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El Gobierno de Cantabria mantendrá un año más las ayudas al acceso a la vivienda de alquiler para aquellas familias que cumplan determinados requisitos de renta, pero introduce una novedad. Hasta ahora, solo podían registrar las solicitudes aquellos inquilinos que pagaran una renta inferior a ... 500 euros al mes. A partir de la aprobación del nuevo decreto, que estará listo en las próximas semanas, ese límite se eleva a los 700 euros. ¿Por qué? El consejero Media explica que se hace porque, tal y como está el mercado inmobiliario, es algo «casi heroico» encontrar un inmueble con una renta inferior a ese máximo, lo que estaba haciendo que muchos potenciales beneficiarios quedaran excluidos.
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Pero hay otro motivo. El titular de Fomento señala que el decreto actual contribuye a generar una «economía en 'b' que no queremos para nada». Los técnicos de la Dirección General de Vivienda están detectando casos de fraude para acceder a la ayuda. Lo sospechan porque están tramitando recibos de 500 euros –el máximo legal– en zonas de Santander y otras ciudades de Cantabria donde es imposible que los precios estén en ese rango. Por eso sospechan que arrendatarios y arrendadores están pactando pagar una parte de la renta en 'a' para no perder la cuantía de la subvención y otra parte mediante dinero negro. Con esta actualización de los límites se quiere poner fin a este tipo de prácticas.
Además de las ayudas ordinarias, también se pondrá en marcha próximamente el Bono Alquiler Joven. Fomento está esperando a abrir la convocatoria a que el Gobierno central envíe el dinero comprometido. Son 3,8 millones de euros, la mitad que en la edición anterior, por lo que Media ya adelante que muchas solicitudes no se podrán cubrir. Para evitar el colapso administrativo de los últimos dos años por el aluvión de solicitudes debido a la puesta en marcha de este nuevo programa, la Consejería aumentará el personal de la Dirección General. Lo hace tras la negativa del Ministerio de Vivienda de incluir, junto a la partida del Bono Joven, de otra partida para la contratación de trabajadores para la revisión de la documentación.
«La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y también de la Consejería», dijo Media, que no incluye en el Presupuesto de 2025 dinero para la construcción de nuevas promociones públicas, más allá de las 285 viviendas de alquiler asequible en nueve municipios ya anunciadas para esta legislatura. Se intentará, aunque no es fácil, sumar nuevos inmuebles al parque público mediante acuerdos con la Sareb o con la compra directa en el mercado.
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