Los tribunales decidirán cuánto pagará el Gobierno por el Puerto de Laredo a Ascán y FCC

Fue en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 6 de abril cuando se decidió no aceptar las condiciones reclamadas por las dos compañías y por la UTE que formaron para gestionar el puerto, bautizada como Marina de Laredo. La concesionaria, en liquidación y en manos de los administradores concursales, considera insuficiente el dinero y reclama en total 33,7 millones de euros en concepto de "responsabilidad patrimonial de la Administración".

El Ejecutivo y la sociedad liquidada se enfrentarán ahora para intentar sacar el mayor rédito posible en los juzgados. La Consejería de Obras Públicas ha discutido partida por partida la cantidad reclamada por Marina de Laredo, que quiere sacar por esta vía lo que le negaron los tribunales en otros procesos. La liquidación de la sociedad, una vez frustrado el negocio, permitirá a FCC y Ascán hacer caja, ya que ambos grupos empresariales son, a su vez, los principales acreedores de la concesionaria como constructores de la infraestructura. Parte del pago servirá para pagar a los acreedores, entre los que además de las dos empresas constructoras se encuentran la Agencia Tributaria, Fogasa y la Seguridad Social.

"Daños y perjuicios"

Las discrepancias calificadas en algunos casos de "errores de bulto" por el administrador concursal se sustentan sobre cinco ejes: los costes de ejecución de la obra, el beneficio industrial, otras inversiones, los descuentos por aportaciones, las amortizaciones y los intereses de demora. Un pulso en el que el bipartito desestima las alegaciones presentadas por la concesionaria y apuntala su objetivo de conseguir el rescate portuario al mínimo coste.

Para empezar, los servicios jurídicos de Obras Públicas descartan cualquier pago de "daños y perjuicios o por lucro cesante" porque "el rescate se debe a una causa no imputable a la Administración, por lo que no existe responsabilidad patrimonial". A partir de ahí, todo son posturas enfrentadas. Según Marina de Laredo, el expediente supone un decremento del presupuesto real de ejecución material de la obra de 2,2 millones de euros y argumenta que "el importe que procede abonar por la Administración es muy superior".

La principal diferencia en los cálculos es que la UTE incluye gastos de capitalización por valor de 11 millones de euros financieros, contractuales, concesionales e intereses que Obras Públicas ni siquiera contempla al achacarlo a algo propio del desarrollo del proyecto.

Además discrepan por la exclusión de la liquidación de los gastos derivados del 6% de beneficio industrial. En el Ejecutivo creen que siendo adjudicataria y concesionaria el mismo grupo empresarial no se pueden cargar gastos por ambos sujetos, que sólo se debe abonar ese dinero "una sola vez y limitado al 13% del valor de la ejecución material de la obra" y no al 19% como reclama la UTE.

Dinero de la construcción

Al margen de todo este proceso, Cantabria adeuda aún 13,5 millones por construir el Puerto de Laredo, cuyos pagos se harán anualmente hasta 2019. En este periodo tiene que devolver no sólo el crédito que solicitó al BBVA para abonar la factura a Ascán, sino todos los intereses devengados. Cada anualidad pendiente le sale a 3,3 millones, merced a un último pago que tiene por la construcción de la lonja, la fábrica de hielo y la urbanización para el funcionamiento de las mismas, que asciende a 622.592 euros.

La deuda significa un dineral no ya sólo por su volumen, sino porque no tendrá ningún propósito inmediato. Servirá para devolver el préstamo suscrito para sufragar la edificación de un puerto que no acaba de navegar a la velocidad de crucero que espera la Administración.