Memoria y testimonio se aúnan en el filme 'Reinosa 1987, Geografía de la crisis'

El documental, con cerca de una hora de metraje, de ritmo ágil, recorre los hechos a través de los testimonios de muchos de sus principales protagonistas y analiza «los factores económicos, sociales y psicológicos desde el enfoque que manifiestan especialistas en las distintas áreas, buscando una visión amplia que sirva para entender los acontecimientos y dar luz a una memoria que, en muchos casos, sigue produciendo dolor dentro de la población campurriana».

Recoge, entre otras, las voces de Javier Farto, integrante de la Asamblea Ciudadana de Reinosa; Angelines Ruiz, miembro de Asamblea de Mujeres de Reinosa; Eduardo Guardiola, párroco de Reinosa y profesor en la Escuela de Aprendices; Juan Jiménez, miembro del Comité de empresa de Forjas y Aceros; Felipe Vélez, miembro del Comité de empresa La Farga Casanova; Pedro Jesús García, integrante del Comité de empresa Cenemesa; Fernando Fuente, presidente del Comité de empresa de Forjas y Aceros; Javier D' Ysart, corresponsal entonces de El Diario Montañés y trabajador de Cenemesa; Marcos Fernández, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Cantabria; y Andrés de las Alas-Pumariño, sociólogo y autor de 'Conflictividad laboral y reestructuración productiva: El 'caso de Reinosa'.

Con un año de retraso debido al pandemia y con la colaboración del Ayuntamiento de Reinosa, se estrena ahora el filme. En 2016, próximo al 30 aniversario de los sucesos y dentro de su actividad por rescatar acontecimientos históricos de nuestra región, Desmemoriados iniciaba un trabajo recopilatorio de información y entrevistas sobre los acontecimientos descritos. Al año siguiente se incorpora al proyecto la Asociación Miradas Sociales de Cantabria con el fin de plasmar toda la idea en un documental dirigido por Vicente Vega Cobo y producido por ambas asociaciones. El covid se cruza en el proyecto y obliga a variar los planes.

Las raíces de los hechos vividos en Reinosa se presentan dentro de un contexto que tiene su origen en la denominada crisis del petróleo en 1973 la cual provoca un cambio de modelo económico que repercute en las empresas. Ese cambio comienza a ocurrir en el momento que nuestro país se encuentra en plena transición política de la dictadura a la democracia «y se posponen las medidas económicas de urgencia». Reinosa y su comarca fue uno de los focos donde el impacto de la reconversión industrial se reflejó con intensidad en empresas como Cenemesa o Forjas y Aceros y las respuestas de sus trabajadores, junto con toda la población de Reinosa, «fueron noticia nacional e internacional».

Los acontecimientos se precipitan el 11 de marzo de ese año cuando los trabajadores de Forjas y Aceros retienen, en las instalaciones de la fábrica, a su director, Enrique Antolín, después de presentar un expediente de despido para 460 trabajadores y ser nombrado Consejero de Industria del Gobierno Vasco. El día 12 un equipo especial de la Guardia Civil interviene para rescatar al retenido mientras se producen graves enfrentamientos entre los trabajadores, junto a vecinos de Reinosa, frente a los guardias civiles que daban apoyo al rescate. Las calles de Reinosa se convierten en una auténtica batalla campal y el acontecimiento abre la portada de los principales diarios. La imagen de un grupo de Guardias Civiles arrinconados en un callejón bajo una lluvia de piedras supuso para algunos sectores una humillación al cuerpo de seguridad y se comienza a criminalizar las reivindicaciones. Desde ese momento la tensión fue en aumento en las semanas posteriores, con la toma casi militar de Reinosa. La sensación de 'estado de sitio' se impone entre la población y la tensión se desborda el 16 de abril de 1987 cuando los antidisturbios efectúan una acción desproporcionada en calles y locales. El resultado de la trágica jornada: la muerte del trabajador Gonzalo Ruiz por efecto de la inhalación de los humos que generaron los botes lanzados dentro de un garaje de su propiedad, donde estaba refugiado. Además, de innumerables heridos de diversa consideración y más de 80 detenidos. La respuesta de la sociedad civil se plasmó en «la gestación de nuevas organizaciones como la Asamblea de Mujeres o la Asamblea Ciudadana que pusieron en marcha diversas acciones e iniciativas ante el Defensor del Pueblo o el Congreso de los Diputados».