La Ley de Vivienda de Cantabria impedirá que las VPO puedan venderse, pasado el tiempo, como libres

El texto normativo, que el Gobierno quiere llevar al Parlamento a final de año, pretende garantizar el acceso a la vivienda, movilizando la deshabitada; frenar su uso «especulativo», y hacer de la regeneración y rehabilitación urbana algo «prioritario».

Este anteproyecto también estipula que los grandes tenedores estén obligados a ofrecer alquiler social de inmuebles que adquieran mediante ejecución hipotecaria (desahucio), dación en pago o compensación de forma previa a interponer cualquier acción judicial contra personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y no dispongan de alternativa propia de vivienda, informa E.Press.

Son algunas novedades del anteproyecto que han presentado este miércoles, en rueda de prensa, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, y con competencias en materia de vivienda, Ana Belén Álvarez (PSOE), y la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego.

Otra de las principales novedades del borrador de la ley es que se regula la planificación y gestión de actuaciones de renovación y regeneración urbana, «desligándolas» de los planeamientos urbanísticos que son «muy rígidos» y «en muchos casos es la principal traba burocrática» para acometerlas.

En este sentido, prevé que se podrán aprobar planes especiales «en ausencia de planeamiento general» (PGOU) «siempre que se haya delimitado previamente un área de renovación y regeneración urbana».

Sí será obligatorio contar con un Plan Director de las actuaciones que deberá ser sometido a participación pública e incluir un diagnóstico detallado del grado de vulnerabilidad social del área en que se va a intervenir.

En otro orden de cosas, el anteproyecto presentado también plantea la creación, por primera vez, de un Registro de Viviendas Vacía; da dos años a la Administración para presentar un Plan Plurianual (5 años) de Rehabilitación y ampliación del parque de vivienda, o que las fianzas de los contratos de alquiler queden depositadas en el Gobierno de Cantabria y tengan que registrarse los contratos.

La posibilidad de expropiación del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria; la ampliación del derecho de tanteo a las transmisiones de edificios completos donde al menos hay una vivienda alquilada en el caso de que se vendan a un único comprador son otras de las novedades de esta norma.

La consejera ha destacado el «marcado carácter social» de este anteproyecto, que ahora inicia el trámite de audiencia y que puede consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno regional, con lo que es, según la consejera, un documento «vivo» abierto a aportaciones.

Álvarez ha firmado que la Consejería tiene «la firme voluntad de garantizar el derecho a la vivienda» que propugna la Constitución, algo en lo que, a su juicio, ahonda el anteproyecto de ley que se presenta.

Una de las vías para hacerlo es la ampliación del parque público de vivienda, que desde el inicio de legislatura se ha incrementado en 113 viviendas, pasando de 234 a 386, lo que supone un incremento del 48%.

En este sentido, la consejera ha señalado que el «objetivo de legislatura» que se marcó cuando llegó al Gobierno hace 20 meses era ampliarlo y ha destacado que, aún faltando la mitad de mandato ese meta casi está cumplida. En ese sentido, ha afirmado que el objetivo es «duplicar» lo que ya hay aunque ha reconocido que hay «condicionantes».

Álvarez también ha ensalzado otras actuaciones de su departamento en este tiempo, como el haber impulsado la primera promoción de VPO de Cantabria destinada exclusivamente a jóvenes en Campuzano o el programa puesto en marcha para garantizar vivienda a personas y familias vulnerables facilitándoles una vivienda del parque público o, si no hay disponibilidad, una renta garantizada, entre otras.

Aunque la consejera ha reconocido que «no existen fórmulas mágicas, ni leyes que vayan a resolver de la noche a la mañana el problema de acceso a la vivienda, sí cree que esta norma »va a suponer avances significativos«.

Por otra parte, ha explicado que otro de los objetivos que se buscan con esta ley es desarrollar las competencias en materia de vivienda que recoge el Estatuto de Autonomía y hacer que Cantabria cuente con un marco legislativo en esta materia «completo, claro y ordenado».

Y es que, según ha dicho, los agentes del sector (promotores, colegios profesionales, inmobiliarias, administradores de fincas) han transmitido al Gobierno que «los diferentes aspectos relacionados con la vivienda, como son el fomento, promoción, construcción, calidad o el uso están recogidos parcialmente en normativas estatales, autonómicas y ordenanzas municipales de diversa índole y antigüedad», una «dispersión» que, según ha reconocido, en ocasiones genera «vacíos legales» y regulaciones «superpuestas» y, a veces, «contradictorias».