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Cantabria ·
Los trabajadores, que ya han denunciado siete casos ante los tribunales, afirman que se sienten «desprotegidos y desatendidos»Usuarios de toda condición que intentan colarse, grafiteros itinerantes, vagabundos que pernoctan en los apeaderos, clientes insatisfechos y, ahora también, algunos ciudadanos de Europa del Este que emplean gran violencia cuando se les intercepta por viajar sin billete. Es el batiburrillo de perfiles de ... los que la toman con los vigilantes de las instalaciones ferroviarias en Cantabria, un sector que ha llegado «al límite de aguante» con las agresiones que sufren durante su horario laboral, unos ataques que han aumentado de manera considerable, según los datos que manejan los representantes de los trabajadores.
Hay siete casos ocurridos en los últimos meses, denunciados y pendientes de juicio, todos ellos con vigilantes heridos. Algunos han sufrido más de un ataque. Dicen que esas siete denuncias solo son las más graves. Que «zarandeos y empujones» ocurren a diario, y se sienten «desprotegidos y desatendidos» tanto por sus empresas como por Renfe. Después de manifestarse en primavera y de que salieran a la luz las «precarias condiciones» en las que se desenvuelven, dan un paso más y han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, tanto contra Renfe como contra la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia, Ilunion Seguridad, por incumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Octubre 2018. En el apeadero de Marrón lanzan pedradas al vigilante, hiriéndole en la cabeza.
Noviembre de 2018. Un transeúnte que pernoctaba en el apeadero de Valdecilla amenazó a un vigilante con un machete.
Marzo 2019. En el apeadero de Valdecilla, un vigilante es agredido por un joven que se había colado en Bezana. El chico le tachó de «racista» y le dio un puñetazo.
Marzo 2019. En los talleres de reparación de la antigua Feve tres vigilantes resultaron heridos al intentar retener a dos grafiteros.
Abril 2019. En la estación de tren de Santander dos menores se colaron y cruzaron las vías sin pasar por los tornos. El vigilante se metió en el convoy para pedirles el billete y al obligarlos a bajar acabó recibiendo «un puñetazo en las costillas».
Abril 2019. En la estación de Adif un joven de 19 años protagonizó un violento altercado cuando fue sorprendido intentando colarse. Primero agredió al vigilante y luego a los policías.
Julio 2019. Un vigilante herido en el forcejeo al interceptar a un grafitero pintando un tren en la calle Castilla.
Agosto 2019. Dos usuarios asestan cabezazos a un vigilante que acudió a un torno porque una mujer tenía problemas para salir en la estación de Santander.
No albergan demasiadas esperanzas de que esta denuncia se resuelva pronto -todavía sigue en trámite la denuncia ante Inspección de Trabajo que presentaron en junio del año pasado contra la anterior adjudicataria de la seguridad de las estaciones, Garda Seguridad-, así que es de prever «que también acabemos presentando denuncia en los juzgados», cuenta Jorge Fernández, delegado de la Federación Cántabra de Alternativa Sindical, que tacha de «excesivamente lenta» la inspección laboral en Cantabria «frente a otras comunidades, donde se resuelven en dos ó tres meses».
Esta situación la sufre un colectivo formado por unos cuarenta profesionales que se dedican a la vigilancia de instalaciones ferroviarias en Cantabria. Más o menos la mitad están contratados por Ilunion Seguridad, adjudicataria del servicio en Renfe, y la otra mitad por Prosetecnisa, encargada de la vigilancia en las instalaciones de Adif. Según explican, los que peor están son los de Ilunion, porque sus instalaciones son las más conflictivas y también porque los vigilantes realizan las rondas en solitario, mientras que en Adif van de dos en dos. Son, por ello, los primeros los que han denunciado la situación ante Inspección de Trabajo, «por permanecer en puestos de alta conflictividad dentro de las instalaciones ferroviarias, sufriendo agresiones y repeliendo altercados y disturbios», relatan en la denuncia, en la que destacan que todo esto les ocurre «sin disponer de equipos de protección individual (chalecos antitrauma y antipinchazos, y guantes anticorte)». Así, «a pelo», dicen que están expuestos a agresiones y heridas «de consideración, toda vez que se exponen a riesgos durante toda la jornada frente a miles de personas, en ocasiones violentas».
Sostienen los vigilantes que tanto Renfe como Ilunion son conocedoras del aumento de las agresiones que sufre el personal de seguridad desde hace unos años, y que «no han adoptado medidas preventivas», como estarían «obligadas» ambas partes por ley, siendo la más urgente la dotación de esos equipos de protección individual que reclaman y que, dado que no se los proporcionan, algunos se los compran con su dinero. Según explican, un chaleco anticorte y antitrauma cuesta unos 500 euros. El salario base de los vigilantes de Ilunion es de 944 euros, que sube algo con las horas extra y las nocturnas.
La falta de medios va más allá. Aseguran que en algunos puestos no se les proporciona un teléfono móvil y han de hacer uso del suyo personal para trabajar. Otros ni siquiera disponen de medio alguno para comunicarse en los lugares en los que prestan sus servicios en turnos en los que está uno solo.
Esta problemática también fue expuesta el pasado mes de noviembre al entonces delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, a quien se le dio traslado de la situación de los vigilantes que desempeñan su trabajo en los servicios considerados como 'instalaciones críticas de seguridad' (aeropuerto, estaciones y hospitales) y de la falta de personal -además de medios- para cumplir con su misión. Tanto de Zuloaga como de los responsables de las empresas y la operadora ferroviaria con los que se han reunido para tratar de buscar una solución «solo hemos recibido buenas palabras, pero ningún avance».
Además de equipos de protección, los sindicatos plantean que se otorgue a estos trabajadores un plus de peligrosidad en las nóminas de toda la plantilla -ahora hay diferencias entre compañeros, según denuncian-, se establezca un protocolo de actuación que aclare su cometido y se mejore la organización del trabajo. Dicen que llegan a sus puestos «estresados, quemados y cansados» por un loco sistema de organización que contempla 64 turnos de trabajo distintos para una plantilla de veinte personas.
Las agresiones a los vigilantes de las instalaciones ferroviarias han dejado de ser «hechos aislados» a convertirse en «algo cotidiano», según afirma Jorge Fernández en representación de los afectados, que prefieren quedar en el anonimato para no tener problemas en su trabajo. El pasado otoño hubo varios episodios de gravedad, como las amenazas con machete o las pedradas sufridas por vigilantes en distintos apeaderos, pero la situación se recrudeció esta primavera, con media docena de ataques por parte de grafiteros interceptados por los agentes de seguridad, también por parte de gente muy joven que reacciona con agresividad al ser interceptada sin billete y el último caso, para el que no encuentran explicación, acabó con uno de los vigilantes con heridas de consideración en el rostro. Ocurrió el pasado 15 de agosto por la noche en la estación de Renfe de Santander. Un agente que estaba en los tornos vio que una mujer tenía problemas para salir y se acercó a ayudarle. Entonces, ocurrió lo siguiente, según los vigilantes: dos hombres se acercaron. Uno de ellos «muy corpulento de unos 40 años y más de cien kilos de peso, sin mediar palabra, le asestó dos cabezazos en pómulo y nariz que le dejaron aturdido». El vigilante consiguió llamar a la Policía Nacional y, al parecer, el agresor acabó identificado y los hechos puestos en conocimiento de la justicia.
Para Jorge Fernández, «los empujones y zarandeos los sufren a diario, pero últimamente hemos notado un aumento de las agresiones más graves, desde los casos de las pedradas y las amenazas con el machete, a los forcejeos violentos con los grafiteros... Y visto lo visto, que ni manifestándonos ni reuniéndonos con el delegado del Gobierno hemos conseguido nada, nos hemos visto obligados a denunciar los hechos ante Inspección de Trabajo», explica.
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