El vicepresidente autonómico Pablo Zuloaga ha acudido este martes al Parlamento de Cantabria para reponder a las preguntas de la oposición, que acusan a su departamento de utilizar la Sociedad Regional Cultura y Deportes para colocar a «amiguetes» y personas cercanas al PSOE ... En concreto, a través de un contrato para externalizar la tramitación de las ayudas a las empresas del sector para que puedan hacer frente a los efectos económicos del covid. Partido Popular, Ciudadanos y Vox coinciden en que la licitación por 221.000 euros de este servicio, además de ser un despilfarro, resulta «un escándalo». «Estamos hartos de la utilización que hacen de las empresas públicas como chiringuitos personales», ha recriminado la diputada Isabel Urrutia (PP), que entiende que la única intención es «colocar a cuatro amigos a través de una privatización encubierta».
Zuloaga ha defendido que la única forma de poder empezar a pagar a los afectados de manera inmediata era a través de ese sistema por la falta de medios humanos con los que cuenta la sociedad pública. Un asunto al que ha responsabilizado, precisamente, al PP, por recortar más de 30 puestos de trabajo durante su etapa en el Gobierno. «Sin ese apoyo, ninguna sociedad sería capaz de hacerlo con esta rapidez. Era fundamental que se hiciera con celeridad y eficiencia, ya que estamos hablando de dinero público», ha dicho el vicepresidente, que entiende que la burocracia y la tramitación no puede ser un obstáculo más para que el dinero llegue a quienes lo necesitan con agilidad. Además, ha aprovechado para anunciar que a lo largo de los próximos dos meses, la Sociedad Regional Cultura y Deporte sacará 30 puestos de trabajo para revertir «los recortes del PP». También que se han pagado ya todas las deudas que arrastraba la empresa pública.
Antes de escuchar los reproches de los partidos de la oposición, el consejero de Cultura ha explicado que en las distintas convocatorias de ayudas se entregarán 5,8 millones de euros. Está en ciernes una tercera, que prestará especial atención a los municipios que han tenido cierres perimetrales. En la primera convocatoria se han dado 850 ayudas (cada una de 1.500 euros) por un total de 1.275.000 euros y se denegaron otras 246. De las 1.017 ayudas solicitadas en la segunda (las está tramitando la empresa externa que ha generado la polémica, con el mismo importe que la anterior) ya se han aceptado 118 ayudas y esta semana se entregarán otras tantas.
Además del despilfarro que aprecian en el PP con un contrato de externalización que no creen necesario, Urrutia ha acusado a Zuloaga de mentir. O en el pasado, cuando reclamó a los grupos parlamentarios que le apoyaran a la hora de introducir un cambio legal que permitiera tramitar esta ayuda a través de la Sociedad Regional y no a través como Sodercan como el resto porque esta empresa pública tenía los medios necesarios, o ahora, que asegura que es imprescindible externalizar el servicio por la falta de personal. «Sólo ha llegado a las instituciones para arrasar», ha lamentado la popular, que ha insistido en que muchos de los beneficiarios de las ayudas querrían tener un sueldo como los 59.600 euros que va a ganar el coordinador de este nuevo equipo.
También Félix Álvarez (Cs) cree que lo lógico habría sido que Sodercan hubiera «centralizado este tipo de ayudas», pero ha recordado que creyeron a Cultura cuando les dijo que se haría a través de la Sociedad Regional porque «tenía capacidad suficiente de personal y conocimientos para sacarlas adelante». Como el PP, Ciudadanos ha puesto el acento en la falta de publicidad del contrato, que no se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria, algo que Zuloga ha rechazado. «Ha sido una licitación abierta y transparente», ha insistido el vicepresidente, que ha subrayado que toda la documentación era pública a través de la página web del organismo.
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