Muskiz rechaza el deslinde con Castro y afirma que "se incumple la sentencia"

Los técnicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) colocaron ayer los mojones de deslinde entre Castro Urdiales y el municipio vizcaíno de Muskiz -en cumplimiento de la orden ministerial y de la sentencia de la Audiencia Nacional de 2012, ratificada por el Tribunal Supremo en 2013- a pesar de las discrepancias de los representantes vascos, que llegaron a decir que se estaba «incumpliendo dicha sentencia».

Aun así, se procedió a la colocación de los hitos defendidos durante varios años por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Castro Urdiales, que establecen que el pueblo de Ontón pertenece a Cantabria, lo que ha sido objeto de objeciones técnicas y jurídicas por parte de las instituciones vascas.

La ejecución de la sentencia se prolongó más de la cuenta (seis horas aproximadamente) como consecuencia de las continuas discrepancias manifestadas por parte de los representantes del Ayuntamiento de Muskiz en cada uno de los siete mojones que delimitan ambas comunidades -cuatro de ellos se colocaron ayer porque los otros tres ya estaban fijados-.

La jornada comenzó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, donde se constituyó la comisión de deslinde y los técnicos del Instituto Geográfico Nacional ofrecieron una explicación sobre dónde se iban a colocar los cuatro mojones según se establecía en la sentencia de la Audiencia Nacional. En el acto estuvieron presentes, en representación de Cantabria, el director general de Administración Local, Pedro García Carmona, que estuvo arropado por técnicos del Ejecutivo regional; el alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz Munío y el alcalde pedáneo de Ontón, Javier Gil. De su lado, la comitiva vasca estuvo integrada por el alcalde de Muskiz, Borja Liaño, y sus asesores técnicos, así como representantes de la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco.

Durante la constitución de la comisión de deslinde, los representantes vascos manifestaron su interés en visitar los tres mojones que ya estaban colocados, además de presenciar la ubicación del resto. Asimismo, adelantaron su disconformidad con la decisión de fijar ciertos hitos en el lugar que, en su opinión, no correspondía.

El primer mojón, el de La Peña Rigada se colocó cerca del pico Mello. En ese lugar comenzaron las primeras discrepancias, que se trasladarían al resto de hitos. «Las coordenadas no coinciden. La sentencia se está incumpliendo», señalaron los representantes vascos con la intención de mostrar a la comitiva otro mojón ubicado a unos metros, «que es el que delimita ambos municipios».

Ante esta afirmación, un representante del IGN dejó claro, en diversas ocasiones, que «no se puede contravenir las coordenadas de la ordena ministerial que se recoge en la sentencia de la Audiencia».

El problema es que los representantes vascos defienden que «el fondo de la base de dicha sentencia se basa en el replanteo del 1739, que no se está haciendo, frente al acta de 1925 que es el que se ha materializado con las coordenadas».

"No cabe discusión"

Frente a las tesis de las instituciones vascas, el director general de Administración Local, Pedro García Carmona, coincidió con los técnicos del IGN en que el acto consistía en la ejecución de una sentencia y «no cabe discusión alguna». «Estamos ante hechos ya juzgados y las apreciaciones están fuera de lugar». García Carmona dijo que la colocación de los mojones supone una «seguridad jurídica» y «pasar página a algo que más que desunir tiene que unir territorios». «Ahora hay que construir en común», deseó.