Los vigilantes harán huelga indefinida si no les suben el sueldo

El responsable regional de Seguridad Privada de UGT, Alberto González, ha recordado que la negociación del convenio colectivo lleva prolongándose diez meses, durante los cuales, «lo único que han hecho» los empresarios es «retirar algunas de sus propuestas que sabían que no podían prosperar en la negociación porque, simplemente, son inaceptables para los trabajadores».

«Los sindicatos no planteamos un máximo de subida salarial pero no podemos aceptar lo que nos proponen los empresarios después de 10 años de pérdida de poder adquisitivo», ha aclarado al respecto.

En este sentido, portavoces de los sindicatos convocantes han rechazado que la patronal del sector de la seguridad privada, que emplea a más de 80.000 trabajadores en España, unos 1.200 en Cantabria, plantee la congelación salarial en 2017 y unos aumentos «más que insuficientes» de un 1,5% y de un 1,4% para los años 2018 y 2019.

«Que haya huelga general o no sólo dependerá de cómo transcurra la negociación del nuevo convenio en las próximas semanas», ha avisado el secretario de Comunicación de CCOO en Cantabria, Fernando Mirones, para quien «no es admisible» que en el nuevo convenio colectivo haya recortes «después de ocho o diez años con mínimas subidas salariales que han hecho perder poder adquisitivo en un sector con beneficios empresariales».

Según ha puntualizado el responsable regional del sector del sindicato USO, Gerardo Prieto, «sólo se puede firmar un nuevo convenio colectivo con avances y sin retroceso alguno», que sea respetado por las empresas porque «no es tolerable que haya empresas vinculadas a concesiones públicas que firmen su propio convenio con condiciones peores que el sectorial».

Los portavoces sindicales han coincidido en criticar «el gran daño» que están provocando en el sector las contrataciones públicas a empresas que presentan ofertas presupuestarias a la baja y que «ni siquiera cubren los costes económicos del propio convenio colectivo».

En este sentido, UGT, CCOO, USO y CSIF han recordado que los trabajadores de la empresa concesionaria de la seguridad privada del Ministerio de Defensa, Marsegur, «están de huelga porque no se les paga incluso después de habérseles recortado el salario un 35%» y que la adjudicataria del servicio en la Seguridad Social y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Fagus, tampoco abone los salarios de sus trabajadores «desde hace tiempo».

Otra de las reivindicaciones sindicales en el nuevo convenio colectivo de seguridad privada es la jubilación anticipada en un sector donde hay muchos trabajadores de edad avanzada.

«Sólo pretendemos que la patronal abra el debate sobre la jubilación anticipada en el sector porque hasta ahora se ha negado a ello», ha puntualizado el portavoz de UGT, quien también ha reclamado garantías de subrogación para que los trabajadores no pierdan derechos cuando una empresa reemplaza a otra en la titularidad de un servicio.