Zuloaga acusa al Gobierno de «privatizar» Alto Campoo y Martínez Abad defiende un acuerdo que «genera riqueza»

El Pleno de la Cámara abordó en su última sesión el arreglo alcanzado por la Consejería de Turismo con la empresa catalana, especializada en la explotación de hoteles de alta montaña, que adolece, según coinciden los socialistas y Vox, de falta de transparencia.

Zuloaga censuró la adjudicación directa del contrato en vez de optar por un concurso abierto «con todas las garantías», en el que primasen el mérito y la capacidad de quienes aspiraran a la explotación de las instalaciones. Igualmente, puso en duda las cifras facilitadas por el consejero para demostrar su falta de rentabilidad, lastradas por el efecto de la pandemia y del mal tiempo.

Aseguró además que el Ejecutivo autonómico tiene la intención de invertir dos millones de euros «de dinero público» en renovar estas instalaciones, en su opinión, «un chollo total»para SNÖ Hotels.

También la portavoz de Vox, Leticia Díaz, cuestionó la fórmula elegida por Turismo para ceder la explotación del hotel y las cafeterías de Alto Campoo, optando por un acuerdo de arrendamiento de negocio sin optar a la licitación pública.

El máximo responsable del área de Turismo insistió en que «no se privatiza nada», y negó que el acuerdo contemple una inversión millonaria de Cantur en las instalaciones. «Es mentira», recalcó Martínez Abad. También repitió que ningún trabajador de la empresa pública se verá afectado por el cambio –«no hay pérdida de empleo ni subrogación de personal»–. En su intervención, el consejero desgranó los beneficios del contrato, que pondrá fin a la pérdida de «cientos de miles de euros», que detalló: 784.325 en 2019; 732.331 en 2020; 667.084 en 2021, más de un millón en 2023... «Cuatro millones de euros que se podían haber dedicado a muchas otras cosas». Ampliar el periodo de funcionamiento del hotel permitirá atender no solo a los esquiadores en temporada, sino también atraer deportistas para preparación en altura, estudiantes o grupos para retiros religiosos. «En definitiva, turistas que dinamizarán la zona».

Con motivo de este debate, decenas de trabajadores de Cantur se manifestaron a las puertas del Parlamento, portando pancartas en las que se podía leer 'Contra la privatización de Cantur', 'Buruaga escucha, Cantur está en lucha' y 'El dinero de la nieve que nadie de fuera se lo lleve'.

Además, varios de ellos siguieron el debate parlamentario dentro del hemiciclo y fueron amonestados por la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta, por aplaudir la intervención del líder socialista.

En relación a los protestas de los trabajadores, Zuloaga afeó a Martínez Abad los calificativos de «violentos» a los empleados que se concentraron recientemente durante la presentación de la temporada de esquí de Alto Campoo en Escenario Santander y que llegaron a cortar la circulación en la S-20. «Decir 'hijo de perra, te vamos a quemar vivo' y cortar una carretera no es una actitud violenta?», cuestionó como respuesta el consejero.

Zuloaga también preguntó a Martínez Abad si la anunciada privatización del servicio jurídico de Cantur por 70.000 euros será para «hacer frente a la oleada de juicios contra los despidos de los trabajadores» de la empresa pública. El titular de Turismo reiteró que «no se va a perder ningún puesto de trabajo ni ningún trabajador va a ver modificada su situación laboral». «Ahora parece usted el abanderado de los sindicatos», recriminó el popular al socialista, y apuntó que «esos mismos» fueron los que «le acusaron de dejadez y abandono cuando estuvieron al frente de la Sociedad General de Educación, Cultura y Deporte».

Además, Martínez Abad subrayó que los trabajadores de Cantur estaban perfectamente informados del convenio. «Miembros del comité de empresa estaban perfectamente informados. Si no lo trasladaron, no es mi responsabilidad», afirmó el titular de Turismo, a la vez que sentenció que el Gobierno no ha «ocultado nada, absolutamente nada, porque no tenemos nada que ocultar».

La Consejería de Salud, igual que toda la plantilla del transporte programado delSCS, está «pendiente» de «si Diavida cumple y esta semana paga también la nómina de noviembre», que es el compromiso que adquirió en su intento de frenar la huelga. De entrada, consiguió aplazar la movilización hasta el día 28 –el jueves–, aunque el retraso en la nómina de octubre le ha supuesto, como ya adelantó este periódico, un nuevo expediente sancionador por falta muy grave. Este se suma al abierto en los primeros quince días como adjudicataria por 44 reclamaciones, que podrían tener un impacto de 100.000 euros. Pese a ello, y aunque ambos expedientes siguen su tramitación, el Gobierno de Cantabria ha optado por no retener ninguna penalización con el fin de que Diavida tenga solvencia suficiente para abonar los sueldos de sus empleados. De hecho, incluso ha adelantado el pago a la empresa, afectada por los daños causados por la DANA en Valencia, para que pueda hacer frente a las nóminas ante sus «problemas de tesorería».

El consejero de Salud, César Pascual (PP), abordó este tema en el Parlamento al responder a una batería de preguntas del diputado socialista Raúl Pesquera. Su predecesor en el cargo cuestionó el modo en el que se están realizando los traslados de pacientes en ambulancia, en ocasiones sin el personal necesario, y también por la falta de vehículos durante el turno de noche, incumpliendo los compromisos del pliego de condiciones. Pesquera se refirió igualmente al estado de las bases de las ambulancias que, denunció, «no cumplen las condiciones de limpieza», «no tienen baños» y «sábanas hay cuando hay». «Ir en ambulancia en Cantabria parece que se está convirtiendo en un factor de riesgo», lamentó el socialista, quien alertó de que «casi estamos entrando en un panorama de rescisión de contrato».

«No tengo elementos suficientes para aventurar una posible rescisión del contrato, por lo menos en el corto plazo, y esperemos que no se den las circunstancias para llevarlo a cabo», respondió Pascual, quien aseguró que sigue con atención la actividad de la empresa y es consciente de «los fallos de calidad». Aclaró que por la noche hay una ambulancia en cada área de salud. Yrespecto a las quejas sobre las instalaciones, indicó que, según los pliegos del contrato, el Gobierno no puede emprender «ningún tipo de acción» hasta que transcurran los primeros 120 días de servicio.