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Vuelta Ostrera se ha convertido en un quiste ambiental, judicial, económico y político que Cantabria lleva casi 30 años sin poder eliminar. Bajo el peso de una sentencia de derribo que no acaba de ejecutarse, la depuradora estaba llamada a solucionar el problema endémico del saneamiento Saja-Besaya, pero ha terminado por convertirse en parte del problema. El Ministerio acaba de decidir, después de muchas idas y vueltas, que la nueva instalación que sustituya a la actual se construya a solo 300 metros de ella. Es decir, se demolerá una planta de 24 millones de euros para construir otra por 110 millones a solo un paso. ¿Es este el último capítulo de tres décadas de polémicas, denuncias y enfrentamientos políticos? Aquí repasamos toda la historia de la depuradora, desde mediados de los años 90, cuando el proyecto se aprueba en Madrid, hasta la última decisión del Ministerio el mes pasado.
El Gobierno central aprueba el proyecto y emplazamiento de la depuradora de Vuelta Ostrera.
El Consejo de Ministros autoriza la construcción de la estación por 3.500 millones de pesetas –24 millones de euros–, financiada en un 85% por el Estado.
Enero 2000. Comienzan las obras de la estación. La ministra Isabel Tocino (PP) coloca la primera piedra.
Agosto 2000. ARCA presenta una denuncia por «delito ecológico y prevaricación». Las obras se paran.
La Fiscalía ve indicios de delito ecológico en la construcción de la estación.
Para esquivar la denuncia de ARCA, el Consejo de Ministros declara como Zona de Dominio Público la parcela de la depuradora.
Se reinician las obras de construcción.
ARCA recurre ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros sobre Vuelta Ostrera.
Con tres años de retraso sobre el calendario original, la ministra Cristina Narbona (PSOE) inaugura la depuradora.
El Tribunal Supremo ordena demoler la depuradora, sin que todavía se haya puesto en marcha, por atentar contra la Ley de Costas.
Un millar de vecinos de la comarca, a pie y en barco, se manifiestan en Suances contra el derribo.
ARCA y el Gobierno central llegan a un acuerdo para no demoler la estación hasta que exista otra ubicación alternativa. Medio Ambiente prevé que el derribo se ejecutará en 2012 o 2013.
El Supremo acepta aplazar el derribo de Vuelta Ostrera, que sigue sin ponerse en marcha.
La planta empieza a sanear agua por primera vez, siete años después de comenzar las obras.
ARCA amenaza con ejecutar la sentencia de derribo porque no se ha cumplido el pacto firmado con el Ministerio en 2005.
El Gobierno de Cantabria (PP) presenta en el Congreso una enmienda a la reforma de la Ley de Costas para intentar anular el derribo. Se le concede un indulto temporal hasta agotar su vida útil.
ARCA rompe el acuerdo con el Ministerio y solicita al Supremo la ejecución de la sentencia de derribo. Alcaldes de PRC, PP y PSOE se unen para pedir que no se tire la instalación.
El Tribunal Supremo ordena demoler Vuelta Ostrera antes de que acabe el año.
El Ministerio de Medio Ambiente contrata a una empresa para elaborar el estudio de ubicaciones alternativas para la depuradora.
El Tribunal Supremo concede un nuevo margen de siete años para demoler la estación, mientras se elige una nueva localización.
El estudio de alternativas encargado por el Ministerio señala como favoritos un terreno de Cortiguera, situado a solo 300 metros de la actual instalación, y otro en El Borroñal (Hinojedo).
El Tribunal Constitucional anula la enmienda que el PP introdujo en la Ley de Costas, en 2013, para indultar a Vuelta Ostrera.
Un informe técnico del Gobierno de Cantabria desaprueba la alternativa de Cortiguera para la nueva estación por razones ambientales y de seguridad.
ARCA propone el puerto de Requejada como mejor emplazamiento.
El Ministerio pide al Supremo retrasar aún más el derribo para la estación previsto para 2020. Pero el Tribunal amenaza con ejecutarlo en dos meses si el Gobierno no cumple el calendario fijado.
Otro informe del Gobierno de Cantabria desautoriza seis de las siete alternativas barajadas por el Ministerio y propone tres nuevas ubicaciones.
El Ministerio opta por la Isla de Monti, en Requejada, para situar la nueva depuradora. Solvay avisa del «peligro terrible» de construirla en la misma zona donde hay balsas de líquidos residuales. Ayuntamiento y vecinos se posicionan en contra.
El Gobierno de Cantabria se posiciona en contra de la ubicación en la Isla de Monti. Al mismo tiempo, el Ministerio encarga el proyecto para derribar la instalación 14 años después de la primera sentencia del Supremo.
El Ministerio cambia de opinión y decide ahora que la reubicación de la depuradora será en Cortiguera, en una parcela situada a 300 metros de la actual. El Gobierno de Cantabria da por buena la decisión.
El Ministerio vuelve a dar marcha atrás y dice que volverá a elaborar un nuevo estudio de alternativas, debido a que ha recibido nuevos informes sobre suelos contaminantes.
El Ministerio elige de nuevo la parcela de Cortiguera como ubicación definitiva de la nueva estación. La actual depuradora aún no se ha derribado.
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Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
José A. González y Álex Sánchez
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