Vuelve el lobo ibérico

En el punto de mira de cazadores, ganaderos, agricultores y furtivos, sus detractores más hostiles, el lobo ibérico, considerado oficialmente una plaga hasta el año 1970, ha conseguido con ayuda de la ley y los colectivos conservacionistas recuperar su mermada población y el lugar que le corresponde dentro del catálogo de las especies más representativas de la fauna española, pero todavía no ha sido capaz de consolidar su estatus.

«El estado de la población lobera es hoy bastante saludable», asegura el biólogo Juan Carlos Blanco, miembro de la Iniciativa de los Grandes Carnívoros para Europa de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y una eminencia en el mundo del lobo. «No sólo no está disminuyendo sino que, en zonas muy determinadas, más concretamente en los llama-dos bordes del área de distribución, está aumentando».

Basta con echar un vistazo al último censo, elaborado en el año 2014 por el Ministerio de Agricultura, para darse cuenta de que, en efecto, durante el último medio siglo, la presencia del lobo ibérico ha crecido en España.

Conforme a lo que dice el inventario, en toda la geografía nacional había en ese entonces 297 manadas, esto es, 47 más que las registradas en el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España en el año 2007.

La mayoría, 179, se concentraba en Castilla y León. El resto se movía por Galicia (84), Asturias (37), Cantabria (12), Castilla-La Man- cha (2), País Vasco (1), La Rioja (1) y Madrid (1), comunidades autónomas en las que se detectaron 39 manadas de carácter transfronterizo, esto es, compartidas.

De esa expansión del lobo ibérico no se ha visto excluida la región, donde, según los datos que maneja la Fundación Oso Pardo, la presencia de esta especie se habría quintuplicado en los últimos treinta años pasando de las tres manadas localizadas en 1988 a las doce/trece observadas en 2014.

Atendiendo a la opinión de los expertos, que calculan nueve ejemplares por manada, en Cantabria, donde habitan ocho exclusivas y cuatro compartidas con las comunidades autónomas colindantes, habría en torno a los 120 o 130. «En una comunidad tan pequeña, estas cifras están bastante bien», subraya Blanco.

En la misma línea que el biólogo, que lleva más de 25 años estudiando los comportamientos del lobo en España, Europa y Estados Unidos, el director general de Medio Rural, Antonio Lucio, reconoce un incremento en el número de ejemplares a la vez que llama la atención sobre otro hecho ciertamente revelador. «No sólo ha aumentado el número sino su área de presencia».

De acuerdo con los datos que maneja Lucio, su rastro se ha ampliado de los 2.130 kilómetros cuadrados en los que se movían las tres manadas localizadas en el año 1988 a los 3.500 kilómetros cuadrados en los que lo hacen las doce/trece manadas censadas en la actualidad y que él eleva a «14 ó 15».

Esperanzadora a la vista de los grupos ecologistas y conservacionistas, la expansión del lobo es, por contra, desalentadora a los ojos de los colectivos que se sienten perjudicados -ganaderos, principalmente- y, por ello, en su derecho de exigir a las Administraciones autonómicas una respuesta más contundente a los feroces ataques de estos animales a sus propiedades.

Un viejo conflicto que no es exclusivo de España, afirma Blanco, «porque este problema se produce en el resto de Europa e incluso en Estados Unidos».

Él tiende a relativizar el asunto. «Le voy a decir algo como científico», previene el biólogo pucelano. «Ni creo que los temores de los conservacionistas estén justificados, porque la población de lobo ibérico ha crecido o, en el peor de los casos, se ha estabilizado debidamente, ni creo que lo estén los de los ganaderos, porque ninguno se va a arruinar por culpa del lobo».

Optimista, el biólogo piensa que, aún siendo el conflicto inevitable en un Estado de arraigo ganadero, «tenemos los instrumentos adecuados para lograr el objetivo marcado, que es mantener al lobo ibérico en un estado de conservación favorable sin que ello genere un gran impacto en el ganadero».

Blanco se refiere al manto normativo sobre el que reposa la especie y que nace de la Directiva 92/43/CEE. Conocida como 'Directiva Hábitats', distingue el nivel de protección del lobo dentro de la Península Ibérica tomando como exclusiva referencia el río Duero.

«Los lobos localizados al sur están incluidos dentro del Anexo II ('especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación'), y también dentro del Anexo IV ('especies animales y vegetales de interés comunitario que en su caso requieren una protección estricta'). Y los lobos localizados al norte se incluyen en el Anexo V ('especies animales y vegetales de interés comunitario, cuya recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión'), entendiendo que el término gestión no es sinónimo de explotación cinegética».

Dentro de este marco legal, impuesto por la Unión Europea, las comunidades autónomas despliegan disparidad de criterios. Al sur, en peligro de extinción o de interés especial, están sometidos a estricta custodia. Al norte, no cinegético, cinegético o no protegido, su status se ramifica.

«En Cantabria, el lobo ibérico está considerado especie cinegética», recuerda Antonio Lucio, lo cual «no convierte su caza en una romería», matiza el político. «Aquí el lobo se caza de acuerdo con unos criterios establecidos por la Administración» que depende de a quien se pregunte, si a ganaderos o a ecologistas, o no llegan o se pasan.

Nadando entre esas dos aguas, el Gobierno de Cantabria decidió fabricar en su día la 'Mesa del Lobo', surgida de un interesante movimiento de diversas organizaciones, algunas agrarias y otras ecologistas, avenidas a crear un plan de gestión que complaciera a todos, lobos incluidos.

Lamenta el presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, que aquella idea «se abortara en su recta final». Pregunta «¿por qué?».

Lucio responde: «Con discrepancias, pero por mayoría, en esa mesa se planteó la gestión del lobo como especie no cinegética, así que, respetando aquel criterio generalizado, el Gobierno regional decidió elaborar un Plan de Gestión del Lobo en el que se modificaba su status y cambiaba de especie cinegética a especie no cinegética».

Sin embargo, cuando aquel borrador ya se encontraba en el proceso de salida a información pública, «nos encontramos con un problema potencial de seguridad jurídica relacionado con los controles que nos abocaba a una situación imposible», asegura el director general, que recuerda que esa circunstancia «nos obligaba a introducir un cambio en la Ley de Caza».

Anuncia Lucio que esa modificación, origen del 'frenazo' del plan, «se va a enviar al Parlamento regional antes de que concluya el año» y que, cuando la Cámara la apruebe, «porque confío en que la aprobará», el Ejecutivo pondrá ese programa -con el régimen actual, es decir, especie cinegética- encima de la 'Mesa del Lobo'.

Ese plan, concluye Palomero, «tiene que servir para dos cosas». La primera, «para avanzar en las medidas de prevención de los ataques», que él advierte van a seguir produciéndose porque, como dice Blanco, «son inevitables y, por lo tanto, hay que asumirlos como una realidad». Y la segunda, «para gestionar adecuadamente los controles de población que se hacen de esta especie», que él considera que son necesarios «porque en el escenario actual, ante la indudable expansión del lobo, otra cosa es impensable».