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Está siendo una semana convulsa en el PP y Vox tras haber votado a favor de una reforma legislativa que permitirá que los presos de ETA descuenten de sus condenas los años de cárcel cumplidos fuera de España, lo que agilizará la salida de prisión ... de muchos de ellos. Ese «error injustificable», en palabras de Alberto Núñez Feijoo, llevó al diputado cántabro Emilio del Valle, que ejercía como representante de Vox en la ponencia de la tramitación del proyecto de ley, a presentar su dimisión. Pero el gesto fue rechazado casi de inmediato por su partido, que lo mantiene en el escaño «habida cuenta del gran trabajo realizado en la actividad parlamentaria durante estos años». Eso sí, si el proyecto de ley vuelve al Congreso tras pasar por el Senado, no será Del Valle quien asuma ese trabajo en la ponencia.
De momento, el diputado de Vox es el único representante cántabro en el Congreso que ha ofrecido su cargo tras este error mayúsculo de ambos partidos. Quienes sí lo hicieron también fueron los tres representantes del PP en la Comisión (Rafael Benigno Belmonte, Ana Belén Vázquez y José Manuel Velasco), pero el portavoz parlamentario de los conservadores, Miguel Tellado, lo rechazó acto seguido.
Ninguno de los diputados de Vox y PP presentes en la Comisión de Justicia del Congreso, en el que se debatía una reforma para adaptarse a la normativa europea sobre intercambio de información de antecedentes penales, puso objeciones a esa enmienda de Sumar en la que se pedía que los años de condena cumplidos por los etarra en cárceles extranjeras computen una vez que lleguen a España. Un cambio de calado introducido por la puerta de atrás, sin previo aviso y sin debate, que nadie entiende cómo ha pasado desapercibido para los equipos jurídicos de PP y Vox, pero que no tendrá consecuencias -por el momento- para ninguno de los diputados involucrados directamente.
«La dirección del Grupo Parlamentario Vox asume como coral un error que devasta el ánimo de todos sus diputados y reitera las disculpas a todos los españoles atónitos e indignados por esta maniobra del Gobierno, a la vez que recuerda que nuestro voto en contra no habría conseguido evitar los perversos efectos de esa disimulada enmienda, que es -hoy lo sabemos- premeditada y declarada voluntad de un Ejecutivo decidido a rebajar condenas de cárcel a sanguinarios etarras», informaron desde el partido de Santiago Abascal.
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