Los veterinarios cierran sus clínicas para protestar contra la Ley del Medicamento

Escenificada en las manifestaciones que van a producirse hoy a lo largo y ancho de todo el país, la revuelta de los veterinarios comenzó a fraguarse en enero, cuando entró en vigor la conocida como Ley del Medicamento, que les obliga a informar detalladamente sobre cada antibiótico que prescriben para un animal a través de la plataforma PresVet, que es una base de datos oficial desde la que se intenta controlar el uso de antibióticos en los animales -se utiliza con los de granja desde 2019- para combatir el abuso que durante años se ha venido haciendo de estos fármacos y evitar que pierdan efectividad. Un objetivo, este, con el que los veterinarios están de acuerdo siempre y cuando su aplicación no afecte ni a su criterio clínico a la hora de prescribir tratamientos ni a la salud y al bienestar de sus pacientes.

La norma, que parte de un reglamento de la Unión Europea para regular el uso de fármacos, ha levantado una enorme polvareda en España y en Italia por la manera en que se ha adaptado, imponiendo importantes restricciones a los veterinarios a la hora de administrar medicamentos, algo que, en caso de urgencia, puede llegar a poner en peligro la vida de un animal, como de hecho ya ha sucedido.

«A la hora de emitir un diagnóstico y decidir un tratamiento, un veterinario puede encontrarse con que el fármaco que él considera que es el adecuado, es decir, el que va a ayudar al animal, no es el que la nueva normativa permite aplicar como primer opción», precisa el presidente del Colegio Oficial Veterinario de Cantabria, Fernando Ruiz Sarabia, que lamenta que para poder aplicar el que el facultativo piensa que es el mejor, y no otro, tenga que justificar muy bien cada uno de los pasos a dar.

Esa traba deja a los animales «ante la posibilidad de que el tratamiento que les puede salvar no se les pueda aplicar a tiempo», y a los facultativos «al albur de lo que considere un inspector» y, de no ajustarse a las directrices, «expuestos a fuertes sanciones económicas» por el mero hecho de aplicar su juicio clínico, que «no es caprichoso».

Defensor del fondo de la norma «porque todos estamos de acuerdo en que debe procurarse un uso razonable de los antibióticos», Ruiz Sarabia, que piensa que «el hecho de que en la última década su prescripción se haya rebajado más de un 70% ya prueba el compromiso de los veterinarios con esta directriz», apuesta, al igual que lo hace el gremio en su conjunto, por articular una normativa que permita combatir esa mala práctica «sin que ello perjudique a los animales y a los facultativos».