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«Me amenazaba de muerte, me llamaba hijo de puta y llegó a decir que me cortaría el cuello si me veía por la calle. Hasta que un día estalló, me escupió en la cara, me pegó un puñetazo en la barbilla y acabé en ... el suelo con golpes muy fuertes en la cadera y la clavícula». Son las palabras de L.C.G, un vigilante de seguridad de Feve con más de 13 años de servicio a sus espaldas, quien sufrió este episodio de violencia el pasado 6 de agosto en la estación central de Santander con un viajero habitual, al que ya conocía por sus frecuentes amenazas tras llamarle la atención por no pagar el billete y colarse con el título personal de su pareja.
Fueron muchas las veces que este trabajador pasó «por alto» estas actitudes y respondió con «profesionalidad» a este individuo, hasta que éste y un amigo intentaron colarse desde la calle Castilla y acabaron tirando al vigilante al suelo y agrediéndole en plena estación . «Montó un espectáculo bochornoso, me escupió en la cara y me fui para no enfrentarme, pero volvieron a pegarme y tuve que reducirles, es la segunda o tercera vez en más de una década que tengo que recurrir a la violencia, una opción que siempre es la última», explica al otro lado del teléfono mientras cuenta que terminó en el Hospital Valdecilla con un parte de lesiones –no hubo rotura pero sí «golpes muy fuertes»– y una denuncia interpuesta contra este viajero, con antecedentes por episodios similares y ahora en prisión preventiva.
La suya es una de la seis agresiones a vigilantes de seguridad en Renfe Operadora registradas en Cantabria en el último mes y medio (desde comienzos de julio) y denunciadas por Comisiones Obreras ante lo que consideran «una escalada exponencial de violencia y peligrosidad».
Jesús Ángel Rodríguez, delegado de CC OO en Prosegur –empresa encargada de la seguridad en Renfe Cantabria–, pone sobre la mesa la necesidad de reforzar con un vigilante más las estaciones para formar equipos por parejas en los servicios de trenes nocturnos, fines de semana y festivos. Recalca la importancia de estas medidas en algunas paradas más problemáticas en estos meses de verano, como la de Tanos, Reinosa y Guarnizo, en las que se registran más incidentes en un contexto marcado por la mayor afluencia y las fiestas de los pueblos. «Vienen grupos de alborotadores, de seis o siete chavales, en muchos casos hasta menores de edad, que van de fiesta y hasta arriba de alcohol, y ven en el vigilante la presa fácil», explica Rodríguez, al tiempo que remarca que «sale muy barato agredir».
Mientras cuenta la situación, hace un paréntesis para detenerse en la figura de los grafiteros, un perfil que también «pone en peligro» la seguridad del personal. «Antes veían al vigilante y se iban corriendo, ahora se encaran y hasta llegan a pegar al personal, uno contra cinco o seis es imposible, si hubiera otro compañero, al menos alguien podría llamar a la Policía». Y en este punto sale a relucir casos como el de L.A, un vigilante que se rompió el pie en la estación de Guarnizo el 14 de julio al perseguir a un grupo de grafiteros: «Salí detrás de ellos al ver que iban a pintar los vagones, me tropecé con una traviesa de madera del tren y, aunque en ese momento no lo supe, me rompí el pie, aún estoy de baja y en rehabilitación». El episodio ocurrió a las once de la noche y estuvo en el servicio hasta las seis de la mañana: «Como eran las fiestas del Carmen, la Guardia Civil ni contestó hasta en cuatro ocasiones que lo intenté. Pude acabar el servicio, pero si estás solo y tienes un accidente de este tipo, no hay margen de maniobra, estás vendido».
El sindicato ha enviado un escrito a Delegación de Gobierno para exigir que velen por el control y establecimiento de unos mínimos razonables y seguros y dejen de hacer «oídos sordos»: «Les compete a ellos, a través de la Policía, revisar e imponer unos mínimos de seguridad en las estaciones con más tránsito y problemas. Sin embargo, continuamente se inhiben y dejan actuar al cliente (Renfe Operadora) que solo busca obtener los mayores beneficios económicos con los menores costes posibles, mientras la empresa (Prosegur) lo admite», denuncia Rodríguez, quien hace hincapié en que «el hecho de que los vigilantes de seguridad no cuenten con la protección jurídica que representaba la consideración de agente de la autoridad hace muy complicado protegerse ante las agresiones».
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