Libreros y editores cántabros critican la ley de contratos públicos de adquisición de libros

En lo que respecta a la ley de contratos y licitaciones públicas, tanto Libreros Asociados de Cantabria (LAC) como el Gremio de Editores de la región denuncian que la aplicación de esta norma ha supuesto que en la compra de libros para aumentar y actualizar los fondos de las bibliotecas públicas de la región, un nicho tradicionalmente gestionado por las librerías locales, éstas hayan perdido actualmente la opción de optar a los mismos. La causa de este cambio, que amenaza la viabilidad de muchos de esos negocios, que en Cantabria son habitualmente de pequeño tamaño, se debe a que dichos contratos, a los que pueden optar librerías tanto de Cantabria como de otras comunidades, se resuelven atendiendo primeramente al precio ofertado, en el que suelen coincidir todas dada la fuerte regulación tanto del precio de los libros como de los posibles descuentos -de hasta el 15% en caso de las bibliotecas y que se tiende a realizar por defecto. Dada esa igualdad de ofertas, los criterios para definir la adjudicación pasan a ser el número de empleados, el porcentaje de contratación de trabajadores con discapacidad y de mujeres en plantilla. Y es precisamente de esos factores de lo que surge la discriminación que no les permite tener ninguna posibilidad para hacerse con esos contratos, porque compiten contra grandes empresas del sector a nivel nacional que les superan siempre en esas cifras.

El presidente de Libreros Asociados de Cantabria, Luis Lisaso, afirma que «con el sistema anterior la elección de las librerías donde se abastecían las bibliotecas públicas se definía por criterios de proximidad, y en igualdad de condiciones se compraba en la más cercana, la del pueblo o entre las de la ciudad donde están las bibliotecas». En el nuevo contexto, denuncia, «hay una distribuidoras grandes a nivel nacional que se han especializado en este mercado o que incluso se han creado ex profeso para ello y se lo llevan todo, sin que nosotros veamos nada».

En la misma línea se expresa Jesús Herrán, presidente del Gremio de Editores de Cantabria, quien señala que «el hecho de que puntúen factores como el número de empleados o de tener empleados discapacitados echa para atrás las posibilidades de muchas empresas de Cantabria». En su caso critica que «como editores en este marco perdemos, porque una distribuidora catalana, madrileña o valenciana no va a tener nuestro fondo». Una circunstancia que se traduce en que «las bibliotecas de Cantabria y por ende sus lectores dejan de tener acceso a toda la oferta local».

Tanto Lisaso como Herrán reconocen que han planteado la problemática a la Consejería de Cultura y que sus reclamaciones han sido bien recibidas, pero albergan dudas de que la situación pueda resolverse a corto o medio plazo dado el carácter nacional de la norma, marco que restringe la capacidad de maniobra de las administraciones regionales.

Por su parte, Paz Gil, responsable de la Librería Gil, señala que una de las posibles soluciones, más allá de las ayudas puntuales que pueda recibir el sector, radica en que «las librerías dispusieran en general de un filtro propio como el Sello de Calidad», con el objetivo de que «permitiese plantear a las bibliotecas que las compras se hicieran solo a los establecimientos con ese sello en Cantabria, como una garantía tanto para el centro como sobre todo para los lectores». En su opinión, «es fundamental que se respete la cadena del libro al completo por el bien de todos».