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Ricardo votó cuando la edad ya se lo permitía. Recuerda que, hace años, asistió a algún mitin en campaña. Hasta le tocó estar en una mesa en jornada electoral. Todo lo cuenta con el verbo en pasado. Una sentencia judicial le inhabilitó para seguir ejerciendo ... su derecho. «Hace ocho o nueve años». Dice que, al principio, no le dio demasiada importancia. Pero cuando llegaron los siguientes comicios, todos, en su casa, empezaron a recibir correspondencia. La tarjeta del censo, la propaganda... A todos menos a él. «Ahí sentí como si quedara atrás. Y me dio rabia».
Marián dice que se fue del colegio electoral «llorando». Se enteró allí mismo, delante de la urna. Su nombre ya no estaba en la lista. Borrado. «No puede votar». Y lo mismo le pasó a Isabel. Fue a una comunión y a eso de las siete se fue con la papeleta a su mesa. Tenía tiempo y todo pensado. Pero no. Ella tampoco. Y así han estado años. Hasta ahora. Un cambio en la Leyha devuelto el derecho a decidir a las personas con discapacidad intelectual, a las que sufren una enfermedad mental y a las que tienen una discapacidad cognitiva. Entre los que votarán por primera vez y los que volverán a hacerlo tras mucho tiempo, en Cantabria son más de 2.000 personas. Isabel está tan entusiasmada que dice que va a hacer «una fiesta».
Para darles un tutor, por protección, se cambiaba su capacidad jurídica. «Se iba a la mayor protección, al máximo. Sobre todo por cuestiones económicas y con la mejor intención, pero, en la práctica, se les privaba de todos los derechos, se les dejaba sin validez», explica una de las personas de apoyo de los protagonistas de esta historia. Además, rara vez les explicaban cómo cambiaba su vida. Qué suponía. «Y pasaban a ser ciudadanos de segunda». Y sí que podían recuperar su derecho, «pero los pasos que tenían que dar eran enormes». «Hay que tener muchas ganas de votar para cumplir todo lo que les pedían», cuenta Mar Arruti, presidenta de Cermi Cantabria, las plataforma de representación y defensa de los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidad de la región. Médicos, abogados, preguntas a veces no demasiado sencillas... «A alguno le daba hasta miedo ir a solicitarlo por lo que les podían preguntar».
Por eso la cita del 28 es clave. Importante para todos, pero, para ellos, más. «No le das mucha importancia inicialmente, pero cuando llegó el momento de las primeras elecciones en las que no pude votar, me dio rabia». Es parte del relato de Ricardo González, que a sus 38 años, hará algo que «pensaba que ya no iba a hacer nunca». Natural de La Lastra (aunque ahora vive en Peñacastillo) tiene previsto ir al Ayuntamiento para comprobar que su nombre está de verdad en la lista. Que no hay errores. «Quiero asegurarme». Para él, verse, será «estar ahí igual que todos los demás». «Sentirte igual, que es necesario. Es una alegría muy grande porque te quitas un disgusto». Dice, de hecho, que a la hora de decidir se fijará «en los que propongan cosas como ésta –en referencia al cambio de la Ley–». «A ver si acertamos con el voto...».
Marián de Celis tiene 42 años y una sonrisa contagiosa. Nació en Reinosa, pero hace ya tiempo que vive en Santander. «Con 18 fue la última vez que voté y cuando fui a votar en las siguientes elecciones ya no estaba mi nombre». Entonces residía en Villaverde de Pontones. Ella cuenta que fue «Cacho» –el responsable de la residencia de Ampros en la que vivía– el que le explicó qué pasaba. Cuenta con cierto resquemor que «un montón de papeles» –«pero sin hablar conmigo»– fueron suficientes para incapacitarla y ella se ha resistido en estos años a perder su derecho. Salió, de hecho, reclamándolo en un reportaje de El Diario hace unos años.
–¿Y estás contenta?
–Hombre, muchísimo. Es una lucha que ha conseguido su fruto y ya era hora. Será un día especial y lo estamos disfrutando antes de que llegue.
Cuenta que estos días, en Ampros, les van a enseñar todo lo necesario. Colores de los sobres, papeletas, cabinas... «Un proceso de formación». Entrenamiento. Cuando el presidente de la Fundación Tutelar Cantabria le comunicó la noticia le dio un vuelco. «Se me pasaron por la cabeza un montón de ideas. Supone tener muchas cosas que antes no teníamos. Sentir que tu voto también vale». Porque Marián lo describe con un ejemplo perfecto. «Yo botaba como todo el mundo, pero no votaba. Y ahora tengo ese derecho y esa responsabilidad». Se lo toma tan en serio, que aún está pensando a quién dará su voto. «Les escucho en la tele, pero todavía no me ha convencido ninguno».
La única que ya lo tiene claro es María Isabel López. La más veterana (58 años). Lo sabe, pero no suelta prenda. «Yo tengo que ser yo y miro por mí». Pudo votar tres veces y luego –desde ese día que asistió a una comunión y se enteró en el mismo colegio que ya no podía–, nada. «Mi prima me decía que si no podía votar que tampoco pasaba nada, pero es que yo quería votar». De hecho, volvió a intentarlo, pero se topó con los mismos problemas. «Me decían que había que mover muchos papeles y pagar a un abogado para llevarlo al juez...». Su reflexión, entonces y ahora, es la misma. «Si votan los demás, ¿por qué no voy a poder votar yo? Ni mi familia ni nadie me puso ningún problema hace años». Ella sí que ha ido ya a ver que su nombre está en la lista. Cuando lo vio, no pudo resistirse. «Le di un beso a mi monitora allí delante de todo el mundo. Porque yo tenía esa ilusión. Votar igual que los demás, eso desde luego».
Ahora está «deseando que lleguen los papeles». Lo que para otros es un incordio, para ella tiene un significado. Acabar con la sensación «de que no llega nada». Lo mismo que contaba Ricardo y que hace pensar al que lo escucha. «Es –termina– un año completo. He dejado de fumar, es mi cumpleaños en unos días y voy a poder votar. Tengo que hacer una fiesta para celebrarlo».
Y queda, con todo, una última historia. Porque la santanderina Bárbara Fernández, de 36 años, nunca perdió el derecho al voto, pero, en la práctica, no pudo hacerlo en una ocasión. Va en silla de ruedas por una parálisis cerebral y, a los 18, se topó «con un colegio inaccesible». «Yo quería votar pero no pude». De hecho, para los siguientes comicios lo preparó todo y acudió a Correos (voto por correo). «Pero me pasó lo mismo. Tuvo que entrar mi madre en el edificio y le decían que si podía subir. Yo no podía por las escaleras, así que acabé votando en la calle porque un vigilante de seguridad sacó la urna». Años después se mudó y su actual colegio sí está adaptado. Pero Bárbara ha seguido trabajando por otras personas con discapacidad y participó en un estudio para revisar los colegios electorales de la región. Eso ha abierto muchas puertas. Y nunca mejor dicho.
La Ley les ha devuelto el voto, pero aún queda un trecho. En un principio, la Junta Electoral Central decretó que en las mesas podían apuntar el DNI de las personas con discapacidad si se sospechaba que no votaban de manera «voluntaria, libre y consciente». Las protestas desde Cermi han permitido rectificar y eliminar el matiz de esa opción restringida a estas personas. «Ahora se le puede pedir a cualquier persona, pero es extraño. ¿Quién es un interventor para valorar eso? Si lo piden, se va a liar», explica Mar Arruti. Habla de eso y de su otra gran reivindicación. La accesibilidad. «Hace tiempo que reclamamos que los programas deberían ser accesibles, porque podemos dar un derecho, pero si esos documentos son farragosos...». Arruti explica que los partidos se comprometieron, «pero vemos que la fecha se acerca y hacer esto no es fácil». «En otras comunidades llevan dos meses adaptándolos, pero aquí nada y ya no va a dar tiempo». Además, un estudio elaborado por Cermi en Cantabria poniendo la lupa sobre 356 colegios electorales de la región indicaba, por ejemplo, que en un 20% la entrada al edificio no es accesible.
«Nos llegan quejas de colegios o de lugares donde hay mítines. Le decimos a la gente que mire con tiempo si sus colegios son accesibles. Lo miran y nos avisan. Y cuando les proponen como solución subirles en brazos entre dos vigilantes por una escalera o que les bajan la urna a la calle les decimos que no acepten. Porque eso afecta a la dignidad de las personas».
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