Vox suspende dos años de militancia a Cristóbal Palacio y pone en jaque al grupo parlamentario

Vox está al borde de la ruptura total en el Parlamento de Cantabria. La posibilidad de que el grupo se desgaje en dos y alguno de sus diputados se mude al Grupo Mixto coge peso después de que la dirección nacional haya suspendido dos años de militancia a Cristóbal Palacio, tan solo un mes después de que sancionara seis meses a la portavoz, Leticia Díaz, por acoso laboral a una trabajadora.

El abogado ha encontrado en su mail una resolución del Comité de Garantías de Vox en el que le comunica, por sorpresa, la suspensión por «negligencia en sus labores de diputado». A Palacio nunca le mencionaron la existencia de una investigación, ni la apertura del expediente, ni le tomaron declaración, ni le dieron opción a presentar una defensa, según él mismo ha confirmado a El Diario Montañés. Lo que sí detalla el mail de Madrid es que la denuncia fue realizada por Leticia Díaz y la diputada Natividad Pérez.

En concreto, se le acusa de no haber acudido a un Pleno del Parlamento de Cantabria y de haberse ausentado de varias votaciones. Palacio asegura que, en febrero, efectivamente, no pudo asistir a una sesión de la Cámara por «motivos justificados» que comunicó previamente a su grupo. También reconoce no haber votado en dos ocasiones, una de ellas por estar reunido con un consejero del Gobierno de Cantabria y su coordinador parlamentario para tratar una de las votaciones del propio Pleno.

El abogado se encuentra a la espera de que algún miembro de la dirección nacional le explique esta decisión y, sobre todo, por qué nadie le comunicó que este proceso estaba en marcha, como establece el reglamento del partido. Este tipo de crisis suele gestionarlas el número dos en Madrid, Enrique Cabanas, quien ha estado en Santander ya en varias ocasiones para intentar arreglar los problemas del grupo parlamentario. Cabanas, brazo ejecutor de Santiago Abascal, ha gestionado con mano de hierro toda la estructura territorial del partido, pero en Cantabria todavía no ha conseguido reconducir un enfrentamiento que no para de acentuarse desde hace más de un año. De hecho, el pasado mes de julio la dirección nacional dio un golpe sobre la mesa y quitó poder a los diputados cántabros. Se decidió coordinar desde Madrid toda la actividad en la Cámara con la creación de un Consejo de Dirección formado por tres miembros de nacional y dos de Cantabria. Pero no parece que eso haya calmado los ánimos.

Palacio tiene previsto presentar un recurso la semana que viene, pero si no se admite perderá durante dos años sus derechos como afiliado de Vox, el máximo castigo que recogen los estatutos del partido para casos graves. El siguiente paso sería la expulsión. Lo que sí podrá es continuar ejerciendo como diputado bajo las siglas de Vox en el Parlamento, ya que Madrid ha decidido no inhabilitarle como representante institucional, otra de las sanciones previstas en el artículo 37 de los estatutos para estos casos graves.

Tal y como sucedió hace un mes con el castigo a Leticia Díaz por acoso laboral, lo que no está claro es el alcance real de esta sanción. ¿Qué significa perder los derechos de afiliación? En teoría, según fuentes oficiales del partido, no podría hablar, ni votar, ni decidir nada en las reuniones del partido y tampoco en las del grupo parlamentario.

Mientras tanto, Palacio sigue a la espera de ver cómo se resuelve la denuncia que presentó en la Policía Nacional, junto al diputado Armando Blanco, por escuchas ilegales en el Parlamento. En su declaración ante los agentes, ambos aseguraron que un asesor que trabaja en exclusiva para Leticia Díaz utilizaba un bolígrafo grabador para recoger, sin consentimiento, todas las conversaciones que se producían en el despacho. Palacio y Blanco reconocen en la propia denuncia que desde hace un año existe «una gran rivalidad política» en el grupo parlamentario.

Desde luego no está siendo una legislatura fácil para los dirigentes de Vox. Ni en Cantabria ni a nivel nacional. A la marcha de su líder en Madrid, Rocío Monasterio, dando un portazo contra todo el aparato del partido, hay que sumar el lío en el Congreso de la semana pasada, cuando el cántabro Emilio del Valle, entre otros, votó por error a favor de una reforma legislativa que permitirá que los presos de ETA descuenten de sus condenas los años de cárcel cumplidos fuera de España, lo que agilizará la salida de prisión de muchos de ellos.

Meses antes, en enero, Del Valle dejó la presidencia del partido en Cantabria debido a «una enfermedad de larga duración de su esposa», según él mismo explicó, y en plena ebullición de la pelea interna en el grupo parlamentario. A pesar de que Madrid tardó seis meses en ratificarla en el cargo, la concejala de Santander Laura Velasco actuó 'de facto' como presidenta durante ese tiempo, a lo que ayudó su ascendencia entre los coordinadores municipales y haberse distanciado de los problemas en el grupo parlamentario. «Yo no tengo posibilidad de intervenir en la Cámara porque depende directamente de una vicesecretaría nacional. Ya han venido desde Madrid en varias ocasiones y se han reunido con los diputados», explicó en una entrevista en El Diario Montañés el pasado julio.

Laura Velasco tiene por delante una complicada tarea para aislar el trabajo de sus coordinadores locales del conflicto del Parlamento, con el objetivo de mejorar esos 36.000 votos y 4 diputados que logró el partido de Santiago Abascal en las últimas elecciones en Cantabria.

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