Vox investiga a Leticia Díaz por una denuncia interna de acoso laboral

Todo empezó el verano pasado, tras las elecciones autonómicas, cuando Leticia Díaz, ya enfrentada con el diputado Cristóbal Palacio, empezó una campaña en el grupo parlamentario para cambiar por completo el equipo de trabajo heredado de la pasada legislatura y afín al abogado. Primero despidió al encargado de redes sociales y después, tras la intervención de un mediador nacional por el caos interno ingobernable, consiguió que saliera el coordinador del grupo, Niko Gutiérrez.

En ese momento, Madrid ya había recibido quejas oficiales por el trato que, presuntamente, Leticia Díaz ofrecía a la asesora Carmen López Tafall. Fue a finales de enero cuando López Tafall se cogió una baja laboral y presentó a su partido una denuncia por acoso contra la portavoz parlamentaria. Desde la dirección nacional activaron inmediatamente el protocolo para estos casos y entrevistaron tanto a la denunciante, por videollamada, como a Leticia Díaz. También cuentan con actas de reuniones y otra documentación que, supuestamente, podría corroborar los hechos denunciados por la trabajadora.

La portavoz del grupo niega todos los hechos: «Lo que ha ocurrido es que la trabajadora se ha imaginado que la iba a despedir porque era personal de confianza del anterior portavoz y se ha cogido la baja, pero no existe ninguna denuncia y en Madrid solo han recibido un escrito anónimo». Este periódico ha podido confirmar, sin embargo, que sí existe la denuncia y la dirección nacional investiga los hechos hasta el punto de que durante los últimos días están tomado declaración a diputados y trabajadores del grupo parlamentario.

Este periódico se puso en contacto con López Tafall, que valorará lo ocurrido cuando finalice el proceso abierto. Otras fuentes del partido relataron que «los desprecios con ella eran continuos». «Era muy desagradable, las broncas eran diarias e, incluso, había llamadas de madrugada. No se podía trabajar así».

Será en las próximas semanas, una vez finalizado el informe, cuando Madrid dictamine un fallo. «Sea la que sea, el partido se encuentra en una situación muy compleja», explican las mismas fuentes. Si el máximo órgano de decisión de Vox decide dar la razón a la trabajadora, tendría que apartar a Díaz del grupo parlamentario. Y si falla en contra de la denunciante, el asunto podría llegar a los juzgados, donde saldrían a la luz testimonios y documentación que, presuntamente, podrían llegar a avalar la denuncia. «Ese escenario sería terrorífico», señalan.

Mientras todo esto sucede, Leticia Díaz decidió contratar a un diputado de Cataluña, Toni López, como coordinador del grupo parlamentario en sustitución de Niko Gutiérrez. Vox recibe una subvención anual de 345.000 euros del Parlamento para sus gastos, un dinero con el que paga a los seis asesores con los que cuenta en la Cámara. De ese fondo salen los 50.000 euros que el nuevo coordinador cobra como salario en Cantabria.

El problema es que López también es diputado con dedicación exclusiva en el Parlamento catalán, con unos ingresos aproximados de 60.000 euros. Es decir, sus emolumentos totales ascienden a 110.000 euros al año.

López confirmó a este periódico que preguntó en el Parlamento catalán si eran compatibles las dos nóminas. «Me dijeron que sí», asegura, aunque la certificación de esta compatibilidad nunca se ha llegado a aprobar oficialmente en la comisión correspondiente.

Se da la circunstancia de que la semana pasada, Leticia Díaz votó en Cantabria contra su compañero de partido Cristóbal Palacio para evitar que cobrara la dedicación exclusiva como diputado mientras ejerce como abogado en su despacho de Santander.

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