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El Supremo se enfrenta a una avalancha de reclamaciones patrimoniales por las pérdidas ocasionadas por las restricciones durante la pandemia. El Alto Tribunal estima que llegarán cerca de 9.000 demandas de hosteleros, comerciantes, gimnasios y agencias de viajes, entre otros muchos. Y es ... que todos aquellos negocios que no se consideraron esenciales durante el confinamiento, y tuvieron que echar el cierre durante los meses más duros del covid, buscan ahora una indemnización. También aquellos que vieron reducidas sus actividades por el 'toque de queda'. Serán el magistrado cántabro Vicente Mediavilla y su equipo los encargados de coordinar, estudiar y resolver todas estas reclamaciones que ahora llegan al Supremo. «Por mucho que queramos correr, tardaremos alrededor de tres años en dar salida a todas», explica a El Diario Montañés.
Entre las demandas que se encontrará Mediavilla sobre la mesa estarán más de un centenar de Cantabria, impulsadas por la Asociación de Hostelería. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya falló a favor de devolver las multas impuestas a los negocios durante esos meses, pero será el Supremo el que tenga la última palabra sobre estas sanciones y sobre las propias reclamaciones patrimoniales. Algunos negocios llegan a pedir la diferencia de ingresos entre 2019 y 2021. Para los bares de tamaño reducido, las cifras medidas andan por los 20.000 euros. Pero hay establecimientos grandes que reclamaron cantidades que oscilan entre los 200.000 y los 300.000 euros. De hecho, en un primer vistazo, hojeando algunas de las reclamaciones que han llegado, el magistrado cántabro ya se ha encontrado con las del Grupo Sardinero (Hotel Bahía, Hotel Hoyuela, Hotel Sardinero).
Mediavilla, en otros tiempos mano derecha de Miguel Ángel Revilla en el PRC y en el Gobierno de Cantabria, donde dirigió la Consejería de Presidencia y Justicia, adelanta que «las primeras sentencias establecerán criterios comunes, pero habrá que ir caso por caso».
El magistrado cántabro, antes letrado de la comunidad de Cantabria, trabaja desde 2019 en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, adscrito a su área contencioso administrativa. Su cambio de destino responde, precisamente, a la llamada de auxilio de otro magistrado cántabro, César Tolosa, ante esta avalancha de reclamaciones que fueron desestimadas por el Gobierno central y desembocan ahora en el Supremo.
Tolosa, presidente de la Sala Tercera, pidió ayuda para reorganizar sus secciones ante lo que se venía y debido a «la situación límite» en que se encuentra la Sala de lo Contencioso Administrativo con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Con solo 25 magistrados (incluido su presidente), se quedaba en el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, por lo que se ha reforzado con tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal, entre los que se encuentra Vicente Mediavilla.
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