El alcalde de Noja pide a Díaz que dimita por la "gravedad" de las imputaciones

En Noja, los alcaldes se desafían en los tribunales. El último episodio ha sido la decisión de la Audiencia de Cantabria de confirmar la situación de investigado (antes imputado) de Jesús Díaz, el concejal del PP que durante más de 20 años permaneció al frente del consistorio.

El actual alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha salido ya al paso de la resolución judicial para pedir la "dimisión" de su rival político "dada la gravedad de las imputaciones". Pero el regionalista tampoco está limpio de polémica judicialmente hablando. Ha reclamado al Ayuntamiento que preside 19 millones de euros por los daños y perjuicios causados a su empresa en la legislatura anterior. Por eso, la portavoz popular, Joana García, sostiene que las denuncias que han llevado a Díaz ante los tribunales son una "treta", una "cortina de humo" de Ruiz Lavín para "esconder el verdadero problema que tiene el Ayuntamiento, que son los 19 millones de euros que reclama". Mientras, Díaz calla. Este periódico intentó a lo largo del día ponerse en contacto con él pero no fue posible.

A Díaz le puso ante la Justicia el PRC en 2014, cuando los concejales de este grupo municipal le acusaron de numerosas irregularidades cometidas por el entonces equipo de Gobierno, entre ellas el pago de "más de 200 facturas de pagos a proveedores sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto". Varios episodios procesales (ampliación y nuevas denuncias) y algún error judicial (como citar a Díaz como imputado después de haber emitido un informe como alcalde sobre los hechos por los que fue denunciado) evitaron que el exalcalde declarara como investigado ante el juez. Pero ahora la Audiencia ha dado vía libre a la diligencia y Díaz tendrá que dar explicaciones sobre esas acusaciones como investigado.

Ruiz Lavín aprovecha la ocasión para recordar que durante los últimos años de gobierno de Díaz (periodo 2009/2014) los regionalistas cifraron en más seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición, además de la "existencia de duplicidad de facturas". Según sostiene, cuando el PRC asumió el gobierno en 2015 "nos encontramos con contratos que eran nulos porque carecían de los preceptivos informes de intervención y secretario municipal. No había procedimiento de contratación alguno y se adjudicaron a dedo". El asunto está en fase de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santoña, que todavía no ha hablado sobre el alcance penal de las denuncias regionalistas.

Asuntos pendientes

Con todo, no es este el único asunto que el concejal popular tiene pendiente con la justicia. Díaz está siendo investigado en la querella presentada contra él por el propio Miguel Ángel Ruiz Lavín, que le acusa de haber provocado "de forma deliberada" la quiebra de la empresa familiar, Nocanor Promociones S.L., al maniobrar con todo tipo de argucias para impedir que construyera en la villa una promoción de 184 viviendas. La familia Ruiz Lavín le responsabilizó de la ruina económica de la sociedad familiar por retrasar "de manera arbitraria e injustificada" los permisos municipales para ejecutar el proyecto urbanístico. La investigación de este caso, que data de 2015, está prácticamente concluida. Sólo queda que el juez decida si da carpetazo al asunto o lo transforma en procedimiento abreviado para que sea enjuiciado por un tribunal.

Pero no menos incómoda es la postura del actual alcalde, látigo de Díaz en los tribunales, al reclamar al Ayuntamiento que preside una indemnización millonaria que, de acordarse, arruinaría al municipio. Los Ruiz Lavín exigen al Ayuntamiento un total de 19 millones de euros por el quebranto económico causado por las supuestas dilaciones indebidas en la concesión de la licencia. Una primera reclamación de 12,9 millones ha sido archivada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 por estar fuera de plazo. Ruiz Lavín dijo ayer que "no se va a recurrir". Pero hay otra demanda, en la que exige el pago de cinco millones, sobre la que todavía no hay pronunciamiento judicial.

Por eso, la portavoz popular mantiene que "las denuncias contra Díaz no son más que una cortina de humo del alcalde para desviar la atención sobre el verdadero problema que tiene el ayuntamiento que no es otro que el litigio del propio alcalde, que reclama un pago millonario". Joana García reprocha a Ruiz Lavín que pretenda cobrar de las arcas municipales "cinco millones por lucro cesante por la no construcción de cinco bloques de viviendas". Y advierte de que "el PP no lo va a consentir. Vamos a estar muy pendientes para que no lo consiga".