El 'caso Santa Catalina', próximo pleito de Castro que pasará por los juzgados

Los tribunales cántabros mantienen abiertos en este momento media docena de casos que afectan a antiguos responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, dos de los cuales ya han sido juzgados y están a la espera de que se emita una sentencia, y un tercero está pendiente de señalar la fecha de juicio.

A la espera de las sentencias del caso Mioño' el de la presunta adjudicación irregular de los trabajos de acondicionamiento del túnel de Mioño y el mercado municipal de Castro y del 'caso Trapur' el de la presunta adjudicación irregular de los trabajos de desratización en Castro, el próximo pleito que verán los tribunales es el caso Santa Catalina que afecta a las Unidades de Ejecución 1.34 y 1.33 (ubicadas entre el colegio Arturo Dúo y el polideportivo Pachi Torre). Este asunto ya está en manos del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander que está «resolviendo unas cuestiones previas de tipo procesal que son determinantes para fijar el señalamiento», según señalaron a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El magistrado Luis Acayro Sánchez, instructor en su momento de este caso, imputó a 19 personas, entre exconcejales y técnicos municipales, a los que reclamó una fianza de 1,3 millones de euros como presuntos responsables de la pérdida de equipamiento público en la zona situada entre el polideportivo Pachi Torre y el colegio Arturo Dúo.

Un informe pericial determinó en un primer momento que el Ayuntamiento de Castro había perdido 1.957 metros cuadrados, lo que se traducía en 1.327.922 euros, cantidad que pidió como fianza el magistrado a los 19 encausados. Tuvieron que responder a partes iguales, el exalcalde Fernando Muguruza; los exconcejales Pedro Olano, Teresa Pérez Barreda, María Ángeles Blanquet, Concepción Carranza, José Miguel Rodríguez 'KyK', Joaquín Antuñano, Pilar Villanueva, Javier Zurbano, Paulino Lavín, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Juan Tomás Molinero, Santiago Vélez, Rufino Díaz Helguera, y el exsecretario municipal, César Sáiz. Por otro lado, hay tres funcionarios municipales que tuvieron que afianzar la décima parte del valor total de los equipamientos perdidos.

Los que se libraron de este caso fueron los constructores de la zona, ya que la Audiencia Provincial revocó un auto del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro, señalando que no había existido estafa a los compradores al ser las viviendas legales. Asimismo, la Sala desbloqueó la paralización de las obras de 150 viviendas en la zona, que corrían a cargo de la promotora Castrum Varduliex, al determinar que la única irregularidad detectada era la invasión de espacios reservados a equipamientos públicos, en concreto, 416 metros cuadros.

Hace dos años, el anterior equipo de gobierno castreño (PP-PRC-Anexión a Vizcaya) aprobó una modificación del estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 1.34, que permitió al Ayuntamiento conceder licencia de primera ocupación a varias viviendas de la zona y recuperar los 416 metros cuadrados.

Otros casos

La siguiente causa que está más cerca de juzgarse y la más importante de todas las que hay abiertas en Castro es la que afecta a La Loma, donde hay 46 acusados por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria. La Fiscalía solicita 196 años de cárcel para todos los encausados, a quienes imputa delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y estafa. Tras la apertura del juicio oral, el Juzgado de Castro está a la espera de recibir los escritos de defensa para poder remitir el caso a la Audiencia.