Castro hace un último intento para salvar el servicio de autobús urbano

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha hecho un último intento para mantener el servicio del Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (CastroBús). Es decir, ha licitado por segunda vez el contrato provisional para la gestión y explotación del servicio desde de que quedara desierta la última convocatoria de carácter urgente por una cláusula sobre la antigüedad de los autobuses. Y es que la única empresa que se presentó a dicha licitación, ALSA (la que presta ahora el servicio), no cumplía con los requisitos exigidos en el pliego.

El objetivo del Consistorio castreño es mantener en funcionamiento el servicio ante el inminente vencimiento de la prórroga actual mientras se tramita la adjudicación definitiva del contrato, previsto para 10 años.

Por ello, el anuncio publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria señala que el concurso es carácter abierto y tramitación urgente, con posibilidad de que se prorrogue el servicio por otro año más. Respecto a la anterior convocatoria urgente se elimina, además, el requisito de antigüedad de flota y otras condiciones técnicas para facilitar la adjudicación.

La aportación municipal para la oferta se estima en 497.729 euros al año y teniendo en cuenta que el plazo de duración del servicio es de 1 año, prorrogable por una segunda anualidad, el valor estimado asciende a 995.458 euros.

La compensación municipal para satisfacer el previsible déficit generado por la estructura de servicio y tarificación se calculará en función de los kilómetros de servicio y el precio por kilómetro incluido por el adjudicatario en su oferta económica. Por ello, en los criterios de adjudicación se tendrán en cuenta, en un primer término, el menor coste del servicio por kilómetro, seguido de las mejoras al proyecto de la concesión. Las empresas interesadas en concurrir disponen hasta el próximo 4 de mayo para presentar sus ofertas en el registro general del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Origen del problema

El problema surgido con el servicio del Castrobús se remonta al año pasado. En el mes de mayo, el Ayuntamiento castreño sacó a concurso el transporte urbano durante los próximos diez años con la intención de que entrará en funcionamiento a partir de septiembre, mes en el que finalizaba la prórroga que tenía concedida la actual adjudicataria ALSA.

Pocos después, los portavoces del Partido Popular y MásCastro-Anexión a Vizcaya, Ana Urrestarazu y Demetrio García, respectivamente, presentaron un recurso de reposición contra la aprobación en pleno del pliego de condiciones para la contratación del servicio, impugnando expresamente el pliego de prescripciones técnicas al considerar que el servicio a demanda que incluía el nuevo contrato «vulnera la legislación vigente».

En agosto de 2016, la mesa de contratación del Ayuntamiento emitió un informe respecto al concurso, que concluía que la oferta «más ventajosa, económica y técnicamente, es la de la empresa ALSA». El problema fue que para que se llevara a cabo esa adjudicación debe estar resuelto el recurso de reposición que presentaron el PP y MásCastro-AAV.. Finalmente, estos dos partidos retiraron su recurso, pero eso no impidió que tuviera que realizarse una nueva prórroga al no haberse podido adjudicar el nuevo servicio a tiempo.

Cuando parecía que ya había vía libre para la firma del nuevo contrato con ALSA, un recurso presentado por la empresa Autobuses Cuadra paralizó dicho acuerdo. Al final, el procedimiento de contratación de este servicio fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en noviembre. En ese mismo momento, el Ayuntamiento empezó a trabajar en un nuevo pliego para licitar el servicio otra vez, pero cuando ya estaba lista para su aprobación en pleno, todo quedó suspendido por la entrada en vigor de una nueva Ley de Contratos del Sector Público, que afecta al pliego y ha obligado a sacar un contrato urgente por un año hasta rectificar el otro.