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La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cantabria se ha puesto manos a la obra para conseguir que el Parlamento regional redacte a lo largo ... de la legislatura que acaba de comenzar una norma que ontemple y apoye a aquellos que tienen reconocida esta condición en la comunidad autónoma. Según el último anuario estadístico del Ministerio del Interior son más de 550, entre familiares directos de asesinados, heridos y personas que sufrieron daños materiales por acciones criminales de este tipo. El presidente de este colectivo de reciente creación, Francisco Javier Rodríguez, explica que otros territorios como La Rioja, Murcia o Aragón ya tienen leyes en este sentido y que otros como Madrid disponen de un texto ya redactado y listo para su aprobación.
Para ello tienen previsto solicitar encuentros con los partidos políticos con representación en la Cámara y también con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. «No vamos a pedir nada distinto a lo que ya tiene estas otras autonomías. Aquí nos sentimos discriminados porque no nos protege ninguna ley a pesar de que, por cercanía y porque muchas víctimas vascas han decidido huir a Cantabria, hay un mayor número de afectados en relación a la población total», insiste Rodríguez, quien considera que lo más importante es el reconocimiento. Además de ayudas económicas para la reparación de los daños, en el articulado de estas normas que toman como referencia también aparecen otras ventajas como ayudas crediticias, prestaciones asistenciales o respaldo psicológico y asistencial.
Por otro lado, se habla de prestaciones en ámbitos como la enseñanza, el acceso a la vivienda o el empleo. «No consiste en que se nos dé trabajo por ser víctimas, pero sí tener en cuenta esta condición para dar algunas facilidades para los que lo tuvieron más complicado. Muchos hijos de asesinados tuvieron que dejar el País Vasco o dejaron los estudios por el cambio obligado de vida», defienden desde el colectivo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cantabria es una entidad de reciente creación. «Las asociaciones grandes están en el País Vasco y Madrid. El resto hemos sentido que no nos hacían caso y que estábamos olvidados, por eso muchos afectados ahora no se quieren involucrar o prefieren pasar página para no revivir aquello. En estos momentos, poco a poco, casi todas las comunidades autónomas tienen ya la suya propia», detalla Rodríguez, un guardia civil jubilado destinado en Guipúzcoa que estuvo más de un año y medio de baja como consecuencia de las lesiones que le produjo un coche bomba que explotó al paso de su patrulla.
El portavoz señala que el principal objetivo de esta asociación es defender los intereses de todas las víctimas y evitar «que se blanquee los años de terrorismo y que los etarras creen un relato alternativo a la realidad». Además, recuerda que algunos de los crímenes que han afectado a Cantabria aún se encuentran sin esclarecer -como 350 en toda España- y piden mayor control para los miembros de la banda que salen de prisión. «No puede ser que alguien que ha matado a 20 personas esté libre en 20 años y lo primero que haga sea reírse de la familia de la persona a la que mató. O que salgan con trabajo o sin una orden de alejamiento de los hijos de la víctima», concluye Rodríguez.
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