Zuloaga propone expulsar del PSOE a los tres militantes expedientados

Según han informado fuentes de la propia Ejecutiva regional a El Diario Montañés, los afectados recibieron el viernes por la tarde la notificación en la que el instructor del caso, el concejal de Castro Urdiales Pablo Antuñano, les anunciaba la resolución más contundente de su expediente disciplinario. Pero la sanción no es por reclamar documentación económica y administrativa, sino por la rueda de prensa que convocaron a las puertas de Bonifaz tras presentar oficialmente el escrito con sus demandas. El partido la tacha de «innecesaria» y con el único objetivo de «perturbar y dañar» la imagen del PSOE, explicaron fuentes cercanas a la instrucción del expediente.

Ursuguía (exdirectora general de Deporte), Oyarbide (exconcejal de Torrelavega) y Domingo (exdirectora general de Universidades) forman parte de ese sector crítico muy vinculado a Eva Díaz Tezanos. El día de autos, los tres no se andaron con paños calientes y acusaron a Zuloaga de gestionar el partido «con opacidad y poca transparencia», además de priorizar la imagen personal de los líderes a la moderación del gasto. También pusieron en duda que los militantes con cargo político estén dando una parte de su sueldo a la organización para su sostenimiento económico.

No fueron los únicos que durante aquellos días de diciembre cargaron contra la política económica interna del secretario general, pero sí fueron los únicos que lo hicieron en público. Miembros de su propia Ejecutiva, sobre todo de la Agrupación de Santander, le afearon haberse enterado por El Diario Montañés de que una empresa se había interesado en comprar la histórica sede de Bonifaz para construir un hotel.

Zuloaga nunca negó su intención de vender el inmueble, pero siempre lo achacó a la necesidad de mejorar las finanzas del partido, ya que, según su versión, se encontraron una deuda de medio millón de euros cuando ganaron el Congreso. Para los tres militantes amenazados con la expulsión, la venta de la sede solo responde a «un capricho infantil y a una mala gestión de las cuentas por parte de la nueva dirección».

Ursuguía, Oyarbide y Domingo fueron llamados a declarar el pasado 7 de enero como parte del proceso de su expediente, pero ninguno de los tres respondió a las preguntas que les formuló el instructor. Abajo, en la calle, exaltos cargos del partido, entre ellos Lola Gorostiaga, Ramón Ruiz y Tezanos, se concentraron para apoyarles.

El futuro que se abre ahora para estos militantes es incierto. Todo depende de lo que se decida en Madrid. Si la Ejecutiva Federal no toma en consideración la propuesta de Zuloaga, todo acabará ahí. Pero si confirma la expulsión, el caso puede llegar a los tribunales y repetirse un caso similar al que se vivió en 2002 en Sestao. El comité local del PSOE en aquella localidad decidió pactar con el PP para gobernar en el Ayuntamiento, y Madrid decidió suspender de militancia a sus 18 miembros. Todos ellos recurrieron ante los tribunales ordinarios la decisión y el Juzgado les dio la razón y ordenó su reincorporación al partido.

En Bonifaz hay quienes ven «muy grave» el comportamiento de estos tres militantes, pero también otros que lo consideran algo puntual y se preguntan si, entonces, no habría que expedientar al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cada vez que aparece en los medios de comunicación discrepando de las decisiones de Pedro Sánchez.

Acabe o no en los tribunales, el máximo castigo decidido por Zuloaga tensará, aún más, las malas relaciones que mantiene con un sector importante del Comité Regional. Dentro de solo un año, el PSOE cántabro celebrará un Congreso para ratificar a su secretario general o para elegir una alternativa. Todavía no hay movimientos contundentes de posibles aspirantes, pero sí un rumor creciente de que Zuloaga ha perdido apoyos incluso entre su círculo de dirección.

El 'sector UGT' que le llevó en volandas para derrotar a Tezanos ha enfriado su relación con él; Casares controla Santander como una isla independiente; y a algunos alcaldes de su cuerda no les ha hecho gracia la inestabilidad que provocó durante una semana su amenaza de romper el pacto con el PRC, del que dependen un buen puñado de ayuntamientos.