Vox se aparta del 'caso Obras Públicas' como acusación popular

El 'caso Obras Públicas', el de las supuestas adjudicaciones de obras de carreteras a cambio de mordidas, ha perdido a uno de sus actores. El partido político Vox se ha apartado del proceso como acusación popular, papel que representaba hasta el momento junto a la Asociación de Constructores Promotores de Cantabria (APC).

Según la información trasladada a este periódico por fuentes cercanas a la investigación, hace unos días Vox solicitó a la titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, la devolución de la fianza, de 4.000 euros, que tuvieron que depositar en su momento para poder ejercer la acusación popular.

Este viernes, la jueza emitió una resolución en la que respondía a la petición y acordaba devolver dicho depósito a la formación política, que queda así fuera del procedimiento.

Como se recordará, la Asociación de Constructores intentó personarse como acusación particular en el caso, pero la magistrada desestimó la petición al entender que «carece de la condición de perjudicada en los delitos contra la Administración pública que están siendo investigados, al no ostentar la condición de perjudicada y ofendida directa en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación». Fue entonces cuando el colectivo optó por ejercer la acusación popular, para lo que tuvo que depositar una fianza de 4.000 euros, la misma que tuvo que entregar Vox.

A partir de ahí, la jueza entendió que tanto la APC como Vox tenían que intervenir en las actuaciones bajo una misma dirección y representación, que tenía que ser la correspondiente a la Asociación de Constructores al ser la primera compareciente en el procedimiento interesando su personación. Pero ambos colectivos discreparon y recurrieron a la Audiencia, que ratificó la decisión de la jueza.

Fuentes de Vox señalaron a este periódico que el hecho de haber reclamado la fianza no supone que "estemos fuera del proceso". A su entender, al no tener una representación propia en el procedimiento no tenían por qué haber depositado los 4.000 euros. Sin embargo, la resolución de la instructora es clara y les da por apartados.

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