Videovigilancia para todo y para todos: habrá más cámaras en ciudades y pueblos

Estos casos son solo algunos de los anunciados a bombo y platillo en Cantabria en las últimas semanas, aunque lo cierto es que cada año se suman excusas para añadir elementos de grabación en las calles. Las nuevas lentes se añadirán a las que la Delegación del Gobierno tiene autorizadas actualmente (737 en un total de 18 ayuntamientos), a las 24 de la Dirección General de Tráfico en las autovías cántabras y a las cientos de ellas que salpican la geografía regional (en bancos, empresas, centros comerciales y recintos residenciales, por citar algunos ejemplos) siempre que cumplan los requisitos a los que obliga la ley, que dicta que la videovigilancia es una actividad restringida. Estos 'ojos' deben centrarse en espacios limitados, han de estar jusificados y tienen que ajustarse de forma proporcionada a la meta perseguida.

Para los municipios son un arma eficaz contra el vandalismo. Basta con que un ayuntamiento avance que instalará cámaras en un área conflictiva para que baje o cese el problema. Pero los ayuntamientos tienen que solicitar permiso a la Delegación del Gobierno para grabar en determinados lugares y el permiso se concede por un año, tras el que hay que renovar la petición. Pese al trabajo que esto genera, hay ayuntamientos, como Santander, Piélagos y Camargo que pueden tomar imágenes en más de un centenar de puntos. En la capital existe esta clase de control en 271 sitios y, en breve, se añadirán 20 cámaras más, en las calles afectadas por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La ciudad también está digitalizando el Centro de Control de Tráfico con el que vigila los viales de mayor circulación desde la sede en la plaza de las estaciones.

En Piélagos hay permiso para vigilar 159 lugares, y en Camargo, en 111, si bien estar autorizado no siempre es sinónimo de cámara funcionando. El listado de ayuntamientos que, al inicio de 2024, controlan digitalmente espacios públicos incluye a prácticamente a todos los que tenían permiso en 2022. Solo han renunciado a estos medios Entrambasaguas –que contaba con una que ya no aparece en la lista oficial– y Enmedio, que gestionaba siete y ya no tiene. En su lugar entra Los Corrales de Buelna, donde el Ayuntamiento planea colocar seis cámaras: dos antivandalismo en una callejuela céntrica donde destrozan las farolas y otras cuatro de las llamadas 'de tramo' para controlar la Avenida de Cantabria. Estas últimas aún están en estudio con la Policía Local, pero Alfredo Casanova, concejal de seguridad, da por hecho que el proyecto irá adelante. Que haya más seguridad es una demanda recurrente de los comerciantes, afirma.

El SCS, por su parte, ha empezado este mes de febrero a instalar la red con la que quiere proteger a sus trabajadores en los centros de salud y consultorios rurales, una red en la que se gastará 240.000 euros. Se empezará por los SUAP, con una primera instalación de 30 cámaras, y para diciembre se esperar haber completado el plan, que conlleva emplazar la friolera de 250.

No mantiene tantas la Dirección General de Tráfico (DGT) que, en la actualidad gestiona 24 en territorio cántabro, en su mayor parte en la A-8, donde tiene 16. En la A-67 cuenta con cinco más y, en la S-10, hay otras tres. Estas son independientes de los radares, que se colocan con objetivo sancionador. Las cámaras se limitan a grabar puntos que la DGT ve interesantes para recabar datos sobre la circulación.

Registrar lo que ocurre en espacios públicos o privados para tener explicaciones grabadas de lo que ocurre lleva tiempo siendo muy habitual. Lo que sí es innovador es llevar estos controles a lugares, en principio, de plena naturaleza para recoger información sobre las poblaciones osos y lobos. Esta es la pretensión del Ejecutivo cántabro, que llevará 66 cámaras de foto y vídeo a un área de 1.650 kilómetros cuadrados, aproximadamente la tercera parte de la superficie de la Comunidad. Las cámaras -en teoría- generarán 2.600 fotos y 2.600 vídeos al mes. Resta por saber si sus ubicaciones estarán anunciadas de alguna manera para los seres humanos. Porque, como regla general, se debe avisar a quien puede ser grabado de que existe la posibilidad.

En una empresa, por ejemplo, debe advertirse de la videovigilancia con cartelería bien visible y la plantilla debe ser informada. Eso sí, solo se puede recurrir a este medio para garantizar la seguridad de las personas y del negocio y, en todo momento, se debe respetar la intimidad de los trabajadores. Por eso están prohibidas en comedores, aseos, vestuarios y zonas de descanso. Y tampoco pueden recoger conversaciones. ¿Puede una compañía colocar cámaras ocultas sin prevenir? Sí, pero solo si existen fundadas sospechas de que algún empleado comete actos ilícitos.