre ellos «sin tener un plan» definido al respecto.

El Pleno del Parlamento también sacó adelante otra iniciativa del PP que, a diferencia de Sniace, dividió a los socios de gobierno una vez más. Fue una de una proposición no de ley (PNL) con la que el Parlamento pidió al Ejecutivo regional instar al central a renovar las concesiones administrativas de la Ley de Costas según la interpretación del Tribunal Supremo, es decir, no sólo las restringidas a actividades «necesariamente específicas» de esos espacios. El PRC la apoyó y el PSOE votó en contra.

La propuesta del PP, además, pide habilitar una oficina de atención y apoyo a los afectados por la Ley de Costas que les oriente y preste asesoramiento jurídico para tramitar las prórrogas de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre, paralizadas hasta ahora por la Demarcación de Costas en Cantabria; o, en su caso, plantear el correspondiente recurso ante los tribunales de justicia.

PRC, PP y Cs ya defendieron en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo una modificación de la esta ley para dar solución a los afectados, pero PSOE, Unidas Podemos, BNG y PNV tumbaron la iniciativa.

El Grupo Popular recordó que en Cantabria la mayoría de estas concesiones se ubican en estuarios y están en manos de ganaderos, pequeños empresarios, talleres, naves e industrias conserveras de Santoña. En definitiva, pequeños negocios vinculados a la actividad agropecuaria en los que, en algunos casos, llevan trabajando tres generaciones.

La Ley de Costas de 1988 establecía una caducidad de 30 años en las concesiones administrativas, y en 2013 el Gobierno del PP concedió nuevas prórrogas, pero con la llegada del actual Gobierno y de Teresa Ribera al Ministerio para la Transición Ecológica en 2018 –defendió el PP– «se ha hecho una interpretación de la ley diferente que lleva a paralizar la renovación de los expedientes».

En concreto, Íñigo Fernández se refirió al artículo 32 que establecía que ninguna actividad podía concederse en el litoral salvo aquellas que sean «necesariamente específicas» de esos espacios, como por ejemplo un astillero.