Vivir con la amenaza del derribo

Desde hace 20 años, 579 familias se acuestan en Cantabria sin saber si al día siguiente vendrán las palas a tirar sus casas. Los años pasan y las máquinas nunca llegan, pero la amenaza siempre está ahí, perenne, amargando su existencia y destrozando su vida emocional y familiar. Algunos ya no viven para contarlo. En estos cuatro lustros han muerto 80 personas. De manera intermitente a los afectados les llega una noticia para recordarles que llevan dos décadas ocupando una vivienda ilegal y que los jueces están dispuestos a ejecutar las sentencias más pronto que tarde.

Dentro de este colectivo de familias atrapadas en el laberinto de los derribos, existe un subgrupo de propietarios condenados inexorablemente a perder sus casas, según la Administración regional. Son los desahuciados de los derribos, 130 familias cuyas viviendas no tienen salvación posible, aunque alguno se resiste a admitir ese desenlace.

El caso de los derribos en Cantabria es, posiblemente, el más peculiar de todo el país. No se trata del tan habitual incumplimiento de la Ley de Costas, ni de viviendas que se construyeron en suelo protegido y sin permisos o que se cambiara su uso en pleno ladrillazo. Su pecado son irregularidades de corte menor en la mayor parte de los casos, denunciadas por la asociación ecologista ARCA a partir de 1992, y ratificadas por los tribunales de Cantabria y el Supremo, una tras otra. Los jueces declararon responsables patrimoniales al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos implicados (Argoños, Arnuero, Escalante y Piélagos) –salvo alguna excepción, en que la administración municipal (Argoños) fue condenada en solitario– por negligencia en la aprobación de los planes urbanísticos. Y se da la circunstancia de que el presidente Miguel Ángel Revilla era consejero de Obras Públicas y responsable de la Comisión Regional de Urbanismo cuando la comunidad avaló los planeamientos que permitían levantar las edificaciones declaradas ilegales. Por eso las familias le señalan.

La justicia declaró ilegales 621 viviendas (incluidos las 42 en estructura de La Arena), pero 449 serían legalizables cuando los ayuntamientos den luz verde a los nuevos planes urbanísticos, aunque sólo el de Arnuero está aprobado. El resto, 130 casas, no podrá salvarse, según las cuentas del Gobierno, que calcula que le costará más de cien millones hacer frente al conflicto, para lo que no tiene dinero. El Ejecutivo pidió un crédito extraordinario de 65 millones al Gobierno central. No tuvo éxito. Durante estos años los sucesivos Gobierno regionales han intentado medidas para retrasar la ejecución, pero el Supremo dictó en marzo la última palabra y ya no caben más dilaciones ni argucias legales.

Didier Fleury se niega a pertenecer al dramático club de los afectados desahuciados por la Administración. Su vivienda, situada en el alto de la playa de Cerrias, en Liencres, destaca por encima de todas las que la rodean por sus dimensiones e impresionantes vistas. Es una de las 17 casas que el Gobierno considera ilegalizables en Piélagos. «Falso», se rebela Fleury, que asegura que solo se necesita «voluntad política» para regularizar las viviendas. «Que no mientan más. Cantabria es la única región en España que mira para otro lado en este problema y no regulariza las cosas», acusa.

Fleury, consejero delegado del mayor grupo alemán de hipermercados, el gigante Metro, llegó a Cantabria para incorporarse a uno de los hipermercados con más éxito del país, el Pryca de Peñacastillo. «Fui su primer director, me casé con una santanderina, vendí todos mis bienes en Francia y los invertí en esta casa. Estoy en esta región desde 1985 y en esta vivienda desde el año 2000», relata.

El francés es portavoz de los propietarios de las 17 viviendas unifamiliares sobre las que pesa una sentencia de derribo desde 1998 por encontrarse dentro de la franja de protección de 100 metros de la Ley de Costas. Recuerda que tienen «todos los papeles en regla, incluida la cédula de habitabilidad, porque se construyó cuando el deslinde provisional eran 20 metros». Fleury ha puesto a trabajar a toda una pléyade de abogados en el caso y asegura que las viviendas se pueden regularizar en base a la reforma de la ley de Costas que reducía la zona de servidembre a los 20 metros para los núcleos que cumplan una serie de requisitos, como sería el caso de Cerrias. Pero ni los tribunales ni el Gobierno comparten este criterio, hasta el punto de que el Ejecutivo da por hecho que son ilegalizables. «Mira lo que pasó en Marbella con Gil y se ha legalizado todo, y en Asturias ocurrió lo mismo», sostiene el ejecutivo, que advierte: «Hay más de quince casas construidas posteriormente a la mía dentro del deslinde. Algunas son propiedad de gente de la organización ARCA, y no han sido denunciadas. Pero si esta historia se calienta, en el mal sentido, vamos a poner encima de la mesa dinero para denunciar todas las viviendas que están dentro de los 100 metros en Piélagos».

Mientras la bravura del mar rompiendo en la costa se perfila a través de los grandes ventanales de la casa, Fleury no quiere ni pensar en que las palas van a echar abajo su mansión. «Las casas están perfectamente integradas en el entorno y vamos a luchar y a hacer mucho ruido para demostrar que hay soluciones y que esto no se toque», dice, e insiste en que «todo se arregla con voluntad política. La pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Piélagos y del Gobierno de Cantabria, que tienen que presentar a la Dirección General de Costas un expediente de legalización», porque «a los jueces hay que ponerles en la mano una salida para que esto se legalice».

Lo más grave de la situación es que «hay gente que se ha muerto y otros han tenido grandes problemas psíquicos y cardíacos. El mayor daño es que se está destrozando la vida emocional y familiar de estas familias. Además, el Gobierno quiere que Cantabria sea un faro a nivel de turismo, pero cómo se protegen inversiones extranjeras como la mía», se pregunta Fleury, que, positivo, se resiste a creer que le meterán las palas en su finca.

«Nos sentimos utilizados y engañados por los políticos, empezando por 'el de las anchoas' que era consejero de Urbanismo cuando se dieron los permisos. Un día le preguntaron: ¿Usted compraría una vivienda en Argoños? Tranquilamente, respondió, cuando ya había empezado todo». Ignacio Martínez se refiere al presidente Miguel Ángel Revilla claro está, a quien señala directamente. A Iñaki le duele que Revilla «se pase el día arreglando el mundo en La Sexta y que ni una sola vez haya hecho referencia a los afectados, ni siquiera nos ha dado un respaldo moral», lamenta.

Este jubilado bilbaíno compró una casita en Las Llamas II, pegada al monte, en 1997 y tres años después ya pasaba los fines de semana en ella con su familia. «Estas casas amanecieron mal porque el constructor nos dejó tirados y tuvimos que terminarlas por nuestra cuenta», recuerda.

En el ayuntamiento gobernaba Joaquín San Emeterio (PP) cuando una sentencia echó por tierra sus ilusiones. Desde entonces ha ido de sobresalto en sobresalto, pero ahora, dos décadas después, «cada vez veo más cerca que las palas entren en casa para tirarla. A la gente mayor se le ocultan las noticias negativas para que no sufran. Los demás vamos perdiendo la ilusión». Iñaki evoca aquellos años felices cuando la urbanización era «un hervidero de gente los fines de semana. Nos reuníamos, hacíamos jamadas... Ahora venimos de cuando en cuando y cada uno a su rollo. Mantenemos las casas, pero lo mínimo». Si sale una gotera la arreglo, pero nada más. ¿Para qué voy a gastar dinero si me van a tirar la casa?». Su esposa cuida el jardín, hasta siempre lechugas, pero con desafecto. «Este debía de ser un sitio para disfrutar. No es Ipanema pero a nosotros nos vale. Sólo queríamos venir y estar tranquilos. Ahora si me dan dinero lo cojo y corro, porque no he sido bien tratado. Palabras, todas las que quieras. Los mejores discursos los han dado los políticos con los afectados, comiendo paella».

Mercedes Díaz y su esposo Francisco Aragón, que viven en Torrelavega, frecuentaban el camping de La Arena y se enamoraron de esa playa, tanto que cuando vieron el anuncio de la promoción de los chalés de Cenavi no se lo pensaron dos veces. Corría el año 1991. En diciembre compraron en plano, pero ARCA, siempre ARCA, denunció la urbanización y en mayo de 1994 una sentencia echó por tierra sus ilusiones. Fue la primera de un largo y costoso proceso judicial. «Son 24 años de pleitos y los hemos perdido todos. Hemos gastado dinerales en abogados», se lamenta Francisco.

«Cuando salió la sentencia que decía que esto no era legal fue terrible, y los políticos pasaban de todo. Decían que esto se iba a solucionar pero nos vendieron humo. Recuerdo un abogado del ayuntamiento que nos dijo que la sentencia era inejecutable», se queja su esposa Mercedes, que recuerda que han vivido este largo proceso «muy mal, con verdaderas depresiones. Ahora lo vamos asumiendo, pero me he llegado a despertar por la noche gritando del susto que llevaba en el cuerpo». El matrimonio explica que todo el problema que tiene la urbanización, que cuenta con 102 viviendas, es que «el Gobierno recalificó el terreno, que pasó de rural a urbano sin hacerlo primero urbanizable, luego la situación se ha enconado de manera increíble». En abril de 2009 las máquinas entraron en la urbanización para echar abajo 42 viviendas que estaban en estructura. Hoy en su lugar hay un frondoso jardín. Los afectados firmaron un convenio con el Ayuntamiento y el Gobierno, en virtud del cual les construirán otra vivienda en el pueblo. «De contenta nada, yo compré una casa cerca de la playa y nos van a meter en un 'prao' y ni siquiera sé como va a ser la nueva. El problema es que no hay nadie en la cárcel por lo que nos han hecho. ARCA denunció una ilegalidad pero no a quienes la cometieron», sentencia Francisco.