Escalante deberá justificar ante Urbanismo que Las Torres esté incluido en su plan general

Escalante deberá justifica de manera "mas sólida" ante la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu) la razón por la que mantiene el edicio de Las Torres, que tiene una sentencia de derribo, en su Plan General de Ordenación Urbana

Este inmueble fue denunciado por la Asociación de Vecinos Villa de Escalante en 1990 por exceder en su volumetría. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declaró en 1992 la nulidad de la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento en 1989, justo el año en el que se concedieron también las primeras licencias de ocupación. La decisión judicial fue recurrida por el Ayuntamiento ante el Supremo, que en 1999 corroboró el fallo y rechazó la nulidad de las sentencias de demolición.Los propietarios compraron las viviendas sin saber que existía sobre el edificio una orden de derribo

Durante la reunión de hoy la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CROTU) ha acordado hoy devolver a Escalante la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana para que amplie la justificación concerniente a Las Torres. Estaba previsto que el PGOU de Esclaante hubiera sido aprobado hoy.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, que ha presidido la reunión, ha explicado que el plan de urbanismo se devuelve al Ayuntamiento para que justifique su decisión de mantener esta edificación y también para que introduzca "algunas rectificaciones y aclaraciones" sobre otras parcelas y aspectos del PGOU. "Este PGOU tiene que cumplir estrictamente la legalidad y por la tanto lo que se le pide es una mayor justificación", ha incidido.

Preguntada si el edificio será finalmente legalizado, ha explicado que si se ajusta a la legalidad, que es por lo que vela la Crotu, "previsiblemente se puede legalizar", una vez que el Ayuntamiento devuelva el plan y sea analizado "detalladamente" por la comisión.

Díaz Tezanos ha subrayado que el Gobierno va a analizar los planeamientos, dentro de sus márgenes competenciales, "con una perspectiva política de utilización racional del suelo, conforme a modelos de sostenibilidad, de lógica territorial y apartándose de lo que algunos entendían como urbanismo a la carta", ha apostillado.

En el caso de que este edificio no llegara a legalizarse, el Ayuntamiento de Escalante firmó un acuerdo con el anterior Gobierno regional (PP) mediante el que ambas administraciones asumirían el 50% la responsabilidad patrimonial derivada del derribo del edificio. El convenio contemplaba que el Ejecutivo regional adelantaría la cuantía total de la indemnización que fijen los órganos judiciales en su momento (bien con otra casa o bien económicamente), y que el ayuntamiento escalantino tendría «un límite prorrogable de 25 años» para devolverle su parte.

Las sentencias de derribo

La consejera ha insistido en que el Ejecutivo tiene "tiene tres compromisos muy claros" sobre las sentencias que llevan aparejados derribos: respetar y cumplir las decisiones de los tribunales, colaborar en la revisión de los planeamientos, porque tienen que adaptarse a la Ley del Suelo y al Plan de Ordenación del Litoral (POL), que fueron aprobados hace 14 y 11 años respectivamente y, por último, "velar siempre por la legalidad y el interés general".

"Si dentro de la revisión de un PGOU, se legalizan edificaciones bienvenidas sean pero el objetivo no es legalizar. Los planeamientos hay que revisarlos para adaptarlos a la nueva realidad económica y social de Cantabria, a la Ley del Suelo y al POL", ha subrayado.

Otros asuntos

La Crotu ha dado luz verde también a la actualización del POL en función de las especificaciones del plan general de Polanco, que está próximo a su aprobación definitiva. La consejera ha explicado que de esta forma se actualiza la zonficación del POL y que posteriormente tendrá que ser el Consejo de Gobierno el que definitivamente ratifique el informe.

Además se ha aprobado una modificación puntual del PGOU de Santoña que permitirá actividades de comercio minorista en una zona del polígono industrial.

Y también el informe de impacto territorial previo a la aprobación inicial del PGOU de Argoños, que es el que comprueba su adecuación e integración al modelo territorial recogido en el POL.

La Crotu ha dado asimismo luz verde al catálogo de edificaciones en suelo rústico del Ayuntamiento de Villafufre, que incluye 187.

Díaz Tezanos ha recordado que el Gobierno va a trabajar en una nueva Ley del Suelo durante esta legislatura, que se irá adaptando a los planes pero que, según ha apuntado, "no tiene nada que ver con la revisión que los ayuntamientos están haciendo en estos momentos".