Las viviendas de uso turístico crecen un 10,2% en Cantabria en solo un año

Que el INE afirme que hay 6.920 viviendas de uso turístico en Cantabria no quiere decir que esa sea la cifra real. Para obtener la información, recalca, ha tirado del listado de alojamientos que se anuncian en las tres principales plataformas de alquiler, las que más utilizan los usuarios. «Primero se seleccionan las viviendas de acuerdo con la normativa en esta materia de cada comunidad autónoma y después se eliminan aquellas presentes en más de una plataforma mediante un algoritmo que borra las duplicadas», explica el INE en el proyecto técnico del estudio.

Con ese 10,17% de crecimiento respecto a 2022, Cantabria es la octava comunidad que más ha aumentado su oferta en el último año. Encabeza la clasificación Melilla, que lo ha hecho un 31,7%, seguida de Asturias (15,1%), Murcia (13,3%), Galicia (13,2%) y Comunidad Valenciana (12,9%). Sólo ha descendido en Islas Baleares (-1,9%) y Ceuta (-7,8%). A nivel nacional, España contaba en agosto con 340.424 viviendas turísticas, 28.906 más que en agosto de 2022. En términos porcentuales, 9,2 puntos más.

El informe del INE también recoge los datos por municipios. Con los de Cantabria se dibuja un mapa de color que determina que aquellos que cuentan con un mayor número de viviendas son los que ocupan la franja litoral, especialmente los ayuntamientos más costeros. Aunque cada vez es más palpable la colonización hacia el interior, especialmente aquellos territorios que son más atractivos para los visitantes. Es decir, los más turísticos 'per se'. A la cabeza de todos los municipios está Santander. Según el estudio del INE, tenía 1.382 viviendas turísticas en agosto. Son 447 más que en 2022, lo que supone un aumento del 47,8%. En Suances, por ejemplo, que ocupa el segundo lugar del ranking, hay 314 pero el crecimiento es aún mayor: un 52,4%.

San Vicente de la Barquera se encuentra en el tercer peldaño del podio, con 290. El incremento es aún más pronunciado: un 65,7%. Hay que bajar hasta la decimotercera posición para encontrar el primer municipio sin playa con un número considerable de este tipos de alojamientos turísticos. Se trata de Santillana del Mar, que acumula 159 viviendas, 42 más que en 2022 y 35,9 puntos por encima que un año antes.

Esta estadística experimental deja otras lecturas porque también disecciona otros datos más minuciosos. Por ejemplo, las plazas totales ofertadas por las viviendas turísticas aumentaron en 3.700, al pasar de las 31.924 de 2022 a las 34.994 de este año. El número medio de plazas por cada una de estas viviendas es de cinco. Por último, el parque de esta modalidad de inmuebles supone el 1,8% del total de edificaciones que hay censadas en la comunidad autónomas.

Quienes no están de acuerdo con estos datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística son los hosteleros, que auguran que si continúa la actual proliferación desmesurada será la «ruina» para sus negocios. Según los números que manejan y que pusieron de manifiesto en la última reunión de la Mesa de la Vivienda de Cantabria –celebrada a finales de octubre–, hay «unas 10.000 dedicadas al uso turístico en Cantabria –afirmaron–, y apenas un 16% están legalizadas».

En ese mismo encuentro, el Gobierno regional cifró en sólo 1.406 los inmuebles registrados legalmente. La consejera de Turismo aprovechó para poner sobre la mesa otro problema derivado. «Hay que tener en cuenta la capacidad de carga de un territorio como el nuestro; por eso no sólo debemos de distinguir entre viviendas legales e ilegales, sino en la cantidad de ellas que podemos asumir sin colapsar los servicios», enfatizó Eva Guillermina Fernández. «Habrá que ponerle un límite, como se hace con las plazas hoteleras que hay en una ciudad», añadió a continuación.

Una postura que apuntaló este domingo el director general de Turismo, a través de una entrevista concedida a El Diario. «Intentaremos llegar al verano con un decreto marco en el que basar las futuras regulaciones para poner algo de orden», afirmó Gustavo Cubero. «Tanto el Gobierno como los ayuntamientos tenemos una responsabilidad compartida. Debemos poner unas normas consensuadas con los consistorios, pero que sean comunes para todos. Hay que evitar que nosotros digamos 'a' y luego ellos digan 'b'. Hay que ir por el mismo camino», subrayó. La intención del Gobierno regional es que los ayuntamientos se adecúen al decreto marco a través de los diferentes planes generales de ordenación urbana.

En el último escalón, aunque no por ello menos importante, están las comunidades de propietarios, que son las que sufren más de cerca las incomodidades y molestias de algunas de estas viviendas turísticas. El Tribunal Supremo les ha allanado el camino recientemente al abrirles las vías para su prohibición a través de dos sentencias que avala el veto sí así lo recogen los estatutos comunitarios. También pueden hacerlo si así lo aprueban en junta tres quintas partes de la propiedad.