449 viviendas legalizables siguen amenazas dos décadas después

Con apenas 1.711 habitantes, Argoños reúne el mayor índice de sentencias de derribos de Cantabria. De las 621 viviendas ilegales que hay en la región, 255 están en ese municipio, con el agravante de que su ayuntamiento se encuentra en quiebra. El resto del mapa de las sentencias de derribo se extiende por Arnuero, Escalante y Piélagos, todos ellos municipios costeros donde el boom urbanístico se cebó especialmente. Pero la mayor parte de esas viviendas (449) son legalizables a través de nuevos planeamientos urbanísticos. Cuando los jueces empezaron a dictar sentencias de demolición, el pánico se adueñó de sus propietarios, que se organizaron en torno a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), un colectivo que ha impulsado distintas iniciativas, entre ellas, la modificación legislativa que garantizaba la indemnización previa a los afectados de buena fe antes de demoler una vivienda ilegal.

En el transcurso de estas dos décadas, los sucesivos Ejecutivos regionales, sobre todo el presidido por Ignacio Diego en la anterior legislatura, idearon distintas soluciones más o menos imaginativas para intentar dar solución al problema, pero todas ellas fracasaron. Así, en junio de 2013, el Parlamento aprobó una ley que regulaba las autorizaciones provisionales para las viviendas amenazas por la piqueta en tanto los Ayuntamiento y el propio Gobierno aprobaban nuevos planes urbanísticos que las legalizaban. Ese nuevo instrumento urbanístico ideado por el Gobierno, totalmente novedoso en el ordenamiento jurídico de nuestro país, suponía en la práctica el indulto de la mayor parte de las urbanizaciones. Pero los jueces de Cantabria no tragaron y llevaron la ley ante el Tribunal Constitucional, que en julio de 2015 la anuló por inconstitucional, echando por tierra las expectativas que se habían creado entre los afectados. Lo único que se consiguió fue ganar tiempo, porque los tribunales cántabros se vieron obligados a suspender las ejecuciones a la espera de lo que dijera el Constitucional. Sin embargo, los Ayuntamientos afectados no aprovecharon la ocasión y no se han dado mucha prisa en aprobar los nuevos ordenamientos urbanísticos, a pesar de que la supervivencia de la mayor parte de las casas está en ellos.