Vox aprieta al Gobierno de Cantabria para derogar la Ley de Memoria Histórica

«Una sociedad democrática y pluralista no puede permitir que el poder político fije relatos cerrados, simplificadores o maniqueos sobre acontecimientos tan poliédricos», señala el documento firmado por la portavoz, Leticia Díaz. «No es potestad de ningún legislador de hoy en día juzgar colectivamente a aquellos españoles de entonces para volver a dividir a las generaciones presentes a costa del pasado», subraya.

Precisamente, este mismo verano el Ejecutivo regional aseguró seguir trabajando en el proyecto legislativo para derogar esta ley, pese a que otras comunidades gobernadas por el PP van en camino contrario tras su ruptura con Vox. La diferencia con respecto a otros territorios, matizan desde el PP cántabro, es que allí la eliminación de la normativa de Memoria Histórica formaba parte de un acuerdo de gobierno con la extrema derecha, mientras que en Cantabria ese pacto no existía y la medida venía reflejada en el programa electoral de los populares.

María José Sáenz de Buruaga tampoco va a esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso que interpuso Pedro Sánchez contra la derogación de la Ley de Memoria de Aragón. Si el Alto Tribunal falla en contra de la comunidad y a favor del Estado, enterraría cualquier iniciativa del PP de eliminar la legislación de Memoria Histórica. En Aragón y, lógicamente, en Cantabria también. En el caso de que el TC sí permita las derogaciones de la ley, el PP cántabro sigue trabajando en su proyecto de ley, que aún no está previsto si llegará al Parlamento de forma independiente o dentro de la Ley de Medidas del próximo Presupuesto.

En cualquier caso, la presidenta regional considera innegociable mantener las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para que las familias puedan recuperar sus restos, así como la conservación de toda la documentación disponible en la comunidad sobre esa etapa histórica. Una vez derogada la ley, el plan es que las exhumaciones estén amparadas por la Ley de Patrimonio, mientras que el material documental se custodie gracias a la Ley de Archivos y Bibliotecas, según informaron desde el PP.