El Ayuntamiento buscará "medidas transitorias" tras la anulación del PGOU de Laredo

Este martes, el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, también se manifestó en este mismo sentido, además de criticar la actuación del anterior gobierno del PP. "Utilizar la ley de acompañamiento a los Presupuestos para facilitar una solución transitoria a la anulación del Plan General no es lo más aconsejable. Es más seguro jurídicamente hablando introducir las modificaciones necesarias a través de un cuerpo legislativo completo como es la Ley del Suelo", señalaba, después de lanzarle una puya al anterior gobierno del PP que "fue demasiado deprisa a la hora de aprobar los planes urbanísticos, creó inseguridad jurídica y ahora se ven los resultados".

Por su parte, la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de Laredo se ha reunido este miércoles tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anula en su totalidad el PGOU aprobado en 2015, por lo que se retrotrae la situación urbanística al anterior planeamiento de 1987.

Tanto el equipo de Gobierno del PSOE como el resto de los grupos municipales de la oposición han lamentado esta decisión judicial que supone "un varapalo importante" después de 15 años de tramitación y "cientos de miles de euros" invertidos, al tiempo que fulmina el desarrollo industrial del municipio.

Respecto a la posible presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la concejala de Obras ha apuntado que se trata de una solución que "hay que meditar" en base a las posibilidades de éxito y al "riesgo" de tener "el suelo parado 4 años" hasta conocer la resolución final.

Para la portavoz municipal de Sí Se Puede Laredo, Carmen García Quijada, quien debe "postularse" ante una posible reclamación judicial es el "principal causante" de esta situación que es, en su opinión, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Una afirmación que también comparte el portavoz municipal de IU, Alejandro Abad, quien espera que los pasos que se tomen se hagan con la "mayor celeridad" posible.

Y es que el planeamiento urbanístico incluía un plan parcial para más de 533.000 metros cuadrados de suelo industrial para atraer empresas y generar empleo.

Director general de Urbanismo

"No se puede legislar a la carta ni de manera precipitada, las prisas son malas consejeras", sentencia el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, tras conocer la anulación del Plan General de Laredo, tan solo un mes después de los tribunales tumbaran el de Santander.

El responsable de Urbanismo mira hacia atrás para responsabilizar al Gobierno del PP de ambos fiascos urbanísticos. De aquellos polvos, estos lodos, viene a decir. "El PP fue demasiado deprisa a la hora de aprobar los planes urbanísticos y creó inseguridad jurídica. Ahora estamos viendo los resultados", dice. Y lo que no quiere es seguir por esa senda. Por eso considera que utilizar la ley de acompañamiento a los Presupuestos para facilitar una solución transitoria a la anulación del Plan General de Santander, como pide la alcaldesa Gema Igual, o al de Laredo ahora, "no es lo más aconsejable porque sería fácilmente recurrible y generaría inseguridad jurídica".

El alto cargo sostiene que "es más seguro jurídicamente hablando" introducir las modificaciones necesarias a través de un "cuerpo legislativo completo como es la Ley del Suelo". El Gobierno todavía no ha tomado una posición al respecto, pero González Buendía descuelga que lo que se va a perseguir es la seguridad jurídica, que a su juicio sólo se garantiza mediante la modificación de la Ley del Suelo.

El Ejecutivo tomará la decisión definitiva esta semana, aunque todo parece indicar que no se habilitará un nuevo instrumento de ordenación a través de su ley de medidas fiscales y administrativas ley de acompañamiento al Presupuesto para evitar la paralización de los ayuntamientos con sus ordenamientos urbanísticos anulados. Preguntado por el caso de la Xunta, que sí ha utilizado esta herramienta para dar una salida a ayuntamientos como Vigo o Orese, González mantiene que son casos distintos porque "Galicia aprobó la Ley del Suelo muy recientemente".