Altamira Gonzalo | Jurista

«El vientre de alquiler es una compraventa con un contrato de esclavitud para la gestante»

-¿Cuántas violencias contra las mujeres hemos detectado ya y cuántas quedarán por aflorar?

-Es cierto que puede parecer que no haya más violencia que la que se da en el seno de una pareja (así lo establecía la Ley Integral de 2004), pero las mujeres sabemos que hay muchas: la económica, la psicológica, la sexual, los vientres de alquiler, la pornografía, la prostitución... La violencia tiene tantas caras como quiere el patriarcado. El problema es que esto no lo ve todo el mundo porque no interesa. Sabemos que el Convenio de Estambul (del año 2011, que España ratificó en 2014) es incompleto. Establecía muchos tipos de violencia, pero no contempla, por ejemplo, ni la prostitución ni la apropiación de la capacidad reproductiva de la mujer para hacer negocio.

-¿A qué atribuye que se haya tardado tantísimo en conocer en España estas otras formas de atentar contra los derechos de las mujeres?

-A distintos factores. Uno fundamental: en este país, esta violencia estuvo institucionalizada durante la dictadura. Hasta 1975, los maridos tenían derecho a corregir a sus esposas con el límite de la sangre porque los conflictos se resolvían dentro de casa y, si llegaban a los juzgados, las condenas para ellos eran ridículas. La prostitución, sin ir más lejos, era algo que se ocultaba, que se hacía en secreto, que estaba estigmatizado. Esto fue hasta que el neoliberalismo encontró ahí un negocio bestial, quiso normalizarlo, y empezó a difundir que la prostitución es un trabajo. Incluso se está intentando intelectualizarlo porque se han planteado debates en universidades, caso de las de Zaragoza, Salamanca... Lo ciertos es que detrás de la prostitución hay un fuerte lobby intentando que veamos una actividad laboral que debe regularse, cuando lo que hay es explotación de las mujeres, porque en su mayoría proceden de la necesidad económica y de la trata. Y si abolimos el trabajo de los niños y la esclavitud, habrá que abolir la prostitución. A mí me avergüenza que en España un 39% de los hombres haya pagado por sexo en alguna ocasión cuando la media europea está en el 19%. Somos un país en el que el principio de igualdad es un puntal del Estado de Derecho pero, al tiempo, nos hemos convertido en el burdel de Europa.

-¿En qué basa su idea de que los vientres de alquiler son violencia reproductiva?

-En Santander enseñaré los contratos que se firman con las gestantes en Ucrania. Ahí se ve claramente: son acuerdos de esclavitud en el que la mujer deja de ser libre desde que lo suscribe. Para empezar, a la víctima se la despoja de cualquier capacidad de decisión. Debe renunciar a la maternidad, no le está permitido el aborto, tiene que someterse a las técnicas de reproducción que se le señalen y, meses antes de dar a luz, se la recluye en centros especiales. Además, desprenderse del bebé es una violencia infinita, porque todos conocemos el vínculo que se crea en el embarazo... Y el dolor de entregarlo es un dolor para toda la vida. Pero el neoliberalismo les dice a las personas que cualquier deseo se compra con dinero. Y eso no es así: no todo lo que deseas ha de convertirse en un derecho. Yo quisiera ser joven, pero no puedo. Esto es igual. Si alguien quiere ser madre o padre y no lo consigue, no se hunde el mundo: se puede recurrir a la adopción.

-¿Estamos, pues, simplemente, ante una forma de negocio?

-Es que las agencias de alquiler de vientres son un negocio que no se preocupa ni del derecho de las mujeres ni de los de la infancia. Aquí no interviene el Estado para nada y esto se puede hacer con la venta de un coche, pero no con un bebé. La segunda cara de la moneda son los derechos de esos bebés, que luego serán adultos, que no se tienen en cuenta. En la adopción, los aspirantes pasan por numerosos filtros para saber si la criatura va a llegar a un entorno idóneo. En estas operaciones no hay absolutamente ningún control. Es un 'dejar hacer' brutal con seres humanos de por medio. Hace un tiempo conocimos el caso de un médico español residente en Suecia que compró un niño en Ucrania y, cuando llegó el momento de ir a recogerlo, tuvo que viajar su padre porque él estaba en la cárcel cumpliendo condena por abusos sexuales a menores.

-Usted ha sido muy crítica con las políticas públicas de prevención de violencia machista... ¿Cree que no están dando los resultados que deberían?

-No tenemos los resultados que nos gustaría porque las políticas no se están analizando convenientemente, fruto del desconocimiento sobre cómo se genera la violencia en la pareja. Hay varios frentes abiertos. Uno es que no se valoran los riesgos adecuadamente. En 2022, el 40% de las asesinadas había denunciado, pero la Administración no supo medir la magnitud del asunto... En estos casos, aunque es una medida protectora fuerte, habría que plantearse la cárcel provisional del acusado. También sigue habiendo una mala recepción de las mujeres cuando denuncian. Falta formación de los operadores jurídicos, pero muchos la rechazan porque la consideran ideológica y no técnica, cuando sí que es técnica. Para aprender a juzgar estos casos, hay que quitarse los prejuicios y no todo el mundo quiere. ¡Si las mujeres estamos desaprendiendo continuamente!... Los varones también tendrán que hacerlo. Yo me eduqué en los cánones de la total desigualdad y he tenido que ir desmontando todo lo que asumí. Pero los jóvenes creen que han nacido en igualdad y contra eso es difícil luchar.

-Como experta en Derecho de Familia, en lo que se refiere a conciliación y maternidad/paternidad ¿qué se está haciendo bien y qué no va tan rápido como se debería?

-Lo que no va rápido lo tengo claro, porque hace muchos años que sigo una cifra que me sirve de brújula: la estadística de las excedencias por cuidado de hijos. Este dato lo dice todo, lo demás son cantinelas porque mientras no equilibremos los números actuales no estaremos avanzando. Actualmente, en España las excedencias por cuidados las cogen un 85% de mujeres, lo que las perjudica en la promoción profesional y las empobrece de cara a la jubilación (tendrán menos prestaciones). Simone de Beauvoir decía que el hecho de poder parir no debe significar que estemos obligadas a cuidar. Cuando una pareja decide tener hijos, el cuidado debe afrontarse en igualdad. Pero muchas veces, para la mujer no existe esa libertad de decisión. Mi alternativa sería obligar a que las excedencias o recortes de jornada se repartan de forma equitativa. Si una pareja tiene dos hijos o más, sería una solución que las excedencias fueran alternativas. Obligatoriamente. Ya lo hicimos con las cuotas y, con esto, habría que hacerlo igual.