La Audiencia sigue con el procesamiento de Muguruza y Díaz Helguera por el caso Proconor

La Audiencia de Cantabria ha acordado continuar con el procesamiento de ocho de los investigados por prevaricación en el desarrollo urbanístico que dio lugar a la construcción de las 51 viviendas de Proconor en Castro Urdiales, entre ellos los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza.

El tribunal considera que existen indicios de delito en la actuación de los dos exalcaldes; los concejales Jaime Díez Muro, Fidel Uriarte Macho, Paulino Lavín y Guzman Miranda; el secretario municipal, y una técnico. Al mismo tiempo, archiva la causa abierta contra un arquitecto y un notario.

En un auto hecho público este jueves, la sala se pronuncia sobre los recursos presentados por estos nueve procesados contra un auto dictado en 2012 por el juez de instrucción Luis Acayro Sánchez por el que ordenó continuar con las diligencias previas, por el trámite de procedimiento abreviado.

La causa, en la que están procesadas una veintena de personas, es una pieza separada de la investigación abierta por el juzgado de instrucción por delitos de corrupción urbanística en Castro Urdiales.

Se investiga en este caso el desarrollo urbanístico de una unidad de ejecución, una tramitación que tuvo como resultado la apertura de un vial general no previsto en el planeamiento -la calle Cantabria- sobre una parcela destinada a equipamiento público, sin compensación para el Ayuntamiento, que perdió más de 400.000 euros, además de la concesión de una licencia de obras de 51 viviendas que acabaron de construirse en 2010.

Además, se informó favorablemente otra licencia de obras para otras 25 viviendas, aunque finalmente no llegó a ser concedida.

La Audiencia de Cantabria considera que en el desarrollo de esta unidad de ejecución se modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) mediante resoluciones de los alcaldes, de las comisiones de urbanismo y de los plenos, que adoptaron resoluciones en contra de los informes técnicos de los funcionarios y los informes vinculantes de la Comisión Región de Urbanismo.

"Con el eufemismo sistema viario interior se pretendió modificar el PGOU para hacer una nueva calle donde en el plan no había -lo que había era suelo para equipamiento", señala el tribunal.

La Audiencia ve indicios de delito de prevaricación en la actuación de ocho de los procesados, seis de ellos por sus decisiones a favor del desarrollo urbanístico como miembros de la corporación municipal y dos por su actuación como técnicos, como colaboradores necesarios, porque apoyaron las modificaciones con sus informes.

Se trata de la persona que ocupó el puesto de secretario del Ayuntamiento durante la mayor parte del tiempo en el que se tramitó el expediente y de una técnico municipal que, según el tribunal, pasó de informar negativamente a hacerlo positivamente, contradiciendo sus propios informes, "un giro de 180 grados" que "llama la atención" y que es, precisamente, "lo más sospechoso".

La Audiencia acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por Acayro contra un arquitecto y un notario.

Y explica que el arquitecto informó la licencia de viviendas que finalmente no fue concedida limitándose a los aspectos puramente técnicos, sin conocer las "incidencias del expediente".

El notario, que no ha sido acusado por la Fiscalía y tampoco por la acusación particular, firmó un acto en el que los propietarios de los terrenos, los promotores y el equipo de gobierno mostraban su disconformidad con el desarrollo del estudio de detalle, pero no intervino en el expediente.